La puerta de entrada al Machu Picchu continúa cerrada desde el 21 de enero, cuando las autoridades de Perú dispusieron quitar el acceso al sitio histórico por la ola de protestas que sacude al país desde diciembre.

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Miles de manifestantes se han movilizado hacia Lima, la capital de Perú, en todo enero, para participar en las violentas protestas en las que se exige la salida de Dina Boluarte y el cierre del Congreso, esto tras la destitución de Pedro Castillo, el pasado 7 de diciembre, quien trató de disolver el Parlamento cuando la Constitución no se lo permitía.

Aunque Dina Boluarte pidió al Congreso el adelanto de las elecciones presidenciales, la institución rechazó la iniciativa del adelanto con 45 votos a favor, 65 en contra y dos abstenciones.

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En medio de la crisis política, el sector del turismo ha sido de los más afectados. La economía del país andino se basa en buena parte en el turismo, importante fuente de empleo que atraía a unos 4,5 millones de visitantes antes de la pandemia.

La crisis está costando al país 25 millones de soles diarios (unos 6,5 millones de dólares), con una caída del 83% en la ocupación hotelera, según cifras del Ministerio de Turismo.

Abel Alberto Matto Leiva, director regional de turismo, explica que en Cuzco “75% de la población trabaja directa o indirectamente con el turismo, 900 guías de turismo, 5.000 porteadores” durante el Camino Inca a Machu Picchu.

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Entre hoteles, restaurantes y medios de transportes hay más de 20.000 desempleados por la situación en Perú.

“Estamos en caída libre y no sabemos cuándo se va a detener”, considera Henry Yabar, vicepresidente de la cámara hotelera de Cuzco, que también ha cerrado su establecimiento, un hotel de tres estrellas con unas 15 habitaciones.

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En plena crisis, unos 14.000 artesanos locales deberían ver drásticamente reducidas sus oportunidades, según las autoridades.

(I)