Gobierno denuncia 'conflicto de intereses' en veeduría creada por el Consejo de Participación Ciudadana para vigilar concurso de frecuencias de radio

Desde el gobierno de Lenin Moreno se denunció que a través de una veeduría ciudadana "direccionada", creada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), se trataría de intervenir en el concurso público competitivo de frecuencias de radio, que lleva a cabo la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).

El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena en una rueda de prensa de este martes, denunció que la veeduría de siete personas que integró el CPCCS, está coordinada por un hombre llamado Héctor Velasco, quien había enviado una carta al exvicepresidente de la República, Jorge Glas, pidiéndole que en el anterior concurso público de frecuencias le "otorguen" el título habilitante de la frecuencia de la que es la actual Radio Democracia, cuyo directivo es Gonzalo Rosero.

"Lastimosamente el CPCCS ha convocado a una veeduría ciudadana, en las que cuatro personas no tienen el perfil técnico para ponerse a la altura de este proceso que ha sido trabajando en los últimos dos años. No estamos opuestos a una veeduría, pero sí a aquellas personas que no tienen el perfil técnico, y no estamos de acuerdo con una persona que en el 2016 mostró un conflicto de interés. El CPCCS debe ponerse a la altura. Alertamos de esta decisión para que se ponga a los mejores veedores, porque pensamos que está direccionada por una persona y no vamos a permitir que intereses ocultos que en años anteriores se vieron disfrazados" interfieran en el proceso, advirtió Michelena.

La organización de la sociedad civil, Fundamedios también hizo cuestionamientos a los integrantes de la veeduría, cuya conformación fue una propuesta del consejero del CPCCS, Juan Javier Dávalos, quien es afin al expresidente Rafael Correa.

En una rueda de prensa virtual, su directivo, César Ricaurte incluso mostró la supuesta carta que Velasco había enviado al exvicepresidente, en la que se observa que es presidente de la Asociación de Emprendedores Ecuatorianos (Asempec) y pide "apoyo con la obtención de la frecuencia de radio Democracia (EXA) que es de oposición al gobierno".

Se muestra confiado de que alcanzarían el puntaje para acceder a la frecuencia, pero comprendían la "coyuntura" política, por lo que incluso le piden a Glas que les apoye para enfrentar "los embates seguramente la oposición llevará a cabo una vez que se enteren de nuestra intención, si es posible que nos apoye a través de la Secom, la Arcotel, y el Cordicom", se observaba en el documento.

Pero Ricaurte habló de otros integrantes que trabajaron en el gobierno de Correa, que accedieron a contratos con el Estado. "Por qué estos veedores que responden a claros intereses políticos integran esta veeduría", se preguntó Ricaurte.

De acuerdo con el reglamento general para la conformación de veedurías, y que rige al CPCCS entre las prohibiciones consta "vincular la veeduría a intereses particulares o gremiales de partidos o movimientos políticos", entre otras más.

Ricaurte, quien también integra esta instancia, dijo que estaría dispuesto a dar un paso al costado, con el objetivo de que el Consejo de Participación conforme una veeduría independiente.

El 15 de mayo pasado, la Arcotel arrancó el proceso competitivo de asignación de 3196 frecuencias de radio FM, de las que 2212 son para medios privados y 984 para medios comunitarios, explicó Xavier Aguirre, director de Arcotel.

Michelena anunció que el 15 de septiembre se realizará el de concurso de frecuencias para televisión y en diciembre de frecuencias en AM. (I)