La ministra del Trabajo, Ivonne Núñez, critica que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no trate hasta el momento el proyecto de ley para derogar contratos especiales emergentes de la Ley de Apoyo Humanitario. La funcionaria presentó la iniciativa el pasado 9 de julio.

El proyecto de ley fundamenta que el contrato emergente debe ser derogado porque la flexibilización laboral a la que se dio paso durante la pandemia del COVID-19 generó inestabilidad y precarización para los trabajadores.

La modalidad contractual tiene una duración de un año con opción a renovar por un año más. La propuesta legal de Núñez argumenta que debido a que la crisis sanitaria terminó “pierde sentido” que el contrato emergente siga vigente.

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“Nosotros presentamos la propuesta, ni siquiera ha sido tratada en el Consejo de Administración Legislativa (CAL)”, lamenta la ministra, en declaraciones brindadas el 13 de agosto.

Luego que entregó el proyecto de ley, asambleístas comentaron que la funcionaria no tendría la competencia legal para impulsar la norma, sino que lo debió hacer el presidente de la República, Daniel Noboa.

Pero la ministra defiende que su iniciativa está amparada en el artículo 134 de la Constitución de la República, que establece que los proyectos de ley pueden ser presentados por:

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  • Asambleístas, con el apoyo de una bancada o de al menos el 5 % de los miembros de la Asamblea Nacional.
  • El presidente o presidenta de la República.
  • Otras funciones del Estado, en los ámbitos de su competencia.
  • La Corte Constitucional, Procuraduría General del Estado, Fiscalía General del Estado, Defensoría del Pueblo y Defensoría Pública.
  • Ciudadanos en goce de derechos políticos y organizaciones sociales, que cuenten con el respaldo del 0,25 % del padrón electoral

“Es una lástima que un asambleísta no lea la Constitución. (La Constitución) sí lo permite, como consta en los considerandos (del proyecto de ley), de acuerdo a la finalidad y naturaleza que el Ministerio del Trabajo tiene. Estamos esperando que la Asamblea, a través del CAL, proceda a calificarlo”, agrega Núñez.

Además, dice la ministra, está el antecedente de que en 2023 la Asamblea aprobó la derogación parcial de la Ley de Apoyo Humanitario, pero el entonces presidente Guillermo Lasso vetó totalmente la norma, el 20 de julio de ese año. Por ello, al cumplirse un año del veto presidencial, el Parlamento debe tratar el tema y resolver en un solo debate.

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“Ojalá que los asambleístas cumplan con el procedimiento parlamentario y decidan legislar bajo la tutela del cumplimiento constitucional”, señala e indica que la cartera de Estado comunicó a organismos internacionales que el ministerio ha solicitado la derogatoria del contrato especial emergente.

Para Núñez, que el CAL aún no someta a discusión el proyecto de ley derogatoria del contrato emergente obedecería a intereses electorales. “Entiendo que por temas electorales no le quieren dar el crédito a la ministra del Trabajo que lo que hizo fue recoger lo que dice el procedimiento parlamentario”, comenta.

De acuerdo con datos del Sistema Único de Trabajo (SUT), desde el 19 de junio de 2020, que entró en vigencia la Ley de Apoyo Humanitario, y hasta el 13 de agosto de 2024 se han registrado 465.362 contratos especiales emergentes.

Actualmente hay 122.459 contratos emergentes en vigencia, de los cuales el 66 % corresponden a hombres y el 34 % a mujeres. (I)

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