La ruta de los niños migrantes: se estima que anualmente salen 4.000 menores solos a reencontrarse con sus padres en Estados Unidos

Cuenca El caso del niño de cuatro años que emigró desde esta ciudad y fue encontrado en la frontera entre México y Estados Unidos solo con su pasaporte no es un caso aislado. Hay cifras oficiales sobre los viajes infantiles y dramas sociales detrás de los números.Patricia trabaja desde hace ocho años en una escuela rural de Cuenca y para ella es doloroso ver como de a poco sus alumnos han sido llevados por sus padres a EE. UU.; a pesar de que les ha comentado los riesgos que implica migrar irregularmente, no ha podido convencerlos.Esta maestra cuenta que un medidor de esta realidad se da en varios escenarios; por un lado, el ausentismo al inicio del año escolar presencial que empezó la semana pasada en el régimen Sierra y, por otro, en la emisión de certificados de notas para que los chicos sean aceptados en una escuela de ese país.Dice que por factores económicos en la parroquia rural donde labora la migración ha sido una constante desde hace más de dos décadas, pero el fenómeno que se da en los últimos tiempos es que salen familias conformadas principalmente por madres e hijos, esto porque el papá ya está allá. Fue fuerte en septiembre del 2020, mayo y julio del 2022 justo cuando estaba por terminar el año escolar.Un aspecto que le llamó la atención es que en las aulas los niños más pequeños están conscientes de estos desplazamientos y ya saben que cuando un compañero no viene es porque salió del país. Como si fuera un consuelo comenta que de sus alumnos o padres de familia no ha habido fallecidos o perdidos en el camino, “solo detenidos y al final sí pasaron juntos al otro lado”.Tras la difusión de la fotografía del niño cuencano en la frontera, la viceministra de Movilidad Humana, Silvia Espíndola, refirió que en lo que va del 2022 se han reportado 12.921 ecuatorianos detenidos en frontera, de los cuales 2.991 son menores de edad. De este caso se logró llevarlo a un albergue y reunirlo con su madre que vive en el estado de Nueva Jersey.Esto es aparentemente un éxito porque el niño llegó “sano y salvo” a su destino, pero William Murillo, director de la organización de 1800 Migrante, refiere que el año pasado conoció que salieron en similares circunstancias algo más de 4.000 niños no acompañados y solo en agosto 600, lo que muestra que a los adultos no les importan mucho los riesgos, lo que vulnera sus derechos y voluntad.La ruta que siguen es la misma que los adultos, esto es Ecuador-Nicaragua–Guatemala–México–Estados Unidos, en avión y en tierra. Y aunque el coyote les ofrece que al entregarse a la Policía tienen su ingreso asegurado porque los menores que están sin adulto no son deportados.Pero les ocultan que si el padre o madre son indocumentados o tienen una orden legal de deportación, los infantes pueden quedarse en ese país a cargo de alguien más o del Estado porque se pierde la patria potestad.Pero el alto índice de viajeros irregulares contrasta con las denuncias colocadas en las fiscalías provinciales. Jorge Vélez, fiscal de Cañar, refiere que entre enero y septiembre del 2002 tienen el reporte de 13 casos: siete en el cantón Cañar, dos en La Troncal y cuatro en Azogues, lo que en términos generales significa el 0,5 por ciento de las causas receptadas. Todos están en fase de investigación. Uno de los factores que incide para que un delito tan común es que se llega a un acuerdo económico con el coyote y la gente desiste de continuar.En lo que coinciden Patricia (la maestra rural consultada) y William Murillo de 1800 Migrante es que el caso continuará mientras el Gobierno no adopte una política integral para generar empleo, emprendimiento y seguridad a los ciudadanos.La mañana del viernes, en la Corte Provincial de Justicia un Tribunal Penal confirmó en segunda instancia la medida cautelar de prisión preventiva de dos ciudadanos por el presunto delito de delincuencia organizada y tráfico ilegal de migrantes.Vicente Jiménez, abogado defensor de 36 perjudicados, contó que ellos pagaron entre $ 10.000 y $ 20.000 a cambio de recibir una visa a Estados Unidos, además de estadía, alimentación y domicilio. En vista de que el tema no se concretaba, los denunciaron a la Fiscalía.Según este abogado, los apresados son Irene Ch. e Ignacio V., quienes se presentaban como directivos de una compañía. El fiscal Fernando Sánchez dijo que el proceso continúa porque se presume que son 269 perjudicados, pues en el allanamiento de sus oficinas se encontró ese número de carpetas con datos de ciudadanos.En cuanto a una potencial sentencia y devolución de dinero, los consultados dijeron que eso es un proceso que tomará tiempo. (I)

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