Contrato de fotorradares tiene reparos de ciudadanos en Cuenca; Contraloría emitió observaciones

Un contrato firmado entre la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) y un consorcio privado para instalar fotorradares en Cuenca genera cuestionamientos. El contrato se firmó en agosto del 2018 y sigue vigente.

Grupos ciudadanos y hasta el mismo alcalde Pedro Palacios han puesto reparos a ese contrato, que en solo unos meses generó más de $ 3 millones en multas.

Tras una denuncia hecha pública en el 2019, diferentes colectivos ciudadanos de Cuenca empezaron a buscar respuestas en las autoridades, porque consideraban que algo andaba mal en ese acuerdo. Uno de ellos es el Foro del Azuay, liderado por Rolando Hurtado Astudillo.

Él comentó que en varias ocasiones se ha reunido con las autoridades locales para hablar del tema, pero no ha tenido respuesta. Por eso, decidió ir a la Fiscalía para poner una denuncia, porque considera que en el contrato de esta alianza estratégica se pudieron configurar algunos delitos contra la eficiencia de la Administración pública que están tipificados en el Código Penal.

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En julio del 2019, el recién electo alcalde de la ciudad, Pedro Palacios, denunció la existencia del contrato entre la Empresa Pública de Movilidad (EMOV EP) y un consorcio privado para instalar fotorradares.

Ese día, cuestionó ese convenio al indicar que “a pretexto de la realidad, de una mejor cultura y educación vial se haya estado metiéndole la mano al bolsillo de los cuencanos de una forma inmisericorde”.

El tema fue auditado por la Contraloría General del Estado. En el informe definitivo concluyó que hubo varios incumplimientos.

El contrato entre los representantes de la EMOV EP y el consorcio Traffic Safety Azuay (TSA) se firmó en agosto del 2018. El tema generó polémica porque, según las autoridades, entre abril y julio del 2019 se sancionó a 27.000 ciudadanos, lo que significó un monto de $ 3′191.400.

El examen especial de la Contraloría analiza lo ocurrido entre enero del 2017 y el 31 de julio del 2020, lo que incluye un monto de $ 10´839.883,30, de los cuales el Municipio se quedó con el 63 %.

En el informe se indica que hubo “estudios de prefactibilidad, sin análisis económico actualizado, respaldo de estadísticas de siniestralidad y certificación de disponibilidad de fondos que sustente la viabilidad de un aliado privado”.

Al analizar el concurso público, en el que inicialmente hubo tres ofertas, se observan algunos detalles, como que la publicación no se efectuó en un periódico local, sino únicamente en uno de tiraje nacional, por lo que, según los auditores, se inobservó el artículo 15 del reglamento emitido por el directorio de la empresa.

También encontraron que los miembros de la comisión técnica afectaron los principios de transparencia, legalidad, igualdad, concurrencia y publicidad del proceso de selección del aliado estratégico, “por cuanto procedieron, sin autorización del gerente general, a modificar las fechas del cronograma para las diferentes etapas, aprobadas en las bases del concurso; y adicionalmente aplicaron diversos criterios para calificar el cumplimiento de los requisitos por parte de los oferentes”.

Otro tema que determinaron fue que, al dar la EMOV un contrato a un grupo privado para que controle la velocidad en varias calles y avenidas de Cuenca, delegó competencias a un ente privado, a pesar de que esa facultad solo la tiene la institución pública.

Según los auditores de Contraloría, el consorcio TSA ha incumplido varias exigencias, como presentar evidencias sobre una inversión inicial conforme lo establecido en su “oferta económica”, así como que no les entregaron la nómina del “personal requerido para la operación”.

Ya en la parte operativa, encontraron que tres de los diez fotorradares no fueron implementados en el plazo previsto en el contrato hasta el 12 de septiembre de 2019, fecha incluida en el plazo establecido en la cláusula quinta del convenio.

Aquí también se menciona que “no se (sustentaron) técnicamente las razones por las cuales se generaron cambios de ubicación o falta de instalación de varios fotosensores”.

El examen especial concluye que hubo “deficiencias en el establecimiento de los horarios de funcionamiento de los fotosensores” y no se fijaron horarios con base en lo estipulado en el estudio de prefactibilidad.

Otro aspecto supuestamente incumplido es el proceso de recuperación de cartera vencida. El informe detalla que esto no se ejecutó “pese a que constituyó una obligación del citado consorcio”, lo que ocasionó que exista una cartera vencida mayor a 61 días, por el valor total de $ 5′143.477,80. Además, se descubrió que por errores de digitación se anularon infracciones de tránsito y la EMOV dejó de percibir $ 6.997,20.

Sobre este y otros puntos analizados, la Contraloría emite algunas recomendaciones dirigidas al gerente general y al directorio en el sentido de verificar, a futuro, el cumplimiento de estos puntos por parte del consorcio privado, pero en ninguno se refiere a cancelarlo por los incumplimientos descubiertos.

Ante las observaciones de Contraloría, representantes del consorcio expusieron su versión en el examen especial. Sobre el no cumplir con la inversión inicial, respondieron que “es pertinente indicar que la oferta presentada en su debido momento forma parte habilitante de este contrato, y en la misma constan los montos propuestos, analizados y aceptados por la EMOV EP para los diferentes productos del contrato (…)“.

Sobre los tres radares no implementados, el gerente de Operaciones de TSA comentó que los puntos de control 4 y 5 por el momento deberán ser controlados por dispositivos móviles, debiendo contar con dispositivos disuasivos e infraestructura necesaria para la colocación de los fijos “cuando las circunstancias lo ameriten”.

Justifican que están esperando “la ejecución de la obra en lo concerniente al reasfaltado”, y en vista de que la EMOV EP no realiza trabajos de reasfaltado, se le coadyuvará para hacer los trámites ante las instancias pertinentes.

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Respecto a la no recuperación de la cartera vencida, expusieron que desde los primeros días de octubre iniciaron el proceso de recuperación con personal propio, y que la administración del contrato de alianza para habilitar la prohibición de matrícula en el sistema de la Agencia de Tránsito no fue implementado por la EMOV, situación que afectó las gestiones.

Sobre este informe, el alcalde Pedro Palacios aseguró que ellos actuarán en derecho y cumplirán fielmente lo que aquí consta.

Rolando Hurtado Astudillo, del Foro del Azuay , comentó sobre la denuncia que su interés como director de este grupo es netamente cívico, para descubrir la verdad en beneficio de la ciudadanía.

La denuncia que él colocó, por ahora, es de carácter reservado y se encuentra en la fase de investigación. (I)