Migración hacia La Aurora hizo casi duplicar la población de Daule: ¿cuáles son los 25 cantones del país donde más aumentó el número de habitantes y por qué?

El único cantón del Ecuador donde casi se duplica la población en los últimos doce años es Daule, en Guayas, y que incluye a la parroquia urbana La Aurora, uno de los emporios urbanísticos del Gran Guayaquil.

La población de Daule pasó de 119.719 a 222.446 del 2010 al 2022, lo que representa un incremento del 85,8 %, según la información de los censos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

La mayor parte es la población que vivía dentro del cantón Guayaquil, Samborondón o Durán y que se mudó a La Aurora, en Daule, a los proyectos habitacionales que se desarrollaron a partir del siglo XXI.

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Entre ellos está Estefany, de 41 años, quien compró una casa en la urbanización La Joya en la parroquia dauleña La Aurora en 2017 en busca de una mejor calidad de vida. “Analicé los precios en varias partes y allí fue la mejor opción, además era una urbanización cerrada con piscina”.

Su hermano, en cambio, se mudó del centro de Guayaquil, donde residía, a Villa del Rey, otra de las urbanizaciones cerradas de La Aurora.

Uno de los problemas, dice Estefany, es el tráfico que se forma en las horas pico de la mañana cuando todos salen de las urbanizaciones hacia sus trabajos, que por lo general están en Guayaquil, Durán o Samborondón.

“Eso es lo negativo, hay que salir con anticipación, dependiendo dónde sea, hasta 60 minutos antes de la hora de ingreso”, manifiesta.

Si se compara el número de habitantes de Daule del 2022 con el del censo del 2001 hay un incremento del 160 %.

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El número de casas en este cantón pasó de 39.787 en 2010 a 79.523 en 2022, lo que implica un aumento del 100 %, el sexto mayor del país en este ámbito, según el organismo oficial de cifras.

En Daule se registraron 68.412 hogares, más del doble de los que había en 2010. Un parámetro para medir si el ritmo de incremento poblacional responde a un proceso ordenado es el porcentaje que vive en una casa en proceso de pago. Este subió del 15,9 % al 27,1 %.

Palora, en la provincia de Morona Santiago, es el segundo cantón con el mayor incremento de habitantes (73,8 %). Sin embargo, el porcentaje de hogares que vive en casa propia o lo está pagando llega al 53,8 %, menor al registrado hace doce años cuando era del 65,8 %. Esto significa que una parte de la población que migró a este territorio alquila una casa o vive en una prestada.

La necesidad de una casa segura motiva la migración de Guayaquil y Quito a los cantones aledaños. Pero la población también se mueve por motivos económicos en busca de mejores oportunidades laborales, coinciden expertos.

Ximena Garzón Villalba, exministra de Salud y decana de la Escuela de Salud Pública de la Universidad San Francisco de Quito, indica que el crecimiento poblacional es multifactorial. “Una de las motivaciones es la inseguridad justamente, el aumento de oportunidades de trabajo en los cantones donde está creciendo la población, también mejores condiciones ambientales, puede ser que haya más acceso a servicios básicos o a la salud”.

A estos factores se suma la ola migratoria procedente de Venezuela y Colombia atraídos por la moneda del dólar que da un mayor poder adquisitivo en sus países natales, agrega.

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Los cantones que registran una gran actividad minera extractiva son parte del listado de los 25 donde más subió la población en los últimos doce años.

A Palora, por ejemplo, se suma El Pangui (en Zamora Chinchipe), el cuarto donde más se incrementó la población debido a la presencia del proyecto de minería a cielo abierto Mirador, que extrae a gran escala principalmente cobre.

Quince de los 25 cantones del top están en las provincias amazónicas que tienen yacimientos petroleros o mineros en explotación. A este se suma Camilo Ponce Enríquez (en Azuay), el único de la región Sierra que entra a este top y que posee también explotación minera en su territorio.

“Son oportunidades de trabajo, no necesariamente formales, pero la gente sabe que puede generar ingresos para sus familias, ese es un factor de peso”, dice Garzón.

Ocho de los nueve cantones restantes son de la región Costa, entre ellos Samborondón, Playas, Isidro Ayora y Durán, cuya población aumenta empujada por el desarrollo del conglomerado urbano de Guayaquil, al igual que Daule.

Los tres costeños restantes son Jaramijó y Montecristi, en la provincia de Manabí, cuya población se apuntala en torno a la industria pesquera de Manta. Las zonas urbanas de estos tres cantones están pegadas y conforman un conglomerado.

Y el último de la Costa es Santa Elena, cuya población subió el 30,3 % en los últimos doce años anclado en el desarrollo del turismo y la pesca.

En tanto que Isabela (en Galápagos) conforma el top 25 con un aumento del 38,5 % también impulsado por la industria turística.

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Cifras demográficas actualizadas inciden en la cobertura de servicios

“Es importante que los censos poblacionales se hagan con mayor frecuencia, porque el momento que no se sabe la población a la que se necesita dar servicios, ese porcentaje de cobertura queda extremadamente bajo y se producen círculos de miseria alrededor del centro de las ciudades. En estos no hay agua, electricidad, servicios de salud ni transporte, lo que son focos de violencia”, asegura Garzón.

Las autoridades deben tomar en cuenta el crecimiento poblacional y la forma como están distribuidos los habitantes al momento de ejecutar las políticas públicas, agrega.

La vacunación regular de los menores de 5 años e incluso lo del proceso de inmunización para prevenir el COVID-19 se hizo en parte durante el periodo de Garzón como ministra de Salud (entre 2021 y 2022) con una proyección demográfica del INEC basada en el censo del 2010.

“No sabíamos cuántos niños menores de 5 años había en el país, por lo que calculamos cuántos necesitábamos vacunar según las proyecciones, pero no los encontrábamos en ninguna parte. Incluso compramos las dosis según esos cálculos, hicimos barridos de casa en casa y no los encontramos, ahora sabemos que en realidad el número de niños era menor”.

El no tener las cifras certeras del número de habitantes por edades implicó el desperdicio de recursos. “En nuestro caso compramos vacunas para niños que no existían”, señala Garzón.

La Encuesta Nacional sobre Desnutrición Infantil (ENDI) realizada en ese entonces permitió tener un número más acorde a la realidad. “Allí se dan cuenta de que las proyecciones poblacionales eran incorrectas”.

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Menores ingresos tributarios y del petróleo implican una reducción de las asignaciones a los municipios

La asignación del presupuesto a los Gobiernos autónomos descentralizados (GAD) municipales depende de la distribución del modelo de equidad territorial, no solo de la población, indica José Gabriel Castillo, exviceministro de Economía y director del Laboratorio de Economía Experimental de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol).

“Por ejemplo, el modelo distribuye menos si es que se reducen los ingresos tributarios y la venta de petróleo independientemente de si la población de un cantón se incrementó”.

El hecho de que un territorio tenga más población que el 2010, como la mayoría de los cantones del país, no necesariamente determina una mayor asignación a su municipio. “Supongamos un escenario en el que en los dos años de referencia los ingresos fiscales son los mismos, pero solo cambia la distribución de la población. En ese caso, los recursos se reasignan en función de esa distribución y eso puede significar un incremento para una población que creció más rápido que otras”.

Sin embargo, agrega Castillo, en la práctica suceden muchas cosas. “Por ejemplo, este año los ingresos fiscales serán menores que en el año previo, es decir, hay menos recursos que distribuir. Entonces, aun si la población creció más que en otras, en efecto es posible que la distribución de recursos no supere la de otros años”.

El escenario más posible para este año es que los ingresos tributarios y de petróleo se reduzcan, por lo tanto también lo harán las asignaciones a los GAD.

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La distribución de los recursos desde el Gobierno central a los seccionales se hace en función del censo vigente, no en función de cálculos poblacionales, agrega Castillo.

“En este caso, el Ministerio de Economía y Finanzas debió revisar el modelo de equidad territorial con los nuevos datos (del censo del 2022) para poder determinar la nueva distribución”.

El crecimiento poblacional tiene que planificarse para la definición de los planes de desarrollo que permitan ampliar la cobertura de servicios básicos y cubrir esas nuevas necesidades, explica Castillo.

Los municipios son los encargados de la planificación cantonal y el ordenamiento territorial según el Código Orgánico de Organización Territorial, junto con las juntas parroquiales. (I)

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