Los embarazos de adolescentes en Tungurahua han aumentado desde la pandemia del COVID-19

Lorena llegó días atrás a un consultorio del médico familiar en Ingahurco, barrio en el norte de Ambato. La joven de 17 años llevaba en sus brazos a su pequeño hijo de año y medio.

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La abuela del bebé y madre de la muchacha recuerda que antes de que su hija tuviera 16 años les comentó que estaba embarazada.

A pesar de que eso significaba un cambio, la familia no la abandonó y la apoyó para que estudie principalmente. Está en tercer año de bachillerato y aspira a sacar su título profesional en derecho penal.

“El estudio le servirá para ella misma y para criarle a mi nieto. Por esa razón, ni nosotros como padres ni tampoco los dos hermanos mayores le hemos dejado de apoyar tanto económica como moralmente”, sostiene la mujer.

Al hablar del padre del niño, la abuela dice que su hija fue víctima de un engaño. Por buscar trabajo, la citaron a un hotel cuando se vivía lo más crítico de la pandemia del COVID-19. Quien ofreció emplearla ahí se habría aprovechado de ella.

Dijo que pusieron la denuncia, pero desde aquel año esperan que se encuentre al responsable para que se haga justicia.

Los embarazos de adolescentes en Tungurahua aumentaron durante la pandemia.

Maritza Gamboa, presidenta del colectivo Ana de Peralta, dijo que en la época de la pandemia se registraron 300 casos de mujeres de hasta 17 años que dieron a luz, algunas por violación, violación por incesto o estupro.

Se lamentó de que no hay información desagregada por edad para determinar si las víctimas dieron a luz por primera vez o si hubo otras ocasiones, quiénes son los padres, si están o no estudiando.

Dijo que el mayor porcentaje se registra en Ambato, seguido del cantón Pelileo.

Saida Haig recordó que, cuando estuvo en la Viceprefectura de Tungurahua, con el Ministerio de Salud Pública (MSP) se trabajó en el programa para disminuir la desnutrición infantil en la provincia. En ese momento, la labor se enfocó en las mujeres de 13 a 19 años que estuvieron en estado de gestación, y se contabilizaron 380.

“Lo que buscamos es ver que tengan una alimentación adecuada durante el periodo de gestación y en el de lactancia”, dijo, y sostuvo que el grupo de adolescentes de entre 16 y 17 años fue el de mayor número.

Añadió que los embarazos son motivados especialmente por la situación económica, falta de control de la familia o también por la carencia de afecto y apoyo en el interior del núcleo familiar, pero que también había casos que fueron producto de violencia o violaciones.

Haig explicó que en algunos sectores se evidenciaron problemas graves por el consumo de licor, lo que en ocasiones deriva en la violencia en contra de las niñas y adolescentes por parte de parientes, familiares o amigos.

Ella consideró que no solo las autoridades, sino toda la sociedad, deben trabajar para concientizar sobre la importancia de eliminar este tipo de agresiones y, sobre todo, denunciar, porque a veces se lo toma como algo normal o no se lo hace por temor.

La coordinadora zonal 3 de Educación, Paulina Salazar, aseguró que se activan todas las rutas y protocolos que se deben seguir en los casos de embarazos que se detectan en las unidades educativas.

Añadió que, una vez que se identifica a una estudiante en situación de embarazo o incluso de paternidad, se activan los protocolos de atención dentro del sistema educativo para evitar el abandono o la deserción escolar, y que se les brinda el acompañamiento pedagógico permanente hasta que terminen los estudios.

Además, señaló que también se coordina con el MSP para que en su ámbito atienda físicamente y psicológicamente tanto a la madre como al niño que está por nacer. En el caso de que se presuma que alguna estudiante fue embarazada mediante violencia sexual, también se activan las rutas y protocolos frente a la situación.

Informó que se coordina con la Fiscalía y el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y que se activan como Junta Distrital de Resolución de Conflictos con el fin de brindar acompañamiento permanente a los estudiantes que atraviesen estos casos.

Salazar comentó que el mensaje que se procura emitir de manera permanente a los niños y jóvenes es que no callen y que, cuando sean víctimas de cualquier tipo de violencia, avisen en forma interna, porque en las unidades educativas se cuenta con los DECE (departamentos de consejería estudiantil), docentes tutores y autoridades institucionales para poder guiarlos y acompañarlos en estos procesos.

Dijo que se trabaja mediante diferentes actividades, como la escuela para padres, en la que se coordina con los estudiantes, docentes y padres de familia el módulo de prevención de embarazo adolescente y metodologías de educación sexual integral.

La profesional sostuvo que la corresponsabilidad en la educación es un factor indispensable para que los alumnos se desarrollen tanto dentro de las aulas como fuera de ellas.

También contó que se articula con el MSP, que es el que también maneja la información, con el fin de que pueda acompañar en charlas y talleres acerca de salud sexual y reproductiva.

Desde el 2021, los estudiantes realizan el curso Oportunidades Curriculares en Educación Sexual Integral, entendiendo que la información es un factor indispensable en el sistema educativo. (I)