Alto Punino, la zona en la que fueron asesinados once militares, es un área en la que se han detectado actividades de minería ilegal.
Es una zona que está dentro del territorio ecuatoriano entre las provincias de Napo y Orellana.
A la zona llegaron el viernes los militares para realizar controles de minería ilegal y fueron atacados por Comandos de la Frontera, un grupo que nació con disidentes de la FARC.
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Lo inquietante es que el hecho no ocurrió en línea fronteriza, sino dentro de territorio ecuatoriano, con presencia de un grupo irregular con origen en Colombia.
En medio de este enfrentamiento del viernes cayó abatido alias Compadre, un guerrillero que el Gobierno ecuatoriano ha identificado como comandante en Ecuador de Comandos de la Frontera.
Edwin Cañizares, jefe de la IV División Amazonas, sostuvo que el grupo irregular armado Comandos de la Frontera es el responsable del atentado con fusiles y lanzagranadas.
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Se conoce que este grupo ha establecido nexos con Los Lobos, identificado como uno de los GDO que operan en el país.
Durante los últimos años, Los Lobos han estado implicados en ataques en zonas mineras, principalmente de Camilo Ponce, en Azuay, donde se han reportado asesinatos, secuestros y extorsiones en áreas mineras.
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Es un nuevo nicho que han encontrado los GDO para expandir su economía ilegal. Ya no solo son secuestros, extorsiones y droga, sino que la minería se ha convertido en otra fuente de ingresos.
La Cámara de Minería de Ecuador ha alertado de la presencia de grupos como Los Lobos y Los Tiguerones en actividades de extracción minera ilegal.
María Eulalia Silva, presidenta ejecutiva de la Cámara de Minería de Ecuador, este martes dijo que hay una narcominería en el país.
‘Hoy, el producto estrella del crimen organizado son minerales extraídos ilegalmente en Ecuador’, dijo Silva en Teleamazonas.
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La dirigente gremial señaló que Los Tiguerones están teniendo injerencia en zonas del norte y Los Lobos en el sur del país.
Sin controles, pero también con complicidad y corrupción, en algunas zonas se ha ingresado maquinaria para actividades mineras ilegales.
Silva señaló que no se trata de grupos comuneros que hacen ‘vaca’ para comprar maquinaria y hacer minería, sino de grupos capaces de movilizarse, ligados a mafias.
Una zona apetecida para la minería
En la zona del río Punino se practica minería legal con concesiones, pero también la ilegal con dragas, un tipo de máquina con tuberías que succionan el subsuelo en busca de oro.
Fundaciones y ONG que trabajan en la conservación de esta área han alertado de esta problemática.
Desde febrero del 2022, organizaciones han denunciado la presencia de campamentos y maquinaria de dragado en la zona. Estas actividades deforman el subsuelo y el curso del río Punino, además de contaminarlo, afirman.
“Hemos identificado dragas con la creación de piscinas conocidas como ‘relaveras’, en las que arrojan los residuos. En su actividad minería utilizan el mercurio, por eso dichas piscinas se ven de color turquesa, son aquellas donde ya ha sido utilizado este metal para la extracción de oro”, comentó un experto de una organización que pidió la reserva.
Contaminación de ríos que inquieta
En la provincia del Napo se inicia la cordillera Galeras, donde nace el río Punino que es uno de los afluentes del río Payamino, donde se capta el agua para potabilización y que abastece a unos 70.000 habitantes de la ciudad del Coca.
En un sobrevuelo militar se evidenció que la actividad minera se encuentra a unos dos kilómetros de la cordillera Galeras. Bosques talados y piscinas con agua color turquesa se observan en la zona de extracción minera.
Durante más de cinco años, los colectivos sociales de Napo han denunciado la violencia provocada por la minería ilegal a cielo abierto, en el sector de Punino, entre las provincias de Napo y Orellana.
Juan Carlos Ruiz, de la nacionalidad sápara, expuso que está prohibido contaminar los suelos y que los negocios con estas empresas deben ser con el consentimiento de las comunidades amazónicas.
Áreas desforestadas
De 2019 a 2021 se presentaron 32 hectáreas de deforestación asociadas a esta actividad, mientras que en el 2022, unas 185 hectáreas fueron arrasadas, según un nuevo reporte que publicaron fundaciones conservacionistas.
A febrero de 2023, al menos 166 hectáreas fueron deforestadas por la minería fuera de las concesiones legales, detalló una de estas fundaciones.
En la provincia de Napo había 153 concesiones que ha entregado el Estado ecuatoriano en 32.277 hectáreas. En Punino estaban registradas tres concesiones, según denunció la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador a finales de 2022.
En la asamblea de las comunidades amazónicas de Pastaza, el domingo 11 de mayo se pidió al Gobierno y autoridades que se apliquen políticas públicas y atención prioritaria a las comunidades donde están asentadas las empresas petroleras y auríferas.
¿Han defendido los ríos? ¿Han protegido la selva? El Estado les dio la espalda a los reclamos y demandas. Hoy, el costo de esa negligencia se vuelve tragedia nacional, escribió la organización Napo Turístico.
En una reciente reunión de comunidades en el Tena se expuso el problema de contaminación por la minería aurífera. “Antes teníamos agua en abundancia y ahora recibimos tanques plásticos para abastecernos”, expresó Victoria Zea, de la comunidad Shiripuno, donde se realiza ecoturismo y cultura indígena.
En Napo, la mayoría de los mineros son locales, pero también hay algunos extranjeros. “Los mineros son de la zona. Son taxistas, albañiles, gente que se dedicaba a la agricultura. Cambiaron su actividad por el oro. También hay colombianos y venezolanos que han venido a instalar sus actividades”, describió un conocedor de la zona que pidió la reserva de su nombre para hablar de este tema.
Los intentos por frenar la minería ilegal
Desde que se registró el ataque a la patrulla militar, el Gobierno dispuso reforzar los controles en las fronteras y la Amazonía.
El comandante general del Ejército, Henry Delgado, dijo que dos unidades de la Fuerza Terrestre refuerzan la vigilancia y patrullajes en la zona donde ocurrió el atentado.
A la actividad se suman la Fuerza Naval y Aérea, para patrullajes ribereños y sobrevuelos.
Delgado señaló este martes que con el trabajo de inteligencia y fuentes de información están tratando de identificar hacia dónde se están desplazando los grupos ilegales.
Sostuvo que se están realizando controles en ríos y carreteras para realizar un cerco. (I)
