Pesca: ‘La expectativa es que ya nos retiren en septiembre la tarjeta amarilla, ya todo está cumplido’

El sector pesquero ecuatoriano cuenta los días para que la Unión Europea levante la sanción de la tarjeta amarilla impuesta en 2019 como advertencia por considerar a Ecuador un país no cooperante y que no contaba con los elementos de control necesarios contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR). Ecuador exporta $ 1,200 millones en pesca a la Unión Europea, según las últimas cifras del Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.

En cinco años, la situación ha cambiado y Ecuador cumple ya con todas las exigencias de la Convención General del Mar de la UE (DG Mare), aseguró Bruno Leone, presidente de la Cámara Nacional de Pesquería. Por esta razón, espera que el levantamiento de la sanción se dé en septiembre próximo, después que Ecuador remita un progress report a las autoridades europeas.

Pesca: después de casi cinco años, Ecuador espera salir de la tarjeta amarilla en septiembre del 2024

“En septiembre hay que enviar lo que se llama el progress report de las acciones de las autoridades ecuatorianas en función de los comentarios de las últimas vistas presenciales y virtuales de febrero. Todo se ha cumplido, tuvimos un Comité de Crisis hace unas cinco semanas, en donde las autoridades presentaron lo que se ha venido haciendo en función de los comentarios de la gente de la Convención General del Mar de la UE”, reveló Leone.

Esto fue básicamente el arqueo de un par de barcos y la aplicación de la ley en cuanto a las multas, pero sobre todo los criterios unificados en el establecimiento de las multas, en el caso de que hubiere alguna infracción que sancionar, explicó el titular de la CNP. En este punto, la ministra de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Sonsoles García, aseguró la semana pasada ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que la aplicación de las sanciones fue un tema que fue priorizado durante este proceso.

Un primer paso fue resolver los expedientes iniciados en 2023 y optimizar el tiempo de atención y resolución. Además, se desarrolló la metodología para la aplicación de criterios de proporcionalidad en la imposición de sanciones.

Mientras, Leone explicó que la tarjeta amarilla nunca privó a Ecuador de poder exportar con normalidad, pero reconoció que existen compradores importantes que prefieren no hacer negocios con un país que tiene este tipo de llamados de atención. “Si eso se resuelve, queda despejado ese problema y seguramente habrá más y mejores compradores”. Por otro lado, el levantamiento de la sanción puede beneficiar a Ecuador a conseguir financiamiento internacional para la repotenciación de la flota.

‘Sanción en 2019 fue responsabilidad del Estado, no del sector privado’

Sin embargo, sin desconocer los avances que el país ha tenido en el cumplimiento de las exigencias de la UE, Leone aclaró que la sanción que fue impuesta en 2019 no fue responsabilidad del sector privado, sino del Estado.

“Que quede bien claro: no fue por situaciones del sector privado; fue porque el Estado no había hecho su trabajo en función de la normativa vigente en esa fecha para el mejoramiento de la trazabilidad y del control eventualmente de la pesca ilegal”, afirmó el dirigente.

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A partir de ese hecho, Leone recordó que se creó el Comité de Crisis y comenzaron a trabajar, y actualmente el sector cuenta con una nueva ley, un reglamento y una plataforma electrónica que controla alrededor de 126 diferentes procesos del manejo de productos pesqueros.

“No había nada y hoy tenemos una plataforma electrónica que funciona. La mayoría de los procesos están ya funcionando, de los que nosotros, los usuarios, estamos usando”, dijo Leone.

El dirigente señaló que la aclaración es necesaria después de la intervención de la ministra García ante la Comisión de la Asamblea Nacional, en donde expuso los avances de Ecuador para el levantamiento de la tarjeta amarilla.

El 1 de septiembre Ecuador remitirá informe solventado observaciones de la UE

Ante los legisladores, la ministra García recordó que la notificación de la sanción en 2019 llegó con 56 observaciones y el planteamiento de 60 actividades vinculadas a la aplicación de la ley, gestión de flota, el seguimiento, control y vigilancia.

Indicó que en marzo de 2024, de acuerdo con la última auditoría realizada por la DG Mare de la UE, se registran catorce observaciones y doce actividades. En ese sentido, García reveló que se prevé que el 1 de septiembre se envíe nuevamente un informe solventando cada una de las observaciones planteadas por el organismo europeo.

Entre los avances a informar, respecto a la gestión de flota, García indicó que se verificaron las bodegas de la flota atunera, con especial atención en los buques con incrementos y disminuciones en la capacidad de las bodegas, además se mantiene un control permanente de los desembarques para asegurar el uso del volumen de bodega declarado a la la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT).

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En lo referente a seguimiento, control y vigilancia se reforzó la supervisión de desembarques, se realizan controles aleatorios en plantas en días después de la descarga y también se analizan las embarcaciones antes del desembarque para evaluar el factor de riesgo. Para garantizar la trazabilidad se puso en producción y uso en el Sistema Integrado de Acuacultura y Pesca en los procesos de control de desembarque, guía de movilización de productos pesqueros, hoja de movimiento y certificado de captura.

“Nuestra gestión es técnica, por eso buscamos una correcta aplicación de la ley, la gestión eficiente de la flota y fortalecer los procesos de control de desembarque, entre otras acciones. Así sostenemos un sector productivo que genera divisas, empleo y desarrollo”, sostuvo García tras su exposición en el Legislativo.

Por su lado, Leone indicó que “aspiraría que ahora en septiembre se mande el progress report y en el diálogo entre las autoridades locales y las de Europa el tema ya esté claro y esto se pueda levantar”. (I)