Agentes de la Fiscalía con apoyo de personal policial realizaron varios allanamientos la mañana de este martes 23 de noviembre en Santo Domingo de los Tsáchilas.

En las intervenciones que se replicaron en la sede de la Prefectura tsáchila y otros predios se buscaron indicios relacionados con un presunto delito de peculado en un contrato de una obra vial en esa provincia. El domicilio de la prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johanna Núñez, fue uno de los cuatro bienes inmuebles intervenidos.

Polibio Flores, síndico de la Prefectura de Santo Domingo de los Tsáchilas, confirmó que uno de los lugares allanados fue también una dependencia del Gobierno provincial (oficina de la prefecta), y que mayores detalles del proceso se darán cuando terminen estas diligencias.

La mañana de este martes, los agentes analizaron documentación relacionada con el contrato de obra vial, se indicó. Algunos empleados se apostaron en las puertas de ingreso a la Prefectura para conocer sobre el operativo.

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“Una vez que culmine el proceso nosotros ofreceremos la debida información al respecto, porque no conocemos la investigación… No tenemos argumentos necesarios, nosotros como Prefectura, de qué se está investigando”, señaló Flores y consideró que el caso se trata de una “persecución política”.

El funcionario indicó que necesitaban la documentación con la notificación al respecto de los procesos judiciales que se inician tras los allanamientos realizados por la Fiscalía.

El operativo se inició pasadas las 10:00 de este martes 23 de noviembre. No se informó sobre personas detenidas.

Pronunciamiento de prefecta

Como show político y mediático calificó Johanna Núñez, prefecta de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los allanamientos que realizó la Fiscalía General del Estado (FGE) a su casa y su oficina del Consejo Provincial.

La investigación que realiza la FGE, y de la que Núñez indicó que le dijeron que tenía de carácter de reservado, está relacionada con la rehabilitación de la vía KFC hasta La Unión del Toachi, un recorrido de unos 15 kilómetros.

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Aquella obra, dijo la Prefectura, se logró ejecutar luego que existiera un problema jurídico, un contrato con dos empresas dadas por los últimos dos prefectos que le antecedieron, y sin financiamiento.

Dijo que al momento la obra tiene un avance del 60 %, y que lamenta que por persecuciones se la cuestione, pero que ella en derecho se defenderá en una queja que espera se ejecute dentro del debido proceso.

“Yo estuve en mi casa al momento cuando llegó la Fiscalía, hemos brindado todas las facilidades del caso, revisaron absolutamente todo, llevándose mi iPad personal, mi celular, el celular de mi esposo y alguna documentación que encontraron en mi casa”, señaló Núñez, que además consideró esta investigación como una “persecución” en su contra.

Flores agregó que hasta la tarde de este martes no existe una notificación formal de Fiscalía respecto al tipo de delito que se investiga, ni las condiciones en las cuales se van a desarrollar esas indagaciones.

“Aparentemente se ha realizado el día de hoy un procedimiento judicial que busca, entre comillas, recabar indicios, proteger para que esos indicios no se destruyan y esa fue la razón del allanamiento, debo informar también que los documentos que han sido recabados por parte de Fiscalía han sido documentos públicos”, declaró Flores. (I)