Las amenazas de la delincuencia organizada, de funcionarios públicos y la precariedad laboral son dos de los principales obstáculos que dificultaron la labor periodística en 2024, según un informe de la fundación Periodistas Sin Cadenas.
El reporte se basa en grupos focales realizados en distintas provincias, en los que participaron 169 periodistas, entrevistas a profundidad con nueve trabajadores de medios y una encuesta en línea aplicada a otros 101.
El 43,6 % de los encuestados identificó a la inseguridad y la violencia como las principales amenazas al oficio periodístico en 2024, seguido por el 32,7 % que señaló a la precariedad laboral en la industria como el mayor obstáculo.
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A su vez se contabilizaron 229 agresiones contra periodistas, entre ellas catorce amenazas de muerte, ocho asaltos, ocho atentados armados y nueve exilios.
Uno de los exilios corresponde a José Luis Calderón, experiodista de TC Televisión, quien fue tomado rehén por delincuentes junto con sus colegas mientras transmitían en vivo el 9 de enero de 2024.
Otro exilio, en Pichincha, se dio luego de que una periodista de un medio impreso de alcance nacional investigara presuntas irregularidades en entidades públicas de Quito, aunque el agresor nunca fue identificado.
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También hubo casos de desplazamientos forzados dentro del país: doce respondientes a la encuesta tuvieron que cambiar de ciudad o localidad en los últimos dos años. De ellos, casi la mitad lo hizo por la inseguridad.
Las amenazas derivan en autocensura al cubrir temas de violencia, lavado de activos y crimen organizado. El 50,5 % de los encuestados dijo usar la autocensura como medio principal de protección: los periodistas evitan nombrar a grupos de delincuencia organizada (GDO), por ejemplo.
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“Yo no cubro el tema de lavado de activos, cubro narcotráfico, muertes violentas, crimen organizado, pero lavado de activos no porque sería meterme con las cabezas principales. Es un tema caliente. Al investigar se prendería un foco que me va a iluminar y van a venir hacia mí. En mi ciudad nadie cubre ese tema”, contó un periodista de forma anónima a los autores del informe.
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No obstante, las amenazas no vendrían solo de los GDO, sino también de fuentes gubernamentales, militares y policiales.
“Después de la declaratoria de guerra con el decreto ejecutivo del 9 de enero, mucha gente fue capturada por militares y, después de varios días, aparecieron amarrados, vendados y flotando en un río. Parece que fueron ejecutados aparentemente por militares y ahí cayó también gente inocente. Yo recogí algunos testimonios y denuncias de padres de familiares de las personas que les pasó esto, pero al momento de contrastar, pedí versión oficial, quería hablar con militares, pero se cerraron las puertas, no hubo cómo hacerlo. De hecho, un jefe militar me dijo: ‘Mejor no se meta en eso‘”, expresó otro entrevistado.
En la Sierra, en contraste, medios de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Bolívar expresaron temor a investigar denuncias de corrupción en los gobiernos locales por temor a que estos retiren la pauta publicitaria, que los sostiene económicamente.
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A su vez, el 67,3 % de los encuestados dijo haber tenido dificultades para obtener información de instituciones públicas o sus vocerías.
Estos factores derivan en desiertos informativos, ya sea por temáticas como el lavado de activos o por zonas geográficas, como partes de Esmeraldas, Imbabura, Manabí y Guayas a las que los periodistas no pueden ingresar de forma segura.
Otra problemática es la infiltración del narcotráfico en redacciones, como expone uno de los entrevistados:
“Hay un portal que supuestamente pertenece al grupo de Los Choneros y que es financiado por ellos. Ahora tienen una edificación, una radio virtual. Si tú ves las fotos, tienen full (equipos), un micrófono, una sala gigante. Entonces te preguntas: ‘¿de dónde?’. El año pasado recibí una llamada de ellos (portal digital) para bajar una nota de un cabecilla de la banda que lo habían acribillado. Me advirtieron: ‘Te pueden hacer daño’. Bueno, tuve que bajar la nota”.
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Además de la inseguridad, la precariedad laboral es otro obstáculo: del total de encuestados, el 39,6 % gana menos de $ 400, y no afiliar a los periodistas es una práctica común en medios contratantes.
Es posible descargar el informe en este enlace. (I)
