Los 7 grupos con nexos que están detrás de la lista de los mayores deudores de la CFN, y que ya suman $ 520 millones

Han pasado cuatro años de aquella mañana del viernes 18 de mayo del 2018. Con la inauguración de una planta de refinación de aceite de palma, ese día se apuntaló el sueño que se había propuesto en 2015 Industrias Oleana S.A. una empresa con sede en Esmeraldas y que hoy vive con la pesadilla de tener una deuda por $ 12,4 millones con la Corporación Financiera Nacional (CFN). Lo adeudado supera ampliamente el capital de esta sociedad ($ 9,7 millones), según los registros de la Superintendencia de Compañías.“La palma se encuentra en el top ten de productos de exportación del país; es un rubro de importancia”, resaltó en el acto de ese viernes el entonces ministro de Agricultura, Rubén Flores, acompañado de otros altos funcionarios del anterior régimen de Lenin Moreno, entre ellos el también ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana; el gobernador Lenin Lara y el presidente de la CFN, Juan Carlos Jácome. Todos acudieron ese día en que la CFN hacía oficial la aprobación de un crédito de $ 10,5 millones para la operación de la planta de refinación.El sueño duró poco. El primer desembolso del crédito de la CFN llegó en diciembre del 2018 cuando las cuentas de Industrias Oleana, de la familia de Jaime Alzamora Cordovez, estaban cayendo en picada. Sus balances reportaban cifras rojas, pérdidas por $ 4,4 millones, y los informes lo atribuían a una crisis del sector palmicultor por “la baja producción en un 40% en la zona de Santo Domingo-Esmeraldas, debido a factores climáticos, mal cuidado de la palma y a plagas como la pudrición del cogollo”.“¿Qué pasó?, que esos meses sin recursos nos generaron un déficit importante en el flujo de caja. Nosotros hasta el 2017, 2018, habíamos sido la principal exportadora de palma del país, en 2017 estábamos con ventas sobre los $ 100 millones”, cuenta su hijo Roberto Alzamora Endara, gerente de Industrias Oleana S.A., empresa que consta en el listado de las 94 mayores deudoras de la CFN y a las que la entidad inició juicios coactivos por un monto de $ 354 millones , valor que solo comprende el capital prestado. La suma total, con el interés acumulado, crece a diario y a la fecha supera los $ 520 millones. Además de Oleana, también consta en el listado de deudoras sus compañías relacionadas: Alcopalma S.A, Extractora la Sexta S.A. y Oliojoya S.A., empresas del mismo sector palmicultor, y también del mismo grupo familiar, según una revisión de EL UNIVERSO, en el que dio apoyo el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), y que develó al menos siete grupos de sociedades beneficiarias de los créditos, grupos relacionados entre sí por parentescos o relaciones comerciales. La CFN, según los registros societarios, entregó millonarios préstamos, que hoy están en mora, a empresas de padres, pero también a las de sus hijos, hermanos, primos. Familias enteras accedieron a estos créditos con la primera banca pública del Ecuador. Alcopalma y Oliojoya, de Mario Alberto Alzamora Cordovez y sus hijos; y la Extractora La Sexta y Oleana, de su hermano Jaime y su sobrino Roberto Alzamora Endara, todas juntas adeudan a la CFN $ 21,3 millones.“Las empresas de palma, en el caso de La Sexta y Alcopalma, tenían créditos para capital de trabajo, de operación. Todas se quedaron sin materia prima, específicamente en el caso de La Sexta que tenía ventas de $ 40 o $ 50 millones, ahora no, ni el 10% de lo que estábamos en esas fechas”, contó el gerente de Oleana Roberto Alzamora Endara, quien precisó que Oleana S.A. fue enjuiciada por la CFN debido al atraso en el pago de intereses vencidos que suman $ 705 mil. En el caso de la Extractora La Sexta la deuda asciende a $ 3,6 millones más intereses. “Esa sí tiene mora (de capital)”, precisa el ejecutivo.Los representantes de Alcopalma S.A. y Oliojoya S.A., a quienes este Diario llamó y envió mensajes, no respondieron hasta el cierre de este reportaje. Tampoco lo hicieron los titulares del Fideicomiso Mercantil Hotel Sail Plaza Manta Ecuador, dueño del hotel Wyndham de esa ciudad, ni los de la Corporación Aray Aray Bioaray S.A., firmas relacionadas que adeudan en conjunto $ 45,9 millones al Estado .El contrato para la construcción de este hotel se firmó el 9 de marzo del 2014. “Recibir una franquicia internacional en Manta abre las puertas a más turismo e inversión”, dijo ese día Juan Carlos Cassinelli, entonces asambleísta de Alianza PAIS y presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional.Cassinelli, quien aclaró que “es absurdo” que haya impulsado la concesión del crédito, reiteró esta semana que la del Hotel Wyndham es “una inversión importante de gente de Manabí para el desarrollo turístico del país”. Hoy el Fideicomiso debe $ 42,1 millones y Bioaray $ 3,7 millones. Ambos ligados a Vinicio Aray Dueñas y a su esposa Brenda Ratti Ramírez, cónsul honoraria por Manabí de la Cámara Binacional de Comercio Ecuatoriano-Italiana en la presidencia de Cassinelli en 2020. A estas empresas, que constan con juicios de coactiva, se refirió el presidente Guillermo Lasso en febrero pasado.El Hotel Wyndham de Manta fue embargado en marzo y a los dos días un juez dejó sin efecto esa medida.“Hasta antes de la pandemia generada por el Covid-19, el grupo Aray Ratti se encontraba al día en sus obligaciones con la CFN. Producto de la misma, el sector turístico se vio gravemente afectado, motivo por el cual todas las instituciones del Estado nos otorgaron facilidades de pago. La excepción fue la CFN, quien se negó a ofrecer ningún tipo de facilidad que nos permita honrar la deuda, a pesar de tener garantías por el 215% del valor de la operación. Nos han discriminado por el monto de la deuda, por la forma como se dio el crédito que, según dicen ellos no es correcta, pero no tenemos culpa, eso fue decisión de la institución”, señaló la apoderada del Fideicomiso, Brenda Terán Ratti, excandidata a concejal en 2019 por Alianza PAIS. Un tercer grupo familiar que también figura en el listado de los deudores es el conformado por las empresas pesqueras domiciliadas en Guayaquil, Anasque S.A. y Cebrul S.A., que suman $ 5,3 millones en deuda. La primera, de María Lorena Correia Sotomayor, recibió un crédito por $ 2,9 millones, mientras que la segunda, de su primo Juan José Correia Fernández, lo hizo por 2,4 millones.En el caso de Cebrul, por ejemplo, el dinero fue recibido en 2015 y se utilizó para la compra de una embarcación pesquera, “inversión para el aparato productivo de la empresa”, según reportó esta sociedad a la Superintendencia de Compañías. Los representantes de ambas empresas no respondieron los mensajes de este Diario.Las compañías agrícolas Comercializadora Campos Barreiro Correia CBCFruit S.A., Fruitycacao S.A., y Grupo Terraverde S.A., creadas en 2015, 2017 y 2016, respectivamente, integran el cuarto grupo vinculado que identificó este Diario en el listado de deudores . La deuda en conjunto alcanza los $ 8,3 millones.“Se está trabajando en una solución de pagos”, aseguró Francisco Correia Barreiro, quien explicó a nombre de las dos primeras empresas, de propiedad de sus hermanos, Guillermo y Gina Campos, las razones por las cuales cayeron en mora.CBCFruit adeuda la totalidad del crédito de $ 6 millones y dos cuotas vencidas por $ 200 mil, mientras que FruitYCacao debe $ 2,4 millones del capital y cuotas por unos $ 118 mil, precisó Correia, quien figura como accionista de Grupo Terraverde, aunque él asegura que ya no tiene participación en esta compañía.El gerente de Terraverde, Walter Segovia Muentes, también atribuyó a la pandemia la mora con la CFN. “Estamos tratando de retomar las exportaciones con la finalidad de poder cumplir, no solo con la CFN sino con todos a quienes se les debe”, dijo Segovia al señalar que la deuda de su empresa no llega a los $ 100 mil. La Industria Pesquera Jambelí adeuda $ 3,5 millones, crédito que proviene de la extinta Finagro. La hija de un accionista de Jambelí, Juan Correia Da Silva, también debe un crédito de $ 2,1 millones, recibido en 2013. La empresa Letrasigma CIA. LTDA. debe $ 3 millones, su accionista José Eguiguren Chiriboga también accedió a título personal a un préstamo por $ 1,6 millones. El séptimo caso: La empresa Marvielka S.A. recibió $ 1,7 millones de la CFN, y su accionista Virgina Mora Lozano obtuvo también $ 1,5 millones. (I)Entre el 2010 y el 2013, la compañía Taski S. A. recibió de la Corporación Financiera Nacional (CFN) créditos que sumaron $ 15 millones para que su planta sea, según el gerente Óscar Ayerve, la “más grande y moderna del país”, con capacidad para producir 10 millones de libros al año. Pero apenas llegaron a un millón de textos en 2010, asegura, debido a la cancelación de contratos.Entre ellos, uno con el INEC en 2010 para imprimir el material del censo poblacional por $ 6,5 millones. “Taski había firmado el contrato y estaba en plena producción”, critica Ayerve y considera que se lo anuló ilegalmente. El INEC señaló, en esa época, que no se firmó el contrato por denuncias de supuesto sobreprecio. Luego, lo adjudicó a otros proveedores por $ 4,3 millones.Taski ha pagado a la CFN $ 7,1 millones en doce años, plazo original para cubrir todo el crédito. Aún debe $ 9,6 millones.Con $ 18 millones en activos, esta empresa es parte de los 92 mayores deudores de la CFN, a los que se les iniciaron juicios coactivos para recuperar la cartera vencida de $ 387,4 millones. En el listado figuran 16 personas naturales y 76 compañías, que tienen dos años de plazo para cubrir sus obligaciones, según el artículo 277 del Código Orgánico Administrativo (COA) .“No podemos pagar en dos años, es imposible”, critica Ayerve, exministro del gobierno de Lucio Gutiérrez y expresidente de la junta de deudores de Filanbanco. Ahora, Ayerve formó una asociación de afectados por el COA para pedir a la Asamblea, el Gobierno y los bancos la reforma de esta ley para que se puedan ampliar los plazos.Entre los deudores también están firmas mencionadas en juicios relacionados en actos de corrupción: Consermin, Oilserv y Nolimit. Esta última, excontratista de Petroecuador, recibió en 2018 un crédito por $ 1,2 millones, cuyos intereses fueron cancelados al día, dice el gerente Pedro Crespo.“La última cuota, el pago del capital, no cancelé porque Petroecuador no me pagaba”, dice Crespo, y apunta que, ante la negativa de darles más plazo o aceptar un predio, vendió parte de sus bienes para cancelar la deuda, que asciende $ 1,4 millones. La pagará, afirma, en máximo 45 días. Los liquidadores de las firmas disueltas Ecuacoffee y Ecuagran esperan resignados que se ejecute la coactiva; mientras, otros empresarios intentan con actos administrativos y judiciales que se reciban bienes. César García, abogado de Cofina, asegura que esperará el fallo del proceso contencioso administrativo con el que buscan que la CFN reciba un terreno en Manta –de $ 4 millones– para restar a la deuda, que asciende a $ 5,5 millones.En tanto que Centridagsa inició un concurso preventivo de acreedores en 2018, tras declararse vencido el crédito por $ 10,3 millones, explica el presidente Freddy Cobeña. A esa cita fueron delegados de la Superintendencia de Compañías, de Centridagsa, de CFN y otros acreedores, quienes habrían acordado en 2020 un plan de pagos –con macrolotes en Durán–, que aún no ha fijado la CFN y que esperan que lo cumpla con el amparo constitucional que recibieron en mayo.En tanto, una decena de empresas no respondieron a este Diario, entre ellas Intimar S.A. y Unicol S.A., a las que se le insistió por correo electrónico. (I)

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