A las 11:34 de la mañana de este 16 de agosto, el excontralor subrogante de la Contraloría General del Estado Pablo Celi de la Torre ingresó al salón Nela Martínez de la Asamblea Nacional para defenderse de la causal de incumplimiento de funciones, que se esgrime en el juicio político con el que se busca censurarlo.

“Han traído aquí a un reo de conciencia, acusado por sus actuaciones que entraron en conflicto con los poderes viejos y renovados a los que enfrenté con decisión”, fue la primera frase que la exautoridad proclamó al hacer uso de su derecho a la defensa.

“Este no es un acto de cuentas justo e imparcial, es el escenario de una contienda política, para encubrir los intereses que están en juego”, manifestó Celi.

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Previamente, por dos horas, los asambleístas interpelantes del correísmo, Juan Cristóbal Lloret y Viviana Veloz, sustentaron las seis causales que configuran el incumplimiento de funciones, por los que exhortaron a los 137 asambleístas a censurarlo.

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Entre estas causales están la ilegalidad en su posesión del cargo en junio del 2017, en remplazo de Carlos Pólit, el excontralor titular que renunció a su cargo, tras ser vinculado a las investigaciones en el caso Odebrecht.

Lo acusaron también de firmar un contrato por $ 1′150.000 con la empresa HDC Producciones con el procesado Daniel Salcedo; por injerencia en la organización de las elecciones nacionales del 2021; y el proceso penal por delincuencia organizada por el que ahora Celi es investigado y guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito.

Veloz, que leyó sus argumentos, se centró en defender al colectivo de la Revolución Ciudadana, liderada por el expresidente de la República Rafael Correa, porque se buscó “proscribir” a una organización política que auspiciaba sus candidaturas.

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“Es un impostor que vendió la Contraloría al mejor postor”, decía Veloz y tildaba a Celi de ser el “Rasputín del morenato”, en referencia a Lenín Moreno, expresidente de la República.

En esa línea, pidió que se haga una “purga urgente” en las instituciones del Estado, en las que el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social de Transición eligió a las autoridades que actualmente cumplen sus funciones.

La legisladora no terminó de leer su discurso, pues se le acabó el tiempo y enseguida se dio paso a Celi.

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Él aseguró que este “es un juicio de ocultamiento, no es un juicio de transparencia”, y dijo que no era “un hombre de pasillos”, en respuesta a Lloret, quien durante su interpelación pidió rechazar la presencia de un “hombre del maletín” para evitar la censura del excontralor.

Criticó a Lloret porque “estaba preocupado de qué hacía la Contraloría en exámenes que se hizo al IESS, cuando se advirtió la crisis actuarial. Esa auditoría que obligó al Estado a reconocer el endeudamiento del Estado con el IESS y que el correato lo negó”, increpó.

En medio de su comparecencia, presentó a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, documentos de la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) respecto de presuntas “operaciones sospechosas” del asambleísta Juan Cristóbal Lloret.

Celi resaltó sus acciones cuando estuvo al frente de la institución (2017 hasta junio del 2021), porque enfrentó de “forma decidida todas las tentativas y acciones para descomponer las acciones de control”.

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Recordó que en su administración se efectuaron 3.000 auditorías, se determinaron responsabilidades en más de 7.000 informes y se aprobaron más de 1.000 informes con indicios de responsabilidad penal; y dijo que este juicio político debería ser archivado, porque la Comisión de Fiscalización “no cumplió con su deber” de presentar un informe motivado.

“El primer atropello fue la calificación de las acusaciones. La Comisión no cumplió su deber de presentar su informe. Por vicios irremediables se debió disponer el archivo del juicio. No puede constituir un precedente para juicios políticos a otras autoridades”.

El excontralor subrogante tiene tres horas para exponer sus argumentos de defensa, ante el pleno legislativo. (I)