​El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) sufre una reestructuración interna con la destitución de Christian Cruz después del juicio político que tramitó la Asamblea Nacional, y tiene cinco temas pendientes que deben resolverse. ​

En el caso de la designación de autoridades -que es una de sus atribuciones- debe dar trámite a la designación del superintendente de Ordenamiento Territorial (SOT) sobre el que existe un informe de calificación de siete impugnaciones ciudadanas en contra de uno de los tres miembros de la terna remitida por el presidente Lenín Moreno.

El expresidente del Consejo, Christian Cruz, intentó por tres ocasiones someter a conocimiento el informe al pleno, pero no tuvo los votos o le faltó el quórum para instalar las sesiones, pues estaba en proceso el juicio político en su contra, a lo que se sumó que perdió el respaldo de los seis consejeros debido a las dudas y cuestionamientos por cómo obtuvo su carné con 81% de discapacidad auditiva y visual.

También debe convocarse a la designación del nuevo titular de la Defensoría Pública que está encargada a Ángel Torres Machuca. Este Consejo aprobó el reglamento de designación, pero no se ha llamado a integrar la veeduría ciudadana ni a las postulaciones.

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Tampoco se ha iniciado el trámite para la designación de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa) y del Consejo Intercultural y Plurinacional del Agua, que llevan varios años a la espera de la designación de sus representantes.

Sobre el Copisa, el CPCCS de transición intentó en el 2019 realizar el proceso de designación, pero terminó anticipadamente el concurso por falta de postulantes; mientras que del Consejo del Agua, pese a estar desde hace seis años publicada la Ley de Recursos Hídricos, no se ha convocado a la elección de sus miembros.

En otro tema, debe dar seguimiento al cumplimiento de la rendición de cuentas de la gestión del 2019 de más de 4.000 instituciones del Estado, cuyo plazo vence el 31 de octubre próximo.

Ayer, la consejera Sofía Almeida anunció que asumirá la presidencia del CPCCS, ya que venía desempeñándose como vicepresidenta. Y según el artículo 41 de la Ley que rige al organismo, en este caso, la vicepresidenta "reemplazará (al presidente) en caso de ausencia temporal, y de ser definitiva, hasta completar el periodo para el cual fue electo el titular".

No obstante, el pleno deberá elegir al nuevo vicepresidente, que será un hombre por alternabilidad.

También se integrará un nuevo rostro en lugar de Cruz. Se trata del abogado guayaquileño Hernán Ulloa, quien fue elegido suplente en el proceso electoral que se realizó en el 2019, y que ahora se principalizará en la consejería.

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Almeida dijo ayer que asumía el cargo con "humildad y responsabilidad" y que trabajará con los seis consejeros "hombro a hombro para impulsar el Consejo".

Reconoció que los "escándalos" alrededor de las autoridades del organismo, "han mermado a la institución".

Cruz fue el segundo presidente del Consejo en menos de dos años, tras la destitución de José Tuárez, también por un juicio político tramitado en la Asamblea Nacional.

Fue electo presidente el 20 de agosto de 2019, y un año tres meses después fue destituido por incumplimiento de funciones y falta de probidad, por las dudas alrededor de cómo obtuvo y para qué su carné de discapacidad.

Por la pandemia y la situación política que enfrentaba, se conoció que ya retiró sus pertenencias de la oficina de la Presidencia del Consejo. (I)