“¡Cuidado, barrio unido! Ladrón agarrado, ladrón linchado y quemado’: en Cuenca, vecinos toman la justicia por mano propia y Fiscalía advierte de consecuencias legales

El incremento delictivo en Cuenca ha generado un ambiente hostil en la ciudad y la reacción de la ciudadanía para enfrentar la problemática por cuenta propia.

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Eso se evidencia con letreros con mensajes de amenazas de muerte a los presuntos delincuentes, pero que pueden ser inocentes, tal como ocurrió en octubre pasado cuando el populacho se confundió y mató a un hombre en la parroquia San Joaquín.

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En barrios considerados residenciales y zonas altamente comerciales los vecinos están a la defensiva y, según ellos, tienen razones más que justificadas para aplicar su propia justicia.

En la esquina de las calles Vargas Machuca y Lamar hace un par de meses se colocó un rótulo con el siguiente mensaje: “¡Cuidado, barrio unido! Ladrón agarrado, ladrón linchado y quemado. Vecinos en alerta”. La frase es acompañada de una imagen de un hombre con un antifaz encerrado en un círculo con llamas.

El gráfico está encima del negocio de Antonio Pesántez, dueño de una tienda de abarrotes localizada en esa intersección, quien asegura que esta iniciativa se dio para contrarrestar la delincuencia presente en los lugares que rodean este espacio, como la Plaza Rotary o el mercado Nueve de Octubre, consideradas zonas rojas por la venta de drogas y prostitución.

El comerciante menciona que parcialmente han logrado su meta, porque a raíz de esta advertencia “ya no se les ve mucho, como que se han ahuyentado”, pero que aún siguen firmes para que en caso de encontrarse con algún antisocial “meterle su buena piza (golpiza)”.

En la calle Sucre hay otro rótulo donde se lee “Negocios organizados. Ladrón agarrado, ladrón quemado”. Más arriba, sobre la calle Benigno Malo hay otro mensaje: “Ladrón agarrado se le dará una paliza por el vecindario”, y así, en otros espacios.

A una cuadra del negocio de Antonio Pesántez colocaron otro letrero similar, pero allí los vecinos prefieren el anonimato por temor a represalias de los antisociales.

Una mujer contó que la presencia masiva de pillos generó mermas en las ventas, porque la gente no iba por temor a ser atracada lo que derivó en que algunos negocios quiebren.

Cuenta que los vecinos son unidos y cuando apenas suena la alarma comunitaria todos salen armados con palos o lo que tengan a mano, nada de armas letales o blancas, precisa.

Los delitos son recurrentes y las mismas autoridades lo han reconocido públicamente.

El 30 de noviembre pasado Pablo Luna, jefe provincial de la Policía Judicial, en una rueda de prensa afirmó: “En los últimos tres meses tenemos un incremento (de robos) a domicilios y a las unidades económicas”.

Víctor Quito, presidente de la Federación de Barrios, sostuvo que las estadísticas no siempre reflejan la realidad porque hay gente que prefiere no denunciar porque, según le han comentado otros dirigentes, el proceso es muy engorroso.

Quien discrepa con esta posición ciudadana de tomarse la justicia por su propia cuenta es el fiscal de Azuay Leonardo Amoroso, basándose en que Ecuador es un Estado de derecho en el que se debe seguir un debido proceso, a pesar de que, también para él, es notorio el incremento de actos delincuenciales.

Golpear a un antisocial es, a su criterio, fomentar la anarquía, porque hay ocasiones en que la víctima resulta ser inocente. Recuerda el caso de José Luis Montuano Vergara, ocurrido el 23 de octubre pasado.

Ese domingo el hombre llegó a un hostal de la parroquia rural San Joaquín para en forma amenazante preguntar por una mujer.

No la encontró y salió del lugar. A una cuadra fue atrapado por unas 50 personas que le pegaron hasta mandarlo inconsciente al hospital, en donde finalmente murió.

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Julio Montuano, padre de la víctima, llegó desde Quevedo para retirar el cadáver del centro forense, pero antes de regresar aconsejó a la gente que primero debía averiguar la realidad de las cosas y en vista de que era complicado reconocer al culpable, lo dejó “todo en las manos de Dios”.

Esta es, a decir del fiscal Amoroso, la delgada línea de aplicar estas reprimendas, que incluso pueden traer consecuencias legales como una demanda por delitos como intento de asesinato, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.

Del caso de San Joaquín el funcionario dice que no hay acusados, pero lo que le llamó la atención es que en la escena estuvieron policías que pudieron hacer algo más que parar la golpiza. (I)