Un contrato firmado entre la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) y un consorcio privado para instalar fotorradares en Cuenca genera cuestionamientos. El contrato se firmó en agosto del 2018 y sigue vigente.
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Miembro de un foro ciudadano colocó una denuncia en la Fiscalía.
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Un contrato firmado entre la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) y un consorcio privado para instalar fotorradares en Cuenca genera cuestionamientos. El contrato se firmó en agosto del 2018 y sigue vigente.
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A los siete implicados se los acusa de utilizar su influencia en el CPCCS, de coordinar acciones con operadores políticos y manipular procesos institucionales.
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