Pedidos realizados por alcalde de Cuenca sobre tranvía y cárcel no serán fáciles de concretar, dicen especialistas

CUENCA Dos pedidos realizó el Municipio de Cuenca durante la sesión solemne por sus 201 años de independencia: el manejo del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Turi y que el Gobierno asuma pasivos y el subsidio anual del sistema de transporte Tranvía.Ambos fueron realizados por el alcalde Pedro Palacios ante el vicepresidente Alfredo Borrero, quien asistió a ese evento —realizado la tarde del miércoles 3— en representación del Gobierno.Días atrás, Palacio ya había anticipado la intención de administrar la cárcel, pues desde su punto de vista “Cuenca no se merece ser parte de un sistema penitenciario que debió reestructurarse años atrás y no cumple con el carácter regional”.Pedir que una cárcel sea administrada por un municipio y no por el Gobierno nacional tiene voces a favor y en contra. Hay quienes no lo creen conveniente, pero otros apoyan la iniciativa, más cuando desde la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hay una puerta abierta para que esto se ejecute.Paúl Serrano, quien fue coordinador zonal del entonces Ministerio de Justicia entre los años 2014 y 2015, conoce bien el funcionamiento del Centro de Turi. Él está de acuerdo con esta posibilidad, porque considera que legalmente es factible y porque así se generarían procesos de verdadera rehabilitación social, en momentos en que el Estado parece haber perdido el control.A su criterio, ejecutar este pedido será a largo plazo, porque no solo depende del alcalde, sino también del Concejo Cantonal para que apoye o no la propuesta. Aquí ratifica que cuando se planteó el proyecto tenía un carácter regional, con una capacidad máxima para 1.800 privados de la libertad. Con el paso de los años fue nacional, por lo que acogió a más de 2.500 personas.También cree que, si la cárcel de Turi llega a acoger a reos de Cañar y Morona Santiago, se debe pensar como una mancomunidad que defina quiénes deben estar en Cuenca. Sugiere que, por ejemplo, en Azogues deben estar los no sentenciados, por la presunción de inocencia, y los contraventores, pero los sentenciados sí deben ocupar las celdas de Turi.Recuerda que por sus funciones en el desaparecido Ministerio conoció que en países más avanzados, como Estados Unidos, existen cárceles federales manejadas de manera autónoma. En el caso de Cuenca se podría aplicar un modelo similar al de la empresa municipal de movilidad, que está a cargo del control vial a través de agentes civiles, de un centro de detención para infractores, de un patio de retención, de procesos educativos, entre otros temas.Un beneficio de controlar localmente la cárcel, según Serrano, es que se sabrá “quiénes están acá”, lo cual, pensando como ciudad, es mejor que si lo decide alguien desde un escritorio en Quito.Pero el coronel en servicio pasivo del Ejército y exdirector de la Policía Municipal de Cuenca Guillermo Cobo tiene dudas de que un municipio esté en la capacidad para administrar una cárcel, más aún como la de Turi.Sostiene que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI), organismo que está a cargo de estos lugares, no trabaja solo, sino que se apoya en diferentes ministerios para llevar a cabo su labor, entre ellas, la rehabilitación.Y aunque reconoce que el control se salió de las manos del Gobierno, estima que “nada positivo” saldrá si las cárceles son controladas por los municipios. “¿Quién haría inteligencia carcelaria?, o ¿qué pasa si hay una emergencia y el Municipio necesita ayuda de la Policía o el Ejército, pero no pueden disponer de ellos?”, cuestiona.Cobo no mira con optimismo el pedido de que sea una cárcel regional, porque eso implicaría que la población de privados de libertad se reduzca, con lo que le surgen otras preguntas: ¿adónde va a parar el resto?, ¿quién los va a recibir? “Entonces, no es nomás de decir, porque se les sale a veces, ‘es un asunto muy complicado que al Estado se le fue de las manos’”, indica.En lo único en lo que coincide con el alcalde es que, si cambia el modelo de gestión, sí podría frenar la inseguridad, porque un interno nunca viene solo, sus allegados no tienen trabajo y “piensan qué comer, cómo sobrevivir, y ahí viene la delincuencia, la violencia”, asegura.Otro de los pedidos de Palacio durante la sesión solemne al presidente fue que cumpla su promesa de campaña de asumir las deudas y subsidios del tranvía. El 15 de enero pasado, durante una visita electoral, Lasso dijo en una rueda de prensa que asumiría este gasto. Es más, el tema quedó archivado en su cuenta de Twitter, en la que escribió: “En Cuenca me comprometí con el alcalde @pedropalaciosu y la ciudadanía que, cuando sea presidente, suscribiré un convenio, donde se establecerá que nuestro Gobierno asumirá los pasivos y el subsidio que corresponde al Tranvía de Cuenca”.Días atrás, este Diario consultó el tema al ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, quien respondió: “Estos temas merecen las justificaciones respectivas. Si hay algún apoyo del Gobierno nacional, pasará por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, pero sobre todo deberá demostrarse la sostenibilidad del proyecto”.Sobre el pedido, el vicepresidente de la República, Alfredo Borrero, respondió de una manera diplomática. “Estoy con usted para apoyar en los temas pendientes de decisión del Gobierno sobre lo del tranvía”, indica.En septiembre pasado, el tranvía cumplió su primer año de operación comercial, y Pedro Palacios reconoció que financieramente se trabaja a pérdida, con un déficit de $ 7′000.000.La construcción del tranvía empezó en septiembre del 2013, durante la administración de Paúl Granda. En ese entonces, el proyecto se planificó con un costo de $ 232 millones, con un aporte del 80 % del Gobierno nacional. En la actualidad se conoció que el proyecto superó los $ 300 millones. (I)

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