‘Código rojo’ es el nombre de la iniciativa que comenzó a registrar las violaciones de derechos humanos a las personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador, informó la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen el Trabajo Sexual (Plaperts).
“Queremos demostrar al Estado la vulneración de derechos hacia esta población, pero también hacer incidencia con estos datos en las políticas públicas y en las leyes”, explicó a EFE Karina Bravo, coordinadora regional de Plaperts, una organización paraguas que agrupa a diversas entidades de trabajadoras sexuales en América Latina.
Esta iniciativa piloto, impulsada en colaboración con la Alianza Liderazgo en Positivo y Poblaciones Clave y financiada por el Fondo Mundial para la lucha contra el sida, también se implementará las próximas semanas en Perú y El Salvador.
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No obstante, Plaperts aspira a replicar este proyecto en los quince estados donde tiene presencia, aseguró Bravo.
El objetivo final es elaborar un informe regional después de un año para presentarlo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y llegar a un juicio que reconozca la situación de vulnerabilidad y violencia a la que están expuestas las personas dedicadas al trabajo sexual, en su mayoría mujeres, explicó Bravo.
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“Vamos a incidir para que los casos de vulneración de derechos de las personas que hacemos trabajo sexual no se queden así, porque muchas denunciamos, pero no pasa absolutamente nada, no hay ni una investigación ni una sanción”, denuncia la coordinadora de Plaperts y señala la impunidad de los agresores en los sistemas policial y judicial.
Las trabajadoras sexuales enfrentan violencia
El 79 % de las trabajadoras sexuales se ve expuesto a una condición laboral precaria, informal y sin reconocimiento ni apoyo estatal, lo que expone a este grupo a múltiples violencias y situaciones de desamparo, de acuerdo con el informe Situación de las mujeres y personas que ejercen el trabajo sexual en Ecuador, elaborado en 2023 por la organización no gubernamental Care, con la participación de Plaperts.
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En este sentido, Bravo apuntó que la violencia psicológica, física y la discriminación son las principales formas de violencias que sufren las trabajadoras sexuales.
Esta realidad se ha recrudecido desde el COVID-19, señaló al recordar el aumento de feminicidios a mujeres en esta actividad laboral.
Además, Bravo apuntó que el estigma hace que se vincule a estas trabajadoras al narcotráfico y al crimen organizado, si bien aseguró que el aumento de la inseguridad en el país andino afecta de manera desproporcionada a estas mujeres.
En muchos casos, continuó, las bandas criminales “se apoderan de los espacios donde ejercen el trabajo sexual, queriéndoles cobrar vacunas (cupos de dinero exigidos bajo extorsión) y las chantajean de diferentes formas”. Anotó que “incluso las obligan a vender droga si no quieren pagar la vacuna”.
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“Cuando las compañeras se niegan, son asesinadas para demostrar que o te acoges a lo que ellos quieren o te matan”, agregó.
La coordinadora de Plaperts demandó al Estado ecuatoriano que “se reconozca el trabajo sexual como trabajo, el derecho a transitar libremente en la calle, a vivir una vida libre de violencias” y también instó al Gobierno a que garantice “el derecho a la autonomía del cuerpo”.
Los derechos laborales ayudarían a bajar los niveles de violencia contra estas mujeres, afirmó Bravo, quien destacó la premura de asegurar la protección social a estas trabajadoras, que no pueden jubilarse porque no obtienen ningún tipo de prestación.
Asimismo, relató que las trabajadoras sexuales tampoco pueden acceder a créditos bancarios porque se les solicita un certificado laboral que no poseen.
“Nadie nos va a dar un certificado laboral a pesar de que hemos demostrado que somos personas responsables, que pagamos nuestro crédito y que estamos pendientes de nuestras deudas”, aseveró Bravo.
Y añadió que esta realidad contribuye a que muchas mujeres que desean dejar esta profesión no puedan escapar de este círculo de violencia y de vulneración de derechos.
Pero todo ello, finalizó Bravo, también pasa por programas de prevención de la violencia contra las mujeres y se espera poner fin al “estigma, la discriminación y los estereotipos” hacia las trabajadoras sexuales. (I)
