Vivieron la violencia en su hogar y en unos casos resultaron heridos y fueron testigos del crimen de sus madres a manos de sus padres, padrastros, familiares o de las parejas sentimentales de ellas. Otros en cambio las vieron en un ataúd tras recibir la desgarradora noticia de que no volverían a tener sus cuidados, su compañía, su guía, sus abrazos...

Son los huérfanos que quedaron tras los femicidios de sus madres, el delito con el que se sanciona la expresión más extrema de la violencia en contra de la mujer por el hecho de serlo o por su condición de género.

Y hay casos en que los hijos se quedaron sin ambos progenitores, ya que unos se suicidaron tras matar a las mujeres; otros están en prisión y otros huyeron para no responder a la justicia.

En Ecuador no hay una cifra estatal oficial que exponga cuántos menores han quedado en la orfandad desde que en el país se tipificó este delito, en agosto del 2014; cuántos son hermanos; cuántos tuvieron apoyo psicológico y otras medidas que intenten reparar en algo el trauma y el vació que deja la ausencia de sus madres.

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No obstante, desde la sociedad civil, la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, que agrupa a siete organizaciones que desde el 2017 intenta hacer un registro de este delito ante su repunte, recabó parte de aquella información y la plasmó en un mapa.

La información, cuentan sus representantes, no es completa. Hay subregistros y faltan datos sobre todo de los años 2014, 2015 y 2016, pero es una muestra del impacto que causan los femicidios en el país, esta violencia extrema cada día termina con más vidas de mujeres.

En este registro de la sociedad civil hay 1.095 huérfanos por femicidios en Ecuador desde el 2014 hasta el 2020. De esta cifra, al menos 570 (más del 50% del total) están en las provincias de Guayas (con 251), Pichincha (con 166) y Manabí (con 153), las que más habitantes concentran en el país.

El mapa de los huérfanos por femicidios en Ecuador que levantó la Alianza por el mapeo de los femicidios del Ecuador. Y los estados de las causas de los femicidios que registra o ha procesado la Fiscalía del Ecuador desde agosto del 2014 hasta mayo del 2021. Foto: El Universo

Estos menores de edad son los hijos de al menos 445 víctimas de este delito.

Los gremios de la sociedad reportan 850 femicidios en todo el país entre enero del 2014 y diciembre del 2020, aquí incluyen todos los registros de muertes violentas en contra de mujeres. Y aquellos datos se exponen en mapas que elabora esta alianza y que hace visible esta problemática también por provincias.

La Fiscalía General de Ecuador registra a 479 víctimas de femicidios en casi siete años, desde el 10 de agosto del 2014, que entró en vigencia el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y con ello la tipificación de este delito, hasta el 30 de mayo de este 2021.

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Y en ese mismo lapso (casi 7 años), la Fiscalía expone que hay 1.166 muertes intencionales (fueron con voluntad de acabar con sus vidas) de mujeres en Ecuador. De estas, la mayoría, 571, fueron por asesinatos; seguida de los femicidios, con 479; de los homicidios, con 102, y del sicariato, con 14.

Pero no se habla de sus hijos o de los huérfanos que quedaron.

En el mapa que expuso en días pasados la Alianza para el Mapeo de los Feminicidios en el Ecuador, además de ubicar a 1.095 huérfanos por este delito en Ecuador, se analiza también la tasa de incidencia de la orfandad por cada 100.000 habitantes.

Así, Sucumbíos, con 2,2, y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 2,1, son las provincias con la mayor tasa de orfandad por femicidios de acuerdo a su población.

La carrera de Ingeniería Geográfica de la Universidad de las Fuerzas Armadas (ESPE) y la Fundación ALDEA elaboran estos mapas, como parte de un proyecto de vinculación con la sociedad, cuentan representantes del gremio.

“Desde el 2017 estamos intentando hacer un registro de los femicidios porque vimos un repunte de estos casos y de la violencia. Hemos hecho varios esfuerzos como sociedad civil…, uno de esos datos es el de los hijos… Hay vacío enorme (por parte del Estado) en cuanto al seguimiento de hijos e hijas víctimas de femicidios… La tarea pendiente (del Estado) es cómo concretar la política pública que dice que va a reparar el daño, que llegue a esos hijos e hijas y que no quede en el papel. El Estado debe encontrar el mecanismo para hacer la entrega del bono (que se ofreció)”, dice Geraldine Guerra, de la Alianza para el Mapeo de los Femicidios en Ecuador.

Tras un femicidio quedan graves consecuencias en los menores y en sus entornos, sostienen expertos, ya que muchos de estos pasan a vivir en otros ambientes, con abuelos, tíos, hermanos mayores, parientes más lejanos e incluso con familiares del implicado en el asesinato de su mamá. Y hay casos en que los hermanos son separados porque una misma familia no puede hacerse cargo de todos. Otros, al no tener quién pueda cuidarlos pasan a manos del Estado, a vivir en hogares estatales hasta que cumplan la mayoría de edad, 18 años.

Además de asumir la responsabilidad de criar a los niños que se quedaron sin sus mamás hay otros factores que impiden “aliviar en algo” aquel dolor o que se le restituyan sus derechos, como los escasos recursos que tienen quiénes los acogen y los traumas que quedan en los menores.

La mayoría de estos niños no reciben tratamiento o ayuda psicológica para tratar de superar aquel trauma y salir adelante sin sus madres, cuentan representantes de instituciones defensoras de los derechos de la mujer y de la familia.

“Queda un vacío que no se llena. Por un lado, pierden a un ser amado… Y sus vidas cambian, principalmente en los adolescentes, es más difícil adaptarse a otros medios familiares… Entran en depresión, han caído en drogas, en pandillas. Muchos son víctimas de violencia… y luego repetirán lo mismo con sus hijos y familias”, cuenta Annabelle Arévalo, psicóloga del Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam).

Ella y la entidad en la que trabaja atienden de cerca y ayudan a familias víctimas de la violencia. Cuenta que lo más triste es cuando estos niños y adolescentes, huérfanos por los femicidios, caen en pandillas y drogas.

Sostiene que en Ecuador no hay políticas públicas integrales destinadas a la educación, a la protección y la prevención de la violencia de género, así como a la reparación de los derechos vulnerados, como en el caso de los niños huérfanos.

Incluso, dice, no se logra romper con este círculo intergeneracional de violencia, donde 6,5 familias de cada diez viven en violencia, según encuestas nacionales.

Las trabas para alcanzar el bono por el femicidio para los hijos menores de edad

Casi a los dos años del femicidio de Germania Quiroz, de 23 años, que ocurrió en la comuna Buenos Aires, en la provincia de Santa Elena, el 18 julio del 2019, el Tribunal Penal de Santa Elena sentenció a 40 años de prisión a Claudio V., su conviviente, como autor de este delito. El hombre apuñaló a la mujer primero en el hogar y luego en la carretera Guayaquil-Salinas, a donde la víctima mal herida alcanzó a llegar en su intentó por escapar. La mamá de Germania también fue apuñalada al intentar defender a su hija.

Aquel 18 de julio quedaron huérfanas por femicidio dos niñas, de 4 y 6 años. Ellas podrían aplicar para recibir el bono por femicidio, pero en la comuna nadie sabe de su paradero, ya que la familia de Germania huyó del lugar tras recibir en ese entonces amenazas de muerte por parte del acusado.

Ubicar a los huérfanos por femicidios es uno de los limitantes para que ellos se beneficien de políticas protectoras por parte del Estado.

En marzo del 2019, a través del decreto ejecutivo 696, se creó un bono o compensación económica para los niños que quedaron huérfanos por el femicidio de sus madres. Al Ministerio de Inclusión Económica y Social (Mies) se le dio la responsabilidad de entregar estos pagos.

En su momento se indicó que este bono nacía para “limitar los impactos negativos de la experiencia traumática de orfandad que experimentan los niños, las niñas y adolescentes, menores de 18 años, derivada de la muerte violenta de sus madres por razones de género”. Y que serviría para garantizar como mínimo la alimentación, vivienda, ropa y asistencia médica.

En ese entonces el plan arrancó con 20 niños, pero debían alcanzar los 108 que cumplían con los requisitos que establecía el decreto, entre estos: tenía que haber una sentencia ejecutoriada (donde conste que fue femicidio); estar en situación de extrema pobreza (según el registro social) y el familiar o representante debía contar con un documento autorizado por un juez que avale que estaba a cargo del o de los niños.

Para ese año, 2019, se habló de que el Gobierno (de Lenín Moreno) iba a destinar unos $ 300.000 en ese año para el tema de los bonos por femicidios. Ahí se dijo que el monto por beneficiario se calcularía en base a la Remuneración Básica Unificada (RBU). Y era: el 20,49% de la RBU en caso de un hijo; el 43,13% si eran dos hijos; y el 54,23% para tres hijos.

Ya en esa fecha, Berenice Cordero, quien era la titular del Mies, decía que había dificultades de coordinación e información entre las entidades de justicia. Una era que en los expedientes de las víctimas de femicidio no constaba, por ejemplo, el número de hijos y se debía hacer una investigación adicional para ubicarlos. Otra era la identificación del tutor, complicada porque unos padres se suicidaban o estaban detenidos y no existía ese tutor o responsable legal.

Por ello se pensó en reformar aquel decreto, pero eso no sucedió.

Para mayo del 2020, y ya con la pandemia en curso, eran 34 los beneficiarios del bono por femicidio, dinero que solo cubre hasta tres menores huérfanos por núcleo familiar.

Datos de los femicidios y muertes violentas en contra de las mujeres registradas en 7 años por la Fiscalía del Ecuador y también por gremios de la sociedad civil. Foto: El Universo

Según el MIES, hasta mayo del 2021 existen 97 titulares del bono. De ellos, 44 son hombres y 53 mujeres; 51 entre niños y niñas, y 46 son adolescentes.

El contar con una sentencia ejecutoriada, como dispone, el reglamento, es uno de los mayores limitantes, coinciden Geraldine Guerra, de la Red de Casas de Acogida del Ecuador (para víctimas de violencia de género), y Annabelle Arévalo, psicóloga de Cepam.

En las cifras de la Fiscalía del Ecuador, de 473 causas por femicidios ingresadas entre agosto del 2014 y mayo del 2021, solo 188 han tenido sentencia condenatoria, dentro de las 240 que se consideran resueltas.

Las 233 causas restantes todavía no están resueltas porque están en procesos en curso. La mayoría de estas, 135 están en investigación previa.

Así, si se basan en las 188 sentencias condenatorias (que están ejecutoriadas y en las que hay un culpable por femicidio, por en otras extinguió la acción, hubo sobreseimiento o se declaró inocente al investigado), se estima que más de 100 hogares podrían recibir el bono por los niños huérfanos por femicidios.

Pero no solo hay huérfanos por femicidios. También están los huérfanos cuyas madres murieron en actos violentos como asesinatos, sicariatos y homicidios. Incluso grupos defensores de derechos humanos cuentan que aún hay casos que siendo femicidios se los termina procesando por homicidio o asesinatos. Ahí la cifra de los menores en orfandad ascendería.

En casi 7 años, entre el 10 de agosto del 2014 y el 30 de mayo del 2021, en Ecuador hubo 1.166 crímenes intencionales de mujeres, es decir, hubo la voluntad para matarlas. (I)