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La primera dama y vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, toma el control de la Corte de Justicia

Los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República.

La vicepresidenta nicaragüense, Rosario Murillo, en una fotografía de archivo. Foto: Jorge Torres

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El régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo busca hacerse cada vez con el control de varias dependencias. La última de estas fue la Corte Suprema de Justicia, la que asumió Murillo luego que la Asamblea Nacional aprobó una resolución que le quitaba facultades.

Una fuente le dijo a Infobae que ya venía tomando un control de varios ministerios y busca el control absoluto del país.

“Rosario Murillo busca tener el control absoluto del país, para asegurar la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega”, indicó.

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La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes en Managua una reforma a la Constitución Política en la que le quitan facultades a la Corte Suprema de Justicia sobre los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil.

Con la reforma constitucional, aprobada por el Parlamento, donde el oficialismo tiene mayoría absoluta, “se desvincula a los Registros Públicos de la administración de justicia a cargo del Poder Judicial”, informó el Legislativo nicaragüense en una declaración.

Ese poder del Estado indicó, además, que el Legislativo aprobó la Ley de Adscripción del Sistema de Registros, con el que los Registros Públicos pasan bajo la administración de la Procuraduría General de la República, que actúa como representante legal del Estado.

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Según los legisladores sandinistas, los Registros Públicos pasarán bajo la administración de la Procuraduría General de la República “con el fin de agilizar y optimizar los servicios brindados por los mismos en materia de propiedad, mercantil, personas, garantías mobiliarias y beneficiario final de sociedades mercantiles”.

La reforma constitucional le quita al Consejo Nacional de Carrera Judicial, subordinada a la Corte Suprema, la atribución de “supervisar el funcionamiento administrativo de los Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil, así como el de las oficinas de servicios comunes”.

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Ahora la supervisión administrativa de esos registros estará bajo el control de la Procuraduría General de la República, a través de la Ley de Adscripción del Sistema Nacional de Registros.

La reforma constitucional y la nueva ley fueron aprobadas en momentos en que la Corte Suprema de Justicia se encuentra “intervenida” por la Policía Nacional.

Según el diario La Prensa, la Policía Nacional ha detenido a “decenas de empleados del Poder Judicial, incluyendo su presidenta Alba Luz Ramos, quien fue desalojada de su oficina y enviada a su casa, donde permanece rodeada de patrullas policiales” y estaría bajo investigación.

Ni la Policía Nacional ni la Corte Suprema de Justicia se han referido a esas presuntas detenciones e investigaciones. (I)

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