El Consorcio Jurídico Honespro, una coalición de abogados expertos en materia penal, societaria, civil, de familia y derecho inmobiliario, retomará en las próximas semanas su programa de consultorías jurídicas gratuitas para la población vulnerable y de bajos recursos. El Consorcio que ha trabajado, celebrando alianzas estratégicas con los miembros de diversas comunidades parroquiales eclesiásticas, realiza esta labor desde 2018 a través de su proyecto denominado Ágape social: aliviando la pobreza legal.

Lo ha hecho en la parroquia eclesiástica el Buen Pastor de Turubamba con el padre Moacir Goluard. También en la parroquia eclesiástica Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Llano Chico, con el padre Cristian Luje; asimismo, en la iglesia católica San Pedro Apóstol de Luluncoto con el padre Daniel Mejía y en la parroquia San José Obrero con el padre Orlando Corrales.

Gabriela Estacio, vecina del Comité del Pueblo, cuenta que Honespro le asesoró en su divorcio. Comenta que aunque el tema del divorcio ya concluyó, su lucha aún no termina, pues está pendiente el juicio de alimentos. En este tema está analizando a través de la asesoría llegar a un acuerdo de mediación con su excónyuge.

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Entre tanto, Orlando Corrales, párroco de San José Obrero del Comité del Pueblo, destaca la labor de este equipo calificado de abogados en la asesoría gratuita. Explica que hay un segmento muy significativo de la población que no puede pagar los altos costos que representan una asesoría jurídica, pues no están al alcance de sus posibilidades. Da alegría y satisfacción que haya personas que se benefician de esta labor, dice el padre.

Sandra Benítez, parte del consorcio Honespro, recuerda que en el Comité del Pueblo, luego de tener el visto bueno del párroco Orlando Corrales, se propuso el proyecto al Consejo Parroquial y a los grupos apostólicos que forman parte de esta comunidad. “Nuestra estrategia de servicio consistía en difundir que después de cada eucaristía habría un grupo de abogados dispuestos a atender sus primeras consultas legales sin costo. En el periodo de 2018 a 2019 pudimos atender aproximadamente a unas 150 personas quienes requerían ser escuchadas y que se les pudiera ofrecer una salida a su conflicto”, comenta. Además asegura que a más de solventar varias consultas, algunos casos derivaron en procesos judiciales, en los cuales ya se cobra una cantidad módica.

Benítez explica que con la llegada de la pandemia ya no se pudo continuar en modo presencial ni con la misma frecuencia en la atención a las personas, pero siguieron atendiendo llamadas y realizando asesorías vía Zoom. “Ahora estamos por reiniciar un nuevo ciclo de asesorías presenciales gratuitas a finales de marzo de este año y empezaremos también a ofrecer una herramienta de solución de conflictos que es la mediación que es una alternativa para que muchas más personas resuelvan sus problemas estrechando la mano del otro”, explica.

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Explicó que la mediación ya es una estrategia óptima existente en la Constitución desde 1998 y que continúa vigente en la actual de 2008, en ambas se incorporan los medios alternativos de solución de conflictos. En la Ley de Arbitraje y Mediación del 2006 se crea el marco jurídico general para su funcionamiento.

La jurista explica que es una alternativa voluntaria, no obligatoria, honesta, sencilla, menos lenta y costosa, para resolver conflictos donde las partes con la colaboración de un mediador imparcial, profesional y especializado en la materia y usando un diálogo respetuoso pueden llegar a un acuerdo definitivo. “Es importante destacar que se puede mediar solo aquellas materias y asuntos que se pueden transigir”, recuerda Benítez.

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Para Benítez la mediación es una excelente iniciativa, ya que las partes involucradas en un conflicto deciden la forma para definir la solución: “el escucharse directamente, el aceptar ceder para “ganar ganar” y todo esto dirigido por un tercero imparcial y capacitado en la materia a transigir abre un mundo paralelo de resolución de problemas de manera más amistosa, sana y rápida”, asegura.