Milton Castillo cree que su remoción como delegado de la Defensoría del Pueblo en Galápagos se debe a presiones por las acciones que emprendió desde sus funciones para velar por los derechos humanos y de la naturaleza, como su intervención en el caso más reciente de tráfico de fauna protegida en el que se condenó a un policía a tres años de cárcel, pero que, según el abogado de profesión, no se han tomado en cuenta otras líneas investigativas.