La migración de ecuatorianos, lejos de reducirse, se estima que continúe creciendo. Alrededor de 1,2 millones de compatriotas tienen la intención de movilizarse hacia otros países, especialmente a Estados Unidos, según un estudio realizado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en Ecuador, que se publicará a fines de este mes de julio.
El cálculo de este organismo surge con base en un monitoreo realizado en trece ciudades: Tulcán, Ibarra, Lago Agrio, Coca, Manta, Guayaquil, Santo Domingo, Quito, Ambato, Cuenca, Loja, Machala y Huaquillas. Luego, estos datos fueron analizados a través de una matriz de seguimiento de los desplazamientos (DTM).
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De esta muestra recogida en estas localidades de la Costa, Sierra y Oriente se determinó la cantidad estimada de connacionales que buscan ‘oportunidades laborales y la reunificación familiar’, según la OIM. La mayoría de ellos, el 76 %, ya tienen definido su destino: Estados Unidos, España y otros países europeos y de América del Sur.
Sin embargo, Estados Unidos sigue siendo la primera opción. Aproximadamente medio millón de personas habrían asegurado su intención de viajar a este país, de donde mensualmente son deportados más de 10.000 ecuatorianos.
La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos registra, entre octubre de 2023 y mayo de 2024, un total de 105.794 compatriotas detenidos. De seguir esta tendencia se llegaría a duplicar las deportaciones reportadas en el periodo de 2023, que ascendieron a 117.487.
La cifra es mucho mayor si se consideran las detenciones de los ecuatorianos que buscan llegar de forma irregular a Estados Unidos a través de otros países, como Panamá y México. Estas dos naciones han capturado a cerca de 150.000 connacionales en entre enero y parte de junio de este año.
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Ante esta ola migratoria, la OIM asegura que trabaja con el Gobierno nacional en “el establecimiento de un protocolo para ecuatorianos retornados, que permitirá ofrecer una mejor atención y apoyo a las personas migrantes ecuatorianas que regresan, ya sea voluntaria o involuntariamente”, y reconoce la complejidad para las autoridades migratorias y la Policía para dar seguimiento ‘efectivo’ a los casos de tráfico ilícito de migrantes.
En este año, hasta el 12 de junio, la Fiscalía registra apenas 56 denuncias de este delito, el año pasado fueron 149 y en una década sumaron 1.355. El 62 % de ellas (843) provienen de Cañar y Azuay; el restante 38 % (512) corresponden a otras 19 provincias.
“El número de denuncias recibidas no refleja la magnitud de casos reales. Normalmente, una persona víctima de tráfico ilícito de migrantes no denuncia a los traficantes, ya que espera volver a intentar la salida. Suelen hacer segundos y hasta terceros intentos por medio de estas redes criminales”, señala la OIM, que ha financiado desde octubre 2022 –afirma– el retorno voluntario asistido a 380 ecuatorianos que no tienen los recursos para regresar al país y que no pueden o no quieren permanecer en los países de su ruta hacia Estados Unidos, como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Panamá, Belice y Costa Rica.
También, la OIM destaca que entrega apoyo administrativo (documentos de identidad, salvoconductos), logístico (compra de pasajes terrestres y aéreos), financiero (kits con insumos básicos y dinero para cubrir gastos para su retorno), asistencia psicosocial, alimentación y asistencia legal. (I)
