En un año y medio, desde diciembre del 2019 hasta mayo pasado, cinco intentos por contratar el servicio de alimentación para las personas privadas de libertad (PPL) se han declarado desiertos, según los registros del Servicio de Contratación Pública, Sercop.

Por ello, la comida diaria de los internos continúa a cargo de La Fattoria S.A., el proveedor desde hace casi una década y al que se ha cuestionado el costo, cantidad y calidad del menú desde hace varios años.

En 2019, por ejemplo, el exsubsecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, denunció las quejas de los internos por la alimentación. “Imagínese que en esta empresa, en vez de que trabajen los privados de libertad para que ganen su dinero, contrataban a gente de afuera”, criticó además Camacho.

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El costo del menú, por $ 2,50 más IVA por cada privado de libertad y por día, también fue cuestionado por Camacho: “No parece mucho, pero si usted compra 10.000 quintales de arroz, compra a mitad de precio, y todos los productos compra baratos para dar de comer a 38.000 personas”.

La Fattoria, creada en 2008 y cuyos socios son Riasem S.A. y Richard Villagrán, ha recibido cerca de $ 100 millones, entre el 2012 y 2018, por alimentar a los internos, de acuerdo con los registros del Sercop. Según el contrato del 2018, de $ 17 millones y por cinco meses y medio, se estima que en los últimos dos años habría obtenido unos $ 85 millones.

José, quien estuvo 15 días recluido en el CDP, recordó que “la comida era simple, muy diferente a la casera, las raciones pequeñas, y solo los jueves daban fruta”, y comentó: “Uno tiene que comer obligado o morirse de hambre”.

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Parientes de otros internos también opinan en redes sociales: “Comida en pésimas condiciones”. Por ello, algunos prefieren comprar atún, galletas u otros productos en los economatos de las cárceles, que estuvieron a cargo de una firma relacionada a La Fattoria, Provisali S.A., desde el 2013 -año de su creación- hasta marzo del 2019. En 2020 renovó un convenio con un centro.

Cinco intentos desiertos

El primer intento para contratar al proveedor de comida se dio en diciembre del 2019, por $ 32 millones, pero se declaró desierto luego de que el Sercop cuestionara la falta de claridad en los parámetros para calificar a los participantes.

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El segundo intento, también desierto, se dio en enero del 2020, por $ 24,4 millones. Entre los documentos consta el reclamo de un oferente, porque señaló que se exigía que el personal esté contratado antes de firmar el contrato, requisito que solo podía cumplir La Fattoria. No obstante, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) mantuvo el requisito.

“En caso de mantener esta condición, que es ilegal, es una demostración de que el procedimiento se encontraría direccionado”, dijo el oferente.

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El tercer intento, en abril del 2020, por $ 20,8 millones, fue declarado desierto por el SNAI luego de que la firma elegida, La Fattoria S.A., aparecía como ‘No Habilitado’ en el RUP (Registro Único de Proveedores), requisito indispensable.

En noviembre del 2020 se abrió el cuarto intento por $ 36,5 millones, pero se declaró desierto porque el ganador, La Fattoria S.A., cometió un error en el precio ofertado.

El quinto intento, en marzo pasado y por $ 21,4 millones, se declaró desierto por observaciones del Sercop, que objetó que el método de calificación del personal técnico no fue claramente definido por el SNAI y que en los pliegos se valoraba más el monto unitario del menú que el precio total de la oferta. Aunque el director del SNAI, Edmundo Moncayo, refirió que dichas observaciones se dieron “después de cinco concursos”; además, defendió el proceso, porque -afirmó- incluía nuevos beneficios.

En este proceso, en el que pasaron a la puja el Consorcio Alimentando Ecuador y La Fattoria, Moncayo pidió asesoría al Consejo de Participación Ciudadana y al Sercop. “La declaratoria de desierto del proceso de contratación conforme a la recomendación emitida por el Sercop implica continuar con la suscripción de convenios de pago, toda vez que por circunstancias ajenas a la entidad contratante no ha sido posible concluir con la adjudicación y suscripción del contrato desde el año 2019”, advirtió Moncayo en un escrito, en mayo pasado. (I)

Millonarios ingresos para contratista

La Fattoria S.A. reportó ingresos por $ 544,3 millones entre el 2012 y el 2020, según sus registros financieros. De esa cifra, el 84 % ($ 458 millones) provino del servicio de alimentación que contrataron cuatro entes públicos, de acuerdo con procesos publicados en el Sercop, en ese mismo lapso.

Por la comida de los internos, la empresa habría recibido unos $ 185 millones; mientras que por la alimentación escolar, unos $ 272 millones, del 2016 al 2020.

Los últimos diez contratos que recibió del Ministerio de Educación suman $ 61,2 millones, entre el 2019 y abril del 2020, para la entrega de raciones alimenticias a 4.000 planteles de doce provincias.

Antes, en diciembre del 2016 y por dos años, la compañía también fue contratada para dar 683 millones de raciones alimenticias a estudiantes de educación inicial, general básica y bachillerato de las unidades educativas del Milenio de doce provincias, a través de dos convenios macro (de subasta inversa corporativa de alimentación escolar) por un monto de $ 211 millones.

Al Ministerio Coordinador de Seguridad y la Corporación Eléctrica del Ecuador, la compañía también dio el servicio de comida por $ 1,1 millones, en el año 2013. (I)

Contratista defiende su servicio

“A nosotros nos han pedido que continuemos brindando el servicio bajo las condiciones de ese último contrato (2018), que fue adjudicado a través de compras públicas”, afirmó un representante de La Fattoria S.A., contratista de la alimentación en las cárceles.

El representante, quien pidió que no se mencione su nombre, se refirió a las observaciones del Sercop a los cinco intentos por firmar un nuevo contrato y negó que haya un direccionamiento hacia La Fattoria. “Somos una empresa ética y de valores dispuestos a colaborar plenamente con las instituciones”, indicó el vocero, y agregó: “Siempre hemos participado en los procesos públicos, hemos presentado nuestras ofertas como corresponde y las mismas deben ser calificadas”.

Además defendió la calidad de la comida: “Cumplimos con los procesos y estándares de seguridad, nivel de cocción, cantidades, y tenemos porcentaje de aceptación”, y sostuvo que los $ 2.5 que cuesta el servicio de alimentación por día y por interno comprende, además de la comida, “la logística, mano de obra, materia prima, equipamiento, el mantenimiento del equipamiento, controles”.

La empresa, según el representante, tiene más de 25 años de experiencia en el mercado y -añadió- que cuando participaron en las primeras licitaciones para dar de comer a los privados de libertad ya tenían experiencia en dar el servicio a ocho empresas privadas. “No es que éramos una empresa que de la nada surgió para dar alimentación a las personas privadas de la libertad, no. Nosotros ya teníamos en nuestra cartera de servicios varios clientes privados, como los seguimos teniendo en la actualidad”, refirió el vocero de la empresa y aseguró que de los alrededor de 500 trabajadores que dan el servicio de alimentación en los centros, 106 son internos. (I)