Seis víctimas de la mayor intoxicación alimentaria en la historia de España por el consumo de aceite de colza desnaturalizado, que causó en 1981 la muerte de cerca de 5.000 personas y más de 20.000 afectados, se encerraron este martes en el Museo del Prado de Madrid para denunciar la “humillación y el abandono” en el que se encuentran sumidos 40 años después.

Miles de personas de toda España, la mayoría de clase trabajadora, resultaron afectados por ese aceite, que se importó de Francia para uso industrial y se distribuyó poco después por algunos aceiteros para uso humano tras someterlo a un proceso que dio lugar a la creación de compuestos tóxicos que causaron grave intoxicación.

Seis de las víctimas permanecieron encerradas hoy durante una hora y media en la sala de Museo madrileño que alberga el cuadro Las Meninas, de Diego de Velázquez, aunque finalmente fueron desalojados por el personal de seguridad, informaron a Efe fuentes de la pinacoteca.

Durante el tiempo que duró el encierro los afectados desplegaron una pancarta con el mensaje “40 años envenenados y condenados a vivir como en 1981 por el abandono del Estado. Víctimas=Enfermas aceite de colza”.

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El grupo amenazaba con permanecer encerrados si el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, no se comprometía y facilitaba, “con comunicado público, una fecha de encuentro que debe ser inminente antes de que finalice este mes de octubre” para trasladarle y resolver todas sus “necesidades”.

“Solo nos dejan la opción de realizar esta acción de dolor, una llamada de socorro”, se lamentaron las víctimas, que advirtieron de que serían capaces de ingerir pastillas si sus demandas no era atendidas.

El aceite de colza se vendió a la población para su consumo en garrafas de plástico, de manera fraudulenta y a través de puestos de venta ambulante en diferentes lugares de España.

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El síndrome tóxico afectó a todos los órganos, provocándoles daños musculares, neurológicos, pulmonares y en la piel. El más grave de esos daños fue el pulmonar, por el que fallecieron muchos afectados y dejó importantes secuelas en las víctimas.

De las más de 20.000 personas afectadas, 18.517 recibieron ya sus indemnizaciones del Estado declarado, tras un largo proceso judicial, responsable civil subsidiario, aunque todavía quedan personas que pueden reclamar las ayudas económicas.

En marzo de 1987 se celebró el primer juicio contra 38 aceiteros, procesados por la Audiencia Nacional que condenó a 13 de ellos a penas de entre seis y veinte años de cárcel. (I)