Llega el lunes y en el Instituto del Riñón y Diálisis San Martín (INRIDI) los pacientes renales se reúnen para exigir respuestas a esta clínica sobre cuándo se retomará su atención con normalidad, luego del anuncio que realizó el presidente Daniel Noboa el pasado sábado 28 de junio: la asignación de más de $ 100 millones urgentes para atención prioritaria a la salud.
Los pacientes dicen que han vivido ‘un calvario’ pues se les ha suspendido una de las diálisis de las tres que se deben realizar semanalmente, debido a que la clínica no cuenta con los recursos necesarios para comprar los insumos. Esto debido a una deuda que asciende a más de $ 170 millones con el MSP y $ 80 millones con el IESS a nivel nacional.
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“La realidad es que nosotros no podemos esperar más”, indica Alejandro Solano Párraga, vocero de los más de 180 pacientes de esta dializadora que presta sus servicios a personas derivadas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y el Ministerio de Salud Pública (MSP).
“Nosotros tenemos que comprar los filtros, líneas y agujas, lo que nos cuesta hasta $ 50, a eso súmele $ 30 más de vitamina C, complejo B, hierro y otros líquidos. No podemos pagar $ 80 a la semana”, menciona Solano. “Aquí hay compañeros que han fallecido esperando la atención”.
Con respecto a la asignación de recursos prometida por parte del Gobierno, tanto los pacientes como la clínica sostienen que debe realizarse lo más rápido posible ya que la situación es insostenible.
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“Les hemos pedido (a los pacientes) que nos apoyen porque ya no aguantamos más; somos un centro de diálisis, no una corporación. En este mes yo incluso les he dado un pagaré a los proveedores para seguirles haciendo las diálisis”, indica Luis Serrano, director de INRIDI.
Además, asegura que no ha podido pagar los salarios de los trabajadores del centro desde enero del 2024. “Ahora solo nos despachan (los proveedores) con cheque a fecha y estamos empeñados”, asegura mientras intenta calmar a los pacientes que empiezan a levantar la voz a su alrededor.
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Por otra parte, Solano afirma que a pesar de que se han realizado numerosos plantones, el pasado 26 de junio tuvieron más repercusión y pudieron reunirse con el gobernador del Guayas, Vicente Auad.
“Hemos visto que en las autoridades lo que falta es voluntad; voluntad de servir y poder ponerse en los zapatos de un paciente renal”, narra Solano. “Vemos que Solca lanzó un comunicado y aparecieron $ 100 millones. No entendemos por qué los pacientes renales no tuvimos ese impacto en su momento”, concluye.
Finalmente, los pacientes decidieron acudir a la Gobernación, donde a pesar de que no se encontraba su máxima autoridad, se los recibió para conversar en una reunión privada sobre los plazos en los que serán distribuidos los recursos. (I)
