Evelin Rochel, la prostituta colombiana que venció a uno de los mayores burdeles de España

Cuando en febrero de 2017 la colombiana Evelin Rochel se atrincheró en la habitación 113 de la Sala Flower’s, no tenía cómo sospechar que estaba a punto de embarcarse en una feroz batalla judicial con uno de los mayores burdeles de España. Una lucha que ganó al cabo de cuatro años y de muchas idas y venidas a los juzgados.El triunfo final se lo dio un reciente e inédito fallo del Tribunal Supremo, que la convirtió en la primera trabajadora sexual de España a quien se le reconoce una relación laboral con el prostíbulo en el que ejercía, algo que el propietario sigue negando.“Es una victoria agridulce”, le dice Rochel, de 45 años, a BBC Mundo, “ya que no incluye ninguna sanción para el empresario”.“No va a ser condenado a nada aunque se haya probado que tiene esclavos dentro de sus instalaciones”, apunta.Es lo que ella alegó en la demanda civil original, que presentó cuando la despidieron, “sin finiquito, sin indemnización, sin haber cotizado y sin derecho a paro”, poco antes de quedarse de okupa en aquel cuarto.“Como mucho van a decirle que es un chico muy malo”.“Eso sí, la sentencia abre la puerta a que sigamos reclamando derechos laborales para el sector”, concede.Mientras, Antonio Herrero, el dueño de la Sala Flower’s, a la que se refiere como una discoteca erótica con un hotel adjunto, dice que el fallo del máximo tribunal del país es “incorrecto” , lo describe como una “barbaridad” y asegura que Rochel jamás fue empleada suya.“Ella era una huésped del hotel y una clienta de la discoteca”, le remarca a BBC Mundo. Nacida en Barranquilla, ciudad ubicada en la ribera occidental del río Magdalena, a poco más de 7 kilómetros de su desembocadura en el Caribe, Rochel arribó al País Vasco a los 22 años, hace ya dos décadas.“Llegué como cualquier otro migrante económico, a buscar lo que no encontrábamos en nuestros países: la posibilidad de salir adelante mediante un empleo, ya fuera en el aseo o como taxista, y a emprender un proyecto familiar”.Tras trabajar durante un par de años como limpiadora de hogar o camarera, por un cúmulo de circunstancias acabó dedicándose a la prostitución, una actividad que en España no está regulada por una ley concreta y no es en sí ilegal.Pero mientras su ejercicio no está prohibido en el Código Penal, sí lo están la explotación y el proxenetismo, esto es, lucrarse con “el ejercicio de la prostitución ajena”.Rochel empezó en Empuriabrava (Girona, Cataluña). “Allí trabajé en un club en el que tenía que darles el 40% de lo que cobraba a mis jefes”.Luego pasó por el mítico Riviera de Castelldefels —el que fuera el mayor prostíbulo de Cataluña hasta ser clausurado en 2009 por un caso de corrupción policial— y por otro local en Barcelona, hasta que en el 2002 recaló en la Sala Flower’s, donde trabajaría los siguientes quince años.Es un complejo situado en el municipio madrileño de Las Rozas, compuesto por el club, donde cuenta que captaba a los clientes, y un apartahotel adjunto, en el que mantenía las relaciones sexuales con ellos.Fue allí donde la cosa empezó a complicarse.Era noviembre de 2016 y España apenas se recuperaba de años de una crisis económica que golpeó a la mayoría de los sectores, incluido el del alterne.Para hacer frente a la situación, los empresarios de la Sala Flower’s “decidieron endurecernos las condiciones laborales”, recuerda Rochel.Cuenta que les empezaron a exigir su presencia en el local durante 12 horas sin descanso , de cinco de la tarde a cinco de la mañana.“Además, nosotras mismas teníamos que limpiar el cuarto después de estar con el cliente y nos cargaban la responsabilidad de cobrarle cinco euros más ($ 6) por cada media hora de uso de la habitación. Y si nos olvidábamos, lo teníamos que pagar nosotras”.Eso se sumaba a lo que Rochel y sus compañeras abonaban por el uso del cuarto en el que ofrecían sus servicios sexuales —”por el derecho a trabajar”—: 90 euros (unos $ 108) por día.Y a otros desembolsos que ya estaban obligadas a hacer: “Si querías sábanas limpias, tenías que pagar, y lo mismo con las toallas, y para tener luz en la habitación debías comprar una especie de ticket ”.Pero “además nos dijeron que si queríamos descansar, si un día estábamos enfermas o nos había bajado la regla y no podíamos trabajar, debíamos pagar 120 euros (unos $ 145) , lo que para mí era una multa”.“Y eso sin contar que teníamos que pedir permiso hasta para ir al baño”, afirma.Descontenta, la nueva situación la llevó a emprender “una pequeña rebelión”. Juntó al medio centenar de compañeras y lideró una protesta.Ante la amenaza de una huelga , el jefe aceptó reunirse con ellas y, tras negociar, decidió que las nuevas reglas no aplicarían a las trabajadoras antiguas.“Pero ya me había convertido en una persona incómoda y quedé en el punto de mira”, relata la colombiana. “Y una discusión con un cliente fue la excusa perfecta para que me despidieran”.Ocurrió a mediados de febrero de 2017.“Fue bastante cruel y humillante”, asegura. Afirma que el propietario la llamó al despacho, donde había reunido a una persona de cada departamento: una trabajadora sexual, una empleada de la limpieza, un encargado de seguridad, así hasta seis.“Y allí mismo me dijo que tenía dos horas, hasta las seis de la tarde, para abandonar el edificio. Lo hizo delante de todo ese público para que fuera ejemplarizante, para que les contaran a los demás lo que les podría pasar si actuaban como yo”. El dueño de la Sala Flower’s, Antonio Herrero, rechaza la versión . Le dice a BBC Mundo que la protesta que lideró Rochel se debió a que se les subió el precio de la habitación del hotel, de la que podían entrar y salir cuando quisieran —”las chicas son totalmente libres”— y que a la colombiana la despidieron “por mal comportamiento”.¿Pero cómo desalojar en dos horas el cuarto en el que había vivido en los últimos quince años?“Como era viernes, conseguí que me dieran el fin de semana, que aproveché para interponer una denuncia ”, explica Rochel. “Desconocía a dónde me iba a llevar, porque no tengo conocimientos de derecho, pero sabía que me serviría para ganar un poco de tiempo”.Con el amparo y la asesoría del Colectivo Hetaira, una asociación que lucha para que la prostitución se considere una actividad económica, presentó una demanda civil contra el Grupo Empresarial La Florida S.L. —al que pertenece la Sala Flower’s— “por daños morales”.Y de vuelta en su cuarto, comunicó que no pensaba marcharse de allí.En aquel espacio de poco más de 15 metros cuadrados, con baño compartido con otra compañera y un pequeño balcón con vistas a la autopista, llegó a pasar una semana, hasta que tuvo que salir escoltada por la Guardia Civil.El despido, pues, tuvo también carácter de desahucio , algo habitual para muchas prostitutas en España, según el Colectivo Hetaira, ya que sin contrato laboral no pueden alquilar y terminan viviendo en su habitación de trabajo.Es la falta de regulación del sector lo que hace que situaciones como esta puedan darse, le explica a BBC Mundo el abogado laboralista Juan Jiménez-Piernas, quien representa el caso de Rochel. Los clubes no pueden contratar prostitutas. Aseguran que las trabajadoras de sus locales son “chicas de alterne” ; es decir, hacen compañía a los hombres para que consuman bebidas durante su estancia.Pero tras años de pagar multas después de que en las inspecciones de trabajo se descubriera que en los locales de alterne había mujeres trabajando sin haber sido inscritas en la seguridad social (el sistema de seguro de salud público), en 2007 muchos de los empresarios cambiaron de estrategia , explica Jiménez-Piernas. Dejaron de pagarles comisiones por las copas que consumían los clientes en la barra y empezaron a cobrarles el alquiler de la habitación en la que llevaban a cabo sus servicios sexuales (arrendar un cuarto no se considera proxenetismo en España).Así, sin comisiones, no existía remuneración y tampoco relación laboral ni las correspondientes obligaciones por parte del empleador.Y es que, según establece el Estatuto de los Trabajadores, para que haya relación laboral tienen que darse tres supuestos: que haya una actividad, que se realice bajo unas directrices (horarios, normas, etcétera) y que haya una retribución.“Eliminaron uno de los elementos característicos de la relación laboral, pero asegurándose de que las chicas iban a seguir bajando a hacer el alterne, porque es donde ellas captan a los clientes”, aclara el abogado Jiménez-Piernas.En este marco, el caso de Rochel marca un hito .Después de varias derrotas en los juzgados que ella apeló, en febrero de 2019 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) concluyó que sí existía relación de trabajo entre Rochel y la Sala Flower’s.La corte eludió vincularla con el establecimiento por los “servicios sexuales” que prestaba en el apartahotel adjunto al club —por lo ya dicho, porque la prostitución no se encuentra regulada—, pero resolvió que su función paralela de alterne en el local de copas era “esencial” para el negocio.“Es una sentencia revolucionaria porque dice que, aunque no se dé la retribución como característica de la relación laboral, no se puede dejar de considerar que es un trabajo, porque reúne todas las demás características, y que lo contrario sería amparar la esclavitud laboral”, explica Jiménez-Piernas.“Considerar que se trataba de un trabajo sin derecho a contraprestación sería tanto como admitir la esclavitud”, dice exactamente la resolución del TSJM, a la que BBC Mundo tuvo acceso.El fallo fue recurrido por el Grupo Empresarial la Florida S.L., pero el pasado 9 de marzo el Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial del país, rechazó los recursos presentados contra el dictamen del TSJM y le dio la razón a Rochel.“Las circunstancias llevan a concluir que estaba integrada en la organización de la empresa”, resume el Supremo en un fallo consultado por BBC Mundo. El dueño de la Sala Flower’s lo sigue negando y subraya que en su local “no hay alterne”. “Nosotros vendemos copas. Ellas son clientas de la discoteca”.Mientras tanto, el abogado de Rochel considera que la sentencia, aunque inédita, no es “redonda”, ya que no aborda la indemnización que solicitaron por daños morales derivados de la vulneración de la dignidad —“porque la esclavitud vulnera la dignidad”— , y que con ella no se ha querido llegar al fondo del asunto.Por ello, asegura que la pelea en los juzgados continúa .“Ya que está probada la relación laboral, vamos a pedir que el Flower’s pague la seguridad social de todos estos años” . Presentaron una denuncia ante la Inspección de Trabajo pidiendo que “se calcule la cotización de acuerdo con lo que le correspondería haber estado cobrando por el convenio colectivo del sector del Hospedaje de la Comunidad de Madrid”, adelanta.“Y vamos a intentar encuadrar todo el alterne de España en el convenio colectivo, con todos sus derechos asociados en cuanto a jornada, salario, prevención de riesgos laborales, medidas contra el acoso…”, prosigue.Rochel, cuya situación sigue siendo precaria —”después de haber denunciado toda esta historia ahora es mucho más complicado que me den sitio para trabajar en los locales, por el temor a que vuelva a presentar una demanda”— se muestra dispuesta a seguir “dando la batalla” .Y a hacerlo desde dentro.“Soy bastante cabezona y mi idea es seguir en el trabajo sexual, porque es necesario que haya alguien que tenga voz y que no tenga miedo al estigma por mostrar el rostro, y que pueda exigir derechos laborales para el sector ”.Esta es una pelea contra el sistema, no contra sus centros de trabajo, aclara, “porque los empresarios lo que han hecho es aquello que les ha permitido el sistema mediante leyes y resoluciones judiciales”.“Millones de euros se han llevado por mi trabajo de 15 años y el de mis compañeras, dinero que se queda en parte el Estado y en parte el empresariado, sin que haya ningún retorno para nosotras mediante protección laboral, de riesgo o social de ninguna parte”.Y las consecuencias de eso se han hecho evidentes más que nunca en esta crisis sanitaria: “Todo el sector quedó literalmente en la puñetera calle. Ha sido verdaderamente cruel”. (I)

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