El Gobierno de Ecuador busca promover una ley orgánica para desarticular la economía criminal vinculada al conflicto interno armado, declarado a través del Decreto Ejecutivo 111, el 9 de enero de 2024.
El cuerpo legal, aún en proyecto, ha sido remitido con carácter urgente en materia económica a la recién posesionada Asamblea Nacional.
El proyecto tiene dos componentes a nivel tributario y de reformas penales para fortalecer el trabajo del Bloque de Seguridad, integrado por policías y militares, y además afianzar el concepto de conflicto interno armado.
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En la exposición de motivos del proyecto, el presidente de la República, Daniel Noboa, ahonda en detalles de los problemas de seguridad a los que se enfrenta el país.
En ese sentido, sostiene que se atraviesa una “delicada situación” que exige una repuesta estatal integral y contundente, en la que la dimensión económica se erige como un frente crucial para debilitar y desmantelar estructuras delictivas.
Asimismo, se exponen detalles del alza de tasa de homicidios, los múltiples delitos y modos de financiamiento de grupos criminales, además la presencia de grupos irregulares colombianos en la Amazonía.
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En ese contexto, el Gobierno sostiene que se convive con “una amenaza sin precedentes” en medio del denominado conflicto interno armado, el cual demanda la necesidad de proteger a la ciudadanía de los grupos criminales imbuidos en actividades ilícitas transnacionales que tejen redes económicas para financiar operaciones, corromper instituciones, expandir influencia territorial y perpetuar la violencia.
Estos grupos, según el Gobierno, practican delitos de narcotráfico, lavado de activos, minería ilegal, contrabando de armas, tráfico de personas, extorsión y otras actividades ilícitas. Todas estas, según el documento, constituyen el motor financiero para impulsar la capacidad de los operativos de los grupos armados organizados.
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Con los recursos ilícitos, a su vez, se adquiere armamento sofisticado, reclutar y mantener a sus miembros, sobornar funcionarios, lavar activos, condiciones operaciones económicas cotidianas a ciudadanos e intentar ejercer control territorial a fin de “desafiar la autoridad del Estado”.
En el proyecto de ley se expone que la escalada de violencia se debe a varios fenómenos delictivos que se desarrollan en el contexto del conflicto interno armado, con una tasa de homicidios considerada “preocupante”.
En 2023, Ecuador tuvo 8.248 crímenes, mientras que en 2024 alcanzó los 7.033 casos.
En 2024, la tasa de homicidios fue de 39,14 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2023 fue mayor al alcanzar los 46,25 por cada 100.000 habitantes.
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En sus argumentos, el Gobierno expone que otro de los problemas de seguridad tienen relación con los secuestros y las extorsiones que afectan directamente a la población y las empresas.
Solo entre 2022 y 2024, Ecuador experimenta un “crecimiento exponencial” en delitos de extorsión, secuestro y secuestro extorsivo, ligados directa o indirectamente al fortalecimiento de estructuras armadas organizadas.
El delito de extorsión pasó de 6.651 a 20.293 casos, mientras que el delito de secuestro pasó de 713 casos a 2.095 entre 2022 y 2024, según datos de la Policía Nacional.
La proliferación del secuestro y la extorsión se usa como un mecanismo recurrente de financiamiento criminal e imposición de órdenes coercitivas, lo cual —a decir del Gobierno— evidencia una afectación a derechos fundamentales, especialmente a la libertad personal, la integridad y la seguridad jurídica y económica de la población, se expone en el proyecto.
En paralelo, la crisis carcelaria se expone como otro escenario donde se dan disputas territoriales y operativos entre grupos armados organizados.
En los recientes años, múltiples incidentes y amotinamientos se han dado en las prisiones. Para ello, entidades del orden han tenido que realizar intervenciones continuas para mitigar estos escenarios de violencia.
La profunda y extendida penetración de grupos armados organizados, grupos de delincuencia organizada transnacional y grupos de delincuencia se puede evidenciar en la fenomenología de operaciones policiales y militares en coordinación con el Centro de Inteligencia Financiera, se indicó.
“Estos actores criminales han consolidado zonas de injerencia en todas las provincias del país explotando economías ilícitas y rutas estratégicas de narcotráfico, contrabando, minería ilegal, tráfico de armas, delitos hidrocarburíferos, lavado de activos y otros”, se sostiene en el documento suscrito por el presidente.
En sus planteamientos, el Gobierno detalló que el nivel de impacto nacional derivado de la operación de estos grupos varía según la provincia; sin embargo, en cinco (Esmeraldas, El Oro, Los Ríos, Manabí y Orellana) hay un impacto “alto” por tener vínculos geográficos y presentarse como corredores estratégicos para el narcotráfico o por recursos naturales altamente explotables, como el oro y el petróleo.
Además, en Sucumbíos hay una clasificación similar y fuerte presencia de grupos irregulares armados de Colombia (GIAC), “lo que agrava su situación al vincular el conflicto interno ecuatoriano con el entorno transfronterizo del conflicto armado colombiano”.
En Guayas se ha determinado que operan al menos once estructuras criminales, como Los Lobos, Las Águilas, Los Choneros, Los Tiguerones, Latin King, con múltiples economías ilícitas derivadas del narcotráfico, contrabando, delitos en espacios acuáticos y tráfico de armas.
Con este panorama, el Gobierno sostiene que se atraviesa un proceso de conflicto interno armado en el territorio, en el que bandas adquieren capacidad bélica, despliegan intentos de control territorial y comenten actos de violencia sistemática contra la población civil y el Estado.
Para el Gobierno, estos parámetros cumplen con los elementos sustantivos de un conflicto armado no internacional conforme al Derecho Internacional Humanitario.
El impacto de la violencia armada y la operación de estructuras criminales han provocado severas afectaciones económicas: interrupción de cadenas logísticas, desplazamientos de inversiones, paralización de actividades productivas en zonas críticas, extorsión sistemática a comerciantes y pérdida de confianza en el entorno empresarial.
Como consecuencias directas por la influencia de actividades criminales se ha generado el incremento de costos de seguridad privada y fuga de capitales.
El proyecto de ley, según el Gobierno, busca crear un régimen jurídico especial que contemple medidas de carácter financiero y de seguridad para desarticular a las economías criminales asociadas al conflicto interno armado. (I)
