¿Cristina Fernández de Kirchner podría evitar la cárcel pese a condena por corrupción?

Este martes, Cristina Fernández de Kirchner, actual vicepresidenta argentina, conoció la sentencia por administración fraudulenta en la causa Vialidad.

Fernández fue condenada a seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Los jueces la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita por los que también la acusaba la Fiscalía, que en este juicio había solicitado una pena de 12 años de cárcel para Fernández.

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En este proceso se juzgaron irregularidades en la concesión de 51 obras públicas a firmas del empresario Lázaro Báez durante los Gobiernos del fallecido Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015) en la austral provincia de Santa Cruz, cuna política del kirchnerismo.

Además de condenar a Cristina Fernández, el tribunal también impuso diversas penas de prisión a Báez y a siete exfuncionarios públicos, pero absolvió a otros cuatro acusados, entre ellos a Julio De Vido, ministro de Planificación Federal de Argentina entre 2003 y 2015.

Varios medios argentinos han detallado que es posible que Fernández pueda cumplir su pena fuera de la cárcel ya que inicialmente esta condena no está en firme ya que deberá pasar por la Cámara Federal de Casación Penal y luego por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Además que en febrero próximo la actual vicepresidenta cumplirá 70 años por lo que podría solicitar prisión domiciliaria aunque no es un proceso automático.

Sentencian a Cristina Fernández de Kirchner a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua a cargos públicos

Los fundamentos de fallo se darán a conocer el 9 de marzo y el tribunal señaló que tiene la “certeza” de que entre 2003 y 2015 “tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la Administración pública nacional” mediante licitaciones de obras viales en Santa Cruz que “fueron sistemáticamente adjudicadas” a empresas vinculadas a Báez.

Los jueces afirmaron que existieron “vínculos promiscuos y corruptos entre funcionarios de la Administración pública, nacional y provincial, y las empresas” de Báez.

El tribunal ordenó decomisar los efectos del delito, que consisten en una suma de 84.835 millones de pesos (482 millones de dólares). (I)