Regulaciones de la Ley de Plásticos de un solo uso todavía no pueden aplicarse, tres años y medio luego de su oficialización

Según datos expuestos en un reporte de la iniciativa Global Plastic Action Partnership, del Foro Económico Mundial, y de la cual Ecuador es parte, en el país se produjeron 627.000 toneladas (t) de desechos plásticos en 2022.

El 40 % de esa basura fue mal gestionada: 113.000 toneladas terminaron en botaderos, 100.000 quemadas a cielo abierto, 24.000 a contaminación terrestre y 16.000 a dar en cuerpos de agua.

El mismo reporte indica que si no se toman medidas remediativas, la generación de residuos plásticos en Ecuador superará los 1.000 millones de toneladas en 2040 y casi 470.000 t de esa basura terminarán regadas en ecosistemas, quemadas o en botaderos.

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Ecuador ya tiene legislación para reducir los plásticos de un solo uso

La Ley orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, vigente desde el 21 de diciembre de 2021, contempla la eliminación progresiva del uso de plásticos de un solo uso y su reemplazo por plásticos con porcentajes de materiales reciclados en su fabricación.

Esta normativa da ciertos plazos: las fundas plásticas de acarreo, por ejemplo, debían incluir un 50 % de material reciclado posconsumo en su fabricación en el año y medio luego de la oficialización de la ley; 55 %, al tercer año, y 60 %, al cuarto. En grandes cadenas de supermercados se usa las bolsas biodegradables, pero en el mercado común no.

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), además, debía elaborar el Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos en los 90 días luego de la publicación del texto de ley en el Registro Oficial.

Ya han pasado 1.197 días desde que se venció ese plazo.

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Andrea Lema, experta en contaminación por plásticos y coordinadora global de apoyo a recicladores de base en la Alianza Global para Alternativas a la Incineración, explica que para que los aspectos regulativos de la ley se puedan aplicar es necesario que la autoridad elabore el documento.

“Algunos plazos han pasado y no se han cumplido. No existen los mecanismos para poder dar seguimiento al cumplimiento de la misma”, indica.

EL UNIVERSO consultó al Maate sobre la elaboración del Plan Nacional de Reducción de Residuos Plásticos, pero no tuvo respuesta hasta la publicación de esta información. Según Lema, el Maate se encuentra elaborando el texto del plan.

Lema agrega que actualmente no hay forma de verificar que los productores estén cumpliendo con los porcentajes de material reciclado en las fundas plásticas de acarreo.

No obstante, agrega la experta, sí existen iniciativas propias de ciertas empresas privadas por usar plásticos con porcentajes de reciclaje para elaborarlos, pero no están sujetas a regulación.

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Como no hay forma de controlarlo, indica Lema, tampoco hay manera de aplicar el régimen sancionatorio, que implica multas.

La ley busca regular las etiquetas de los empaquetados plásticos

Otro aspecto que busca regular la ley es el etiquetado de envases plásticos. El artículo 16 estipula que “todo artículo plástico para consumo llevará impreso en su empaque una etiqueta que recomiende la forma de su reutilización”.

Las etiquetas de reciclaje que usualmente se encuentran en fundas de snacks, después de un análisis rápido de productos de esa categoría, incluyen solo el logo mundial del reciclaje (las tres flechas) si es que lo tiene siquiera.

A veces esas tres flechas tienen un número en el medio. Esa etiqueta se llama código de identificación de resina, que indica con qué se elaboró el plástico. El logo de las flechas, sin embargo, podría llevar al consumidor promedio a pensar que es o no es reciclable, cuando no siempre es el caso. El 5, por ejemplo, indica que se usó polipropileno. “El 94 % de este material no se recicla ni en Estados ni en Europa, peor en Ecuador”, indica Lema.

Fernanda Solíz, directora del área de Salud de la Universidad Andina Simón Bolívar, ecologista y experta en desechos, considera que la ley “es un claro ejemplo de lo lamentables que son las políticas que son negociadas con la industria del plástico, que resultan en textos tibios e inaplicables que han permitido aberraciones, como el comercio transfronterizo de residuos plásticos”.

Explica que la importación de desechos plásticos ha aumentado, pues la industria ha argumentado que en el país no existe la oferta suficiente de plástico reciclado para cubrir las necesidades de la ley.

“(La industria del plástico) elaboró los plazos, los porcentajes y las fórmulas, y pese a eso, no lo están cumpliendo”, argumenta Solíz.

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La experta plantea una prohibición “radical” no solo de plásticos, sino de materiales de un solo uso, pues considera que la industria está reemplazando el plástico con materiales “supuestamente” biodegradables que igual generan desechos. Aunque estén hechos de biomasa, expone, producirlos requiere usar tierras para agricultura (y por lo tanto agroquímicos), agua y energía eléctrica, causando una huella ecológica significativa.

“Estos materiales terminan mezclados con otros en botaderos de cielo abierto. No es que tienen un proceso específico de compostaje ni mucho menos”, añade Solíz, agregando que los recicladores de base necesitan laborar mejores condiciones para poder “realizar su oficio con dignidad”, como acceso a centros de acopios verdes y tarifas justas por lo que recolectan.

Si no se toma en cuenta las necesidades materiales del movimiento de recicladores, continúa, la cantidad de residuos que se recuperan continuará siendo mínima. (I)