El Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por presuntos actos de corrupción de más de 20 fundaciones cooperantes con esa dependencia gubernamental.

Según el MIES, se identificaron 26 fundaciones con menos de un año de creación a las cuales se les asignaron cerca de $ 4,5 millones por convenios de servicios para grupos vulnerables.

Más de 30 fundaciones se habrían constituido solo para captar recursos estatales en proyectos sociales, según el MIES

Esa cartera de Estado mencionó que hubo una reforma realizada por la administración del Gobierno anterior, en diciembre de 2022, en la que suprimió el requisito de tiempo de vida jurídica y de experiencia para prestar servicios sociales.

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Zaida Rovira, titular del MIES, señaló que detectaron irregularidades dentro de los procesos de convenios con organizaciones.

Por el momento, agregó, han detectado 26 fundaciones. Pidió a la Fiscalía que realice una investigación a administraciones pasadas y a la actual. Sospechan de los presuntos delitos de peculado y tráfico de influencias.

Añadió que esas organizaciones no tenían ni un año de creación e incluso ni un mes, pero recibieron más de $ 4 millones para que atendieran servicios sociales hacia la niñez con centros de desarrollo infantil, adultos mayores y personas con discapacidad.

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Algunas recibieron hasta $ 140.000 anuales.

Antes, hasta 2021, había un acuerdo ministerial en el que por lo menos se exigía un año de constitución, comentó.

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La funcionaria señaló que muchas de esas fundaciones no dieron el servicio e inflaron la cantidad de beneficiarios. Los perjudicados serían alrededor de 5.000 usuarios.

Rovira señaló que presumen que hubo funcionarios que se prestaron para la ilegalidad y otros que no hicieron los controles adecuados.

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Estos actos se detectaron en fundaciones ubicadas en zonales de las provincias del Guayas, Los Ríos, Bolívar, Santa Elena, Galápagos, Pichincha.

A raíz de estos hechos, entre los cambios que hicieron fue retomar la vigencia del tiempo de un año de constitución como mínimo, control desde el MIES y supresión de convenios, señaló.

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Unos 1.400 cooperantes tiene ese ministerio con desembolsos de alrededor de $ 150 millones. Los beneficiarios totales llegan a 1′800.000 en todos sus servicios. (I)