La directora del ECU911, Ana María Ayala, dialogó con este Diario y dio detalles sobre el proceso de interoperabilidad que se inició hace pocos días a escala nacional. El ECU911 ahora será la entidad que controlará y regulará los sistemas y plataformas tecnológicas públicas y/o privadas para la gestión de la videovigilancia y las emergencias en todo el país.
La resolución que viabiliza esta medida incluye a todas las instituciones públicas nacionales y locales (incluso GAD), así como a empresas, entidades y organismos privados que dispongan de sistemas y plataformas de seguridad integral o de gestión de emergencias, entre otras.
El Decreto 214 permitirá al ECU911 monitorear cámaras privadas que apunten a espacios públicos
El proceso de interoperabilidad se inició en esta semana, ¿qué llevó a adoptar esta medida a escala nacional?
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El objetivo fundamental es garantizar a los ciudadanos la seguridad integral a través del control permanente de los sistemas de emergencias, videovigilancia u otros que puedan brindar esta seguridad que tanto los ciudadanos anhelan.
A través de este mecanismo vamos a poder tener una especie de registro o catastro realmente de los sistemas que cumplen las especificaciones tanto técnicas como normativas para ser considerados lícitos, lo que nos va a permitir identificar cuáles son los que no entran dentro de este parámetro y tomar acciones pertinentes, sean estas administrativas o legales, para que se regulen, se interconecten o simplemente tengan que salir del aire.
¿Al momento esta interconexión no existía?
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Se marca un precedente en virtud de la obligatoriedad dado que anteriormente sí teníamos contacto, pero no con todas las entidades públicas. Lo que se busca, a través de esta resolución, que su marco regulatorio es el decreto, es tener un control total en todas las entidades públicas, no solamente en ciertos GAD.
¿Cuántas instituciones tienen identificadas que deben estar interconectadas al ECU911?
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No podemos establecerlo, no podemos aún ser precisos con ese dato porque recién vamos a poder identificar cuántos constan a nivel nacional.
Había instituciones públicas que prestaban este servicio sin ninguna autorización, ni del Ministerio del Interior ni del ECU911. Con esta resolución lo que va a permitir es justamente eso, identificar cuántos había a nivel nacional, cuántos están regulados y cuántos no.
Por ahora no hemos tenido de manera masiva solicitudes, estamos yendo por provincias. Alrededor de lo que nosotros tenemos identificado teníamos 18 GAD que anteriormente tenían convenio con nosotros. De esos 18, casi los 15 tenían que hacer algo porque no teníamos un control 100 %, era como parcial, y del resto estamos haciendo una especie de censo porque el resto ha estado operando sin autorización.
Es una labor titánica de poder llegar a establecer realmente quiénes son las entidades públicas que tengan estos sistemas.
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¿Se han establecido plazos ya que ahora es una obligación que las instituciones estén interconectadas?
Nosotros lo que hemos establecido en la resolución es un término de cinco días que se vencieron desde el día lunes para que se integren todas las entidades públicas. Sin embargo, hasta el día de hoy tenemos un porcentaje bastante bajo.
Las entidades hemos notado que no se acercan a nosotros, nosotros estamos socializando porque justamente así lo dice la resolución y esperábamos tener un mayor compromiso por parte de estas instituciones. Quizás están haciendo ajustes tecnológicos, no lo sabemos, porque en la resolución también se estableció un anexo de requisitos mínimos técnicos.
Si tienen más (de los requisitos), obviamente en buena hora. Si tienen menos, tendrían que un poco ajustarse a este requerimiento técnico.
Si tienen menos y tienen que ajustarse, se extiende un poco el plazo...
En realidad el plazo no se extiende, ya estarían incumpliendo. Lo que nosotros hemos establecido es ir haciendo esta gestión en paralelo tanto de control como de asesoramiento que estamos haciendo y socializando para llegar a fin de mes y dar los datos precisos de cuántos ya están interoperando y cuántos faltarían.
¿El ECU911 sancionará a quienes no se acojan a lo establecido por decreto ejecutivo?
Nosotros no tenemos competencia para establecer sanciones, más bien tenemos competencia para efectuar el control. Lo que haremos será comunicar a la autoridad competente para que actúe conforme a derecho las novedades que encontremos en cualquier proceso, si hay alguna irregularidad o hallazgo.
¿Cómo se va a manejar el tema de la entrega de videos a la ciudadanía si se lo requiere?
Siempre que la autoridad pertinente lo requiera se lo daremos en el tiempo que ellos lo estimen necesario. (A) todos los videos vamos a tener acceso. Hay que recordar que se pueden entregar estos videos con una orden judicial, porque son temas de seguridad pública.
Esos temas, realmente el procedimiento nunca ha cambiado. Siempre ha sido mediante orden fiscal o judicial, que se provee para temas de aspectos judiciales. No vamos a poder otorgarles videos sin una autorización. Incluso ni siquiera la autorización porque nosotros manejamos, y la resolución nos establece, un sistema electrónico de intercambio para que justamente estos medios probatorios vayan directo con Fiscalía y Consejo de la Judicatura.
De tal manera que a través de esa herramienta ellos nos piden, llámese esto videos o cualquier otra prueba que requieran, y automáticamente le enviamos. Ya no necesitamos como que la formalidad de... te notifico, te entrego el oficio; es directamente a través del sistema.
¿Un ciudadano no puede solicitar directamente un video?
El ciudadano debería acercarse a la Función Judicial, sea esto Fiscalía o Consejo de la Judicatura, porque a través nuestro la herramienta automáticamente lo pide el fiscal y se lo enviamos.
Se habla de los barrios conectados, ¿cómo va a ser ese proceso?
Este es un esquema bastante abierto. Para las empresas privadas, que hemos denominado así, en las cuales también entrarían las urbanizaciones, no es obligatorio. Sin embargo, si lo solicitan, nosotros vamos a darle este acceso y monitoreo gratuito en el momento que lo requieran. Deben también cumplir con los requisitos establecidos.
¿Qué sucede actualmente en Durán? ¿Cómo se va a trabajar en ese cantón?
Nosotros no teníamos una conexión con el cantón Durán. Sin embargo, estamos haciendo las gestiones por cuanto, en este caso, la Autoridad de Tránsito de Durán (ATD), que tiene una cantidad de cámaras importante, está intervenida. Entonces está en un proceso judicial, fiscal, que no podríamos entrar a obtener esa interconexión directa hasta que la autoridad la autorice.
Sin embargo, el resto de cámaras (de la corporación municipal) ya estamos también articulando para poder tener acceso. Esperemos que ya la próxima semana estén interconectados con Durán.
En el caso de Guayaquil, ¿cómo se va a trabajar?
Hasta antes de esta resolución no teníamos un control total de todo lo que hacía el servicio de Segura EP, ahora vamos a tener acceso total al 100 % y van a estar controlados por nosotros. Vamos a ser una especie de auditor del servicio que ellos dan, vamos a hacer una especie de inventario de cuántas cámaras disponen, en qué zonas están operando o no están operando, si están atendiendo correctamente las emergencias.
Nosotros vamos a controlar la gestión.
¿Cómo se está trabajando o va a trabajar en materia de seguridad informática?
Justamente todos esos temas, aspectos informáticos, son los que se ha previsto que nosotros tenemos que controlarlos. Nosotros vamos a poder establecer justamente eso, si hay fuga de información, si realmente el servicio está direccionado a seguridad ciudadana o seguridad pública en realidad; todo ese control lo vamos a poder realizar y, obviamente, nuestro sistema y plataforma tecnológica velará para que no haya este tema de hackeos, etc.
La normativa es bastante amplia, se nos dice que debemos tener data centers guardados justamente al ser una entidad que va a controlar a todas las entidades públicas en tema de sistemas de videovigilancia. (I)
