La inseguridad en el país ha alcanzado niveles que preocupan no solo a la ciudadanía sino también a las autoridades. Masacres en cárceles, asesinatos a plena luz del día, asaltos a mano armada, robo de vehículos y distribución de drogas son, entre otros, los problemas que se evidencian en varias provincias.

Para frenar el auge delictivo, el Gobierno decretó el estado de excepción a escala nacional por 60 días. La medida se anunció el 18 de octubre, un día después de que en Guayaquil, Guayas, un menor de 11 años falleciera en una heladería durante un cruce de balas entre un asaltante y un policía.

El hecho conmocionó al país. Se dispuso, entonces, que las Fuerzas Armadas se unan al trabajo de la Policía Nacional en las calles, sobre todo en nueve provincias: Guayas, El Oro, Santa Elena, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sucumbíos.

Este Diario expone hoy los delitos más recurrentes en las provincias de la Costa. En estos meses, en Manabí, por ejemplo, se detectaron 40 zonas propicias para el aterrizaje clandestino de avionetas presuntamente relacionadas con el narcotráfico.

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A pocos días de que culmine el décimo mes del año, en esta provincia el número de muertes violentas ya superó el registro del 2020. Entre el 1 de enero y el 21 de octubre de este año hubo 159 asesinatos, mientras que el año pasado se dieron 121 crímenes.

Es decir, a unos 70 días de que termine este año hay un incremento de un 30 % de muertes violentas con relación al 2020.

Patricia Briones, presidenta del Frente Cívico de Manabí, indica que debe existir el apoyo del Gobierno, de las empresas y también de la ciudadanía para mejorar el trabajo de la policía, que actualmente patrulla junto a los militares las calles de esta provincia.

La exalcaldesa de Portoviejo cree que a los policías se los debe ayudar con herramientas, para que así mejore la seguridad. Considera necesario que se refuerce el trabajo policial, más aún cuando el sector empresarial incrementa su trabajo en épocas de Navidad y fin de año.

Un control ejecutado la semana pasada en Manta, Manabí, en el sector de la avenida Flavio Reyes. Foto: cortesía

Lucía Fernández, presidenta del Comité Cívico Interinstitucional de Manta, estima que también se debe apoyar a los policías con leyes que les permitan contar con autoridad ante un enfrentamiento con antisociales.

“Comenzando con nuevas leyes que determinen que la policía tiene autoridad ante el delincuente, porque actualmente el que tiene autoridad es el delincuente y no la policía. Mal podría pedirle al policía que actúe si no tiene garantizado primero su accionar como tal, porque no tiene la autoridad, no tiene ningún respaldo, son leyes mal hechas, se debe crear una nueva Ley de Seguridad”, propone la dirigente.

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Los robos a motos y carros han incrementado, por ejemplo, entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2020, se sustrajeron en la provincia 274 motos y 203 carros; en el mismo lapso del 2021, se robaron 377 motocicletas y 335 automóviles, es decir, aumentó entre el 38 % y 65 % el robo de estos medios de transporte, en su orden.

También los asaltos a unidades económicas o locales comerciales han subido en Manabí. Según la estadística de la Policía, en esta provincia del 1 de enero al 15 de octubre del año pasado asaltaron a 182 locales, mientras que en el mismo lapso del 2021 los asaltos llegaron a 212, con un incremento del 16 % entre un año y otro.

La situación en El Oro

En lo que va del año los delitos de robo a personas y muertes violentas son los más recurrentes en la provincia de El Oro.

Desde el 1 de enero hasta la segunda quincena de octubre de 2021 se registraron 1.003 robos a personas, en el 2020 se reportaron 779 casos. “En el delito de robo a personas existe la norma legal que permite un acuerdo reparatorio, pero esta persona vuelve a caer (detenido) con un largo prontuario”, cuenta el mayor Wilson Narváez, jefe de Policía Judicial de la provincia.

La noche del miércoles, un presunto delincuente armado fue retenido por un grupo de personas en las calles Pasaje y Santa Rosa, en el centro de Machala, cuando intentaba robar a una mujer. Minutos después fueron detenidos dos sospechosos más, los tres aprehendidos tienen antecedentes por robo, tenencia de armas y tráfico de drogas.

Como evidencia fue retenida un arma de fuego calibre 38, tres municiones e igual número de celulares.

La cifra de muertes violentas, en lo que va de este año, llegó a 116, por arriba de las 66 que se registraron en el 2020. El mayor Narváez refiere que las cifras del año anterior son relativamente bajas y se atribuyen a la vigencia de las restricciones por la pandemia del COVID-19.

“Los homicidios -en su mayoría- son selectivos en El Oro (lucha de poder entre delincuentes), luego le seguían los homicidios unipersonales (deudas, líos de faldas), y los selectivos (que son víctimas de la delincuencia común)”, manifiesta el jefe policial, y añade que en la provincia se han identificado cinco organizaciones que buscan dominar ciertos territorios.

Tres de esos grupos delictivos se asientan en Machala. En el caso de Huaquillas hay una pugna de dos grupos conformados por ecuatorianos y extranjeros que buscan tomar el control de los pasos fronterizos clandestinos.

Desde la vigencia del estado de excepción en El Oro hay coordinación entre los jefes de la Policía, Ejército y Marina para ubicar equipos permanentes en los puntos considerados rojos de Machala y el resto de la provincia.

El grupo de la fuerza pública prevé hacer una evaluación semanal de las estrategias con la finalidad de conseguir resultados favorables para la seguridad de la población. Además, en las próximas horas llegarán oficiales de alto mando de la Policía para hacer seguimiento al trabajo conjunto que faculta el decreto ejecutivo.

Los Ríos, una de las jurisdicciones más conflictivas

Quevedo es el cantón de Los Ríos que registra la cifra más alta de muertes violentas, según cifras de la Policía ya hay más de 48 crímenes en lo que va del año.

Debido al alto índice de hechos delictivos en esta ciudad, el pasado 7 de octubre, el alcalde de la ciudad, John Salcedo, hizo el pedido al presidente Guillermo Lasso, para que declare en el cantón un estado de excepción.

En Quevedo, provincia de Los Ríos, una de las muertes violentas recientes se registró el viernes anterior. Foto: Cortesía. Foto: cortesía

En esta localidad el pasado 6 de octubre hubo un amotinamiento en el centro de rehabilitación. La Policía manifiesta que la revuelta fue por una riña en que dos personas privadas de la libertad resultaron heridas.

Además, informa que luego de la riña diez reos pidieron el traslado a otros centros carcelarios, porque supuestamente temían por su integridad. Pedido que ya fue concedido por las autoridades.

En ese amotinamiento, familiares de los reos heridos indican que, supuestamente el conflicto se generó por una pelea entre bandas delictivas integrada por integrantes de Los Choneros y Lobos.

Sobre estas declaraciones, Stalin Espinoza, director del Centro de Rehabilitación Social, responde que se trató de una riña leve.

Con el estado de excepción declarado en las cárceles del país, los centros de rehabilitación de Quevedo y Babahoyo se mantienen resguardados, en su parte exterior, por personal de las Fuerzas Armadas.

A nivel de provincia, Los Ríos tiene 131 casos de muertes violentas en lo que va del año, según cifras policiales.

“En Los Ríos son seis los distritos donde se encuentra desplegado el personal militar y policial. Estos son los cantones Babahoyo, Quevedo, Puebloviejo, Ventanas, Buena Fe y Valencia. Antes de esta nueva declaratoria de excepción los cantones Babahoyo, Puebloviejo y Quevedo ya estaban intervenidos, sin embargo, los índices delincuenciales y de crímenes se mantienen al alza”, dice el coronel William Martínez, de la subzona Los Ríos n.º 12.

Por lo general, estos hechos, según la policía, se dan porque las organizaciones delictivas que lideran en la provincia se disputan el territorio para el expendio del microtráfico de sustancias sujetas a fiscalización

El jefe policial refiere que la delincuencia común es otro de los delitos que mantiene en zozobra a la población fluminense. El incremento del delito en esta provincia es del 20 % comparado con el 2020, que fue un año atípico, debido al confinamiento por la pandemia.

“El índice de incremento de los crímenes en esta provincia es del 13,40 % por cada 100.000 habitantes. En cuanto a los robos son los asaltos, las sustracciones de vehículos y motocicletas los más comunes, así como las extorsiones a propietarios de negocios, casos denunciados en Babahoyo”, relata el coronel Martínez.

Robos en moto, lo más recurrente en Santa Elena

El robo a mano armada cometido por dos personas en moto es el delito más común en la provincia de Santa Elena. En la vía pública, locales comerciales e incluso quienes están dentro de sus vehículos han sido las víctimas más recientes de la delincuencia.

Aunque no todos los casos se denuncian de manera formal, sí se dan a conocer a los medios de comunicación y en redes sociales. Uno de los recientes asaltos cometidos por motorizados ocurrió aproximadamente a las 08:30 del jueves anterior en el sector Cooresa 2, del cantón Salinas.

SANTA ROSA, Santa Elena. Los víveres que llevan los pescadores también son sustraídas por los piratas.

En videos se observa que tres hombres llegan en una motocicleta, se bajan y asaltan a varias personas que estaban en la parte externa de una tienda y a otros que permanecían en el carro.

Otro asalto se registró la noche del miércoles, en un restaurante ubicado en el barrio 25 de Septiembre, del cantón La Libertad. Su propietario, Vidal Pozo, relató que un sujeto en moto y dos a pie llegaron con arma de fuego a robar. Al dueño del local se le sustrajeron el celular, $ 50 obtenidos de la venta de comidas; y a una cliente se le llevaron la cartera con sus objetos personales.

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Poco después, Genaro Gellibert, comunicador de radio Genial, fue víctima de la delincuencia en el sector Amantes de Sumpa, del cantón Santa Elena. El joven detalló que estaba dentro del auto estacionado en el sector, cuando fue sorprendido por dos sujetos en moto quienes le abrieron la puerta del vehículo, le rastrillaron el arma en la cabeza y robaron sus pertenencias.

Otro reporte ciudadano, de ese mismo miércoles, alertó del asalto a un colaborador de una empresa de entregas a domicilio, cerca de la Unidad de Policía Comunitaria (UPC) de José Luis Tamayo, en Salinas.

Ya con la vigencia el estado de excepción, desde el martes aumentó la presencia militar en las calles de la provincia de Santa Elena. Ese día el contingente del Batallón de Infantería Motorizada (Bimot) Marañón, acantonado en La Libertad, se movilizó hacia las zonas rurales de la Península y otro pelotón de 100 militares se desplegó hacia varios puntos identificados como críticos y problemáticos en dicha localidad para realizar los controles, registros y requisas en casos de portes de armas y sustancias sujetas a fiscalización.

La mañana del jueves, en un operativo en conjunto efectuado en el mercado de La Libertad se procedió al decomiso de sustancias sujetas a fiscalización, pipas, cuchillos y demás armas blancas. (I)