La Comisión de Desarrollo Económico recomendará al pleno de la Asamblea Nacional la eliminar del texto relacionado al cobro de un impuesto a la renta a la enajenación de inmuebles contemplado en el proyecto de ley urgente de eficiencia económica y generación de empleo.

El anuncio lo realizó la presidenta de la mesa legislativa, Valentina Centeno (ADN), quien además dijo que se reconsideró el tema de los plazos y se acordó que el informe para primer debate estaría listo para el viernes 8 de diciembre, porque los asambleístas miembros de la comisión coinciden en los conceptos macros de la ley como atraer inversión a través de zonas francas, las alianzas público privadas y el concepto de generar empleo a través de incentivos tributarios.

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La legisladora de gobierno explicó que lo más probable que el acápite sobre el impuesto a la renta a los proyectos inmobiliarios salga de la ley, pero que se mantendrá la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), a los materiales de la construcción, pues el espíritu de la propuesta es que el ciudadano de a pie que quieran invertir en materiales de construcción no tenga que pagar un IVA, con lo cual se fomentará la construcción y además la infraestructura en vivienda.

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Centeno dijo que el sector inmobiliario debe estar tranquilo, porque el espíritu de la ley no es afectar o beneficiar a gremios de la construcción o empresarios inmobiliarios, sino más bien beneficiar al ciudadano común cuando adquiere materiales para construir su vivienda.

Por lo tanto, anunció que se eliminará de la propuesta de la ley todo el acápite sobre la aplicación de un impuesto a la renta a los proyectos inmobiliarios que era una de las preocupaciones.

Lo que se analiza al momento en la comisión es si la devolución del IVA, por la compra de materiales de construcción, sea automática o de otra índole.

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Alianzas público privadas

La legisladora que preside la comisión de Desarrollo Económico invitó a los asambleístas y ciudadanos a perderle miedo a las alianzas público privadas y dejar de lado la concepción de que la participación de un privado en un proyecto es la privatización, cuando es simplemente una participación con una estructuración de los proyectos que sean rentables primero para el Estado y los ciudadanos ecuatorianos, pero que tenga participación del privado.

Incluso dijo que en la comparecencia del ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, ante la mesa de Desarrollo Económico, que se refirió a las alianzas público privadas, donde dijo que en el país solo el 17% de la infraestructura vial está concesionada y es muy bajo ese porcentaje con relación a países vecinos.

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Valentina Centeno comentó que las alianzas público privadas están pensadas para todos los sectores incluido al sector salud y educación, y para distintos sectores incluso en la mesa se comentó cómo en Chile las cárceles están concesionadas, y funcionan muy bien con alianzas público privadas.

Aclaró que la norma de manera expresa constará que las alianzas público y privadas no admitirán privatizaciones, son estructuras y proyectos que pasan por un informe favorable del Ejecutivo, que tienen que demostrar rentabilidad para el Estado.

También dijo que la remisión por intereses, multas y recaudos será parte del proyecto de ley que significará una recaudación anual de cerca de $900 millones. La remisión de cartas, multas e intereses va porque va, dijo la funcionaria.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, destacó que existe una brecha enorme sobre infraestructura vial en el Ecuador y no solo en ese sector, sino también en el energético y la idea es que con las alianzas público y privadas es que a mediano y largo plazo puedan venir inversiones de calidad bajo un marco jurídico que permitan sacar en algunas áreas varios proyectos. (I)

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