La Comisión de Régimen Económico de la Asamblea aprobó con cinco votos a favor (de Pachakutik, UNES y PSC) una moción para aprobar un informe en el que se ratifican las cinco primeras observaciones que hiciera el Legislativo a la proforma presupuestaria 2022 y a la programación cuatrianual 2022-2025.

Este informe será conocido por el pleno la próxima semana y con base en este se determinará si hay las dos terceras partes de votos para ratificar dichas observaciones o si pasa por el ministerio de la ley. La proforma no puede ser negada por la Asamblea.

El artículo 295 de la ley indica que si hubiese observaciones a la proforma y el Ejecutivo decidiera ratificarse, entonces la Asamblea Nacional, en los diez días siguientes, podrá ratificar sus observaciones, en un solo debate, con el voto de dos tercios de sus integrantes. “De lo contrario, entrarán en vigencia la programación o proforma enviadas en segunda instancia por la Función Ejecutiva”.

La moción que recibió cinco votos favorables y cuatro abstenciones señala que se ratifican en los cinco primeros puntos (de las ocho observaciones realizadas) y que tenían que ver con el pedido de revisión de asignaciones para salud, educación, universidades, incentivos jubilares, sistema carcelario y que se establezca de manera clara cuánto se podría obtener por los activos que el Estado piensa monetizar en 2022.

Es que el Ejecutivo el 27 de noviembre envió una comunicación a la Asamblea, ratificándose en su propuesta original de proforma y adjuntando un informe de 57 páginas del Ministerio de Economía y Finanzas, pero sin acoger ninguna de ellas.

Sobre el pedido de revisión del presupuesto asignado a Salud y Educación, el Ministerio de Economía y Finanzas explicó que se cumplen los incrementos ordenados por la Constitución. En cambio, sobre las universidades se explica que las asignaciones sí se incrementan de $ 1.105 millones en 2021 a $ 1.129 millones en la proforma del 2022.

Entre tanto, sobre el pedido de revisar las asignaciones para los incentivos jubilares, el Gobierno aclara a la Asamblea que son valores que se han ido acumulando en Gobiernos anteriores, desde el 2008. Sin embargo, explica que lo que se asignará en 2022 es lo que puede entregarse respetando la sostenibilidad fiscal.

También existía una inquietud por parte de la Asamblea, respecto de que se explique cómo se han establecido las asignaciones para cárceles. En este sentido, el Gobierno dijo que en total hay un incremento de $ 108 millones en 2021 a $ 124 millones en 2022.

Otra de las inquietudes de los asambleístas tenía que ver con la certeza de obtener recursos por $ 940 millones de ingresos no permanentes asociados a la monetización (concesiones o ventas de activos estatales). En este tema, el Gobierno aclaró que los posibles activos para monetizarse son la Refinería de Esmeraldas, Termogás Machala, Sopladora, Monteverde y Banco del Pacífico. Todos ellos ascienden a un monto de $ 2.800 millones aproximadamente, por lo que lo que se obtenga dependerá de la agilidad de estos procesos. (I)