Abogado de Roberto y William Isaías anuncia que acudirán nuevamente a los organismos pertinentes tras fallo de la Corte Constitucional

Leonardo Stagg Peña, procurador judicial de Roberto y William Isaías Dassum, exdueños de Filanbanco, indicó este martes que acudirán nuevamente a los organismos pertinentes , luego de que la Corte Constitucional (CC) echara abajo los fallos de primera y segunda instancia en los que se dispuso la devolución de los bienes y empresas que les fueron incautados a los hermanos Isaías .El objetivo -según indicó Stagg- será buscar el cumplimiento del dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) “ y la reparación que corresponde en justicia, con la confianza de que prevalecerán los derechos y principios fundamentales que nos amparan ”.Stagg hizo un recuento del proceso, cuando en 2008, las autoridades de turno ordenaron la incautación de los bienes pertenecientes a los empresarios.Además, indicó que la Asamblea Constituyente aprobó el Mandato 13, “un instrumento que bloqueó cualquier reclamo legal y sancionaba con cárcel a los jueces que aceptaran acciones judiciales relacionadas”, dijo Stagg.“ Esta medida dejó a los afectados en una situación de total indefensión , vulnerando principios básicos del derecho; pues, los hermanos Isaías Dassum nunca tuvieron la oportunidad de reclamar la incautación de sus bienes”, agregó. Cuatro años después de las incautaciones que se realizaron en el gobierno de Rafael Correa, en el 2012, los abogados de los Isaías llevaron el caso al Comité de Derechos Humanos de la ONU alegando que el Estado había violado sus derechos al impedir que interpusieran demandas constitucionales para revertir las actuaciones de la AGD y que, por tanto, debían ser resarcidos. El Comité les dio la razón en el 2016 y dispuso a Ecuador que se buscara alguna forma de reparar dicha violación de derechos. Con esa resolución, el ahora fallecido abogado de los exbanqueros, Jorge Zavala Egas, planteó en el 2018 una acción de medidas cautelares para evitar la enajenación y venta de los bienes y compañías , la cual fue aceptada por el juez de la Niñez y la Adolescencia Johnny Lituma y estuvo vigente durante cuatro años.A inicios del 2022, la Procuraduría General del Estado, el Banco Central del Ecuador, el Ministerio de Agricultura y la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público o Inmobiliar pidieron al juez que levantara dichas medidas cautelares. Pero Lituma analizó el tema y convirtió la acción de medidas cautelares en una acción de protección para determinar si hubo o no vulneración de los derechos de los Isaías .Se concluyó que sí hubo tales violaciones y en mayo de ese año dispuso que se devuelvan los bienes incautados a sus dueños originales, a excepción de los que ya se han vendido, en cuyo caso se establecerá un precio justo sobre aquellos, y que se pague una indemnización por los daños causados.El Estado apeló, pero un tribunal de alzada de la Corte Provincial de Justicia del Guayas ratificó la decisión en septiembre siguiente. En octubre siguiente, la Procuraduría General del Estado, el Centro de Inteligencia Estratégica, la Unidad de Gestión y Regulación, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica y el Banco Central del Ecuador presentaron una acción extraordinaria de protección en la CC. Como jueza sustanciadora se designó a Karla Andrade, quien el 11 de noviembre pasado (más de dos años después) envió a sus colegas un borrador de sentencia. Sin embargo, las decisiones judiciales siguieron en firme y los Isaías fueron recuperando los bienes , entre los cuales hay casas, departamentos, terrenos y acciones de empresas, poco a poco.Finalmente la CC consideró que las decisiones del juez Lituma, y de los jueces de mayoría de la Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial y Tránsito de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, Adolfo Gaibor y Carlos González, desnaturalizaron la acción de protección y vulneraron la seguridad jurídica .Por ello dejó sin efecto “todas las actuaciones dentro del proceso número 09201-2018- 02826″ y archivó la causa. “ Esto implica que también quedan sin efecto todas las providencias y diligencias efectuadas y emitidas en el proceso de ejecución de la sentencia emitida por el juez de la Unidad Judicial ”, indica la sentencia.“Lamentablemente, la Corte Constitucional, en su reciente fallo, dejó sin efecto estas decisiones (de los jueces), argumentando “errores procesales” en la vía utilizada por la justicia ecuatoriana”, dijo el procurador judicial de Roberto y William Isaías Dassum. “ Esta decisión desconoce las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU y retrasa el acceso a una justicia real y efectiva ”, agregó.“Ante esta situación, en mi calidad de procurador de Roberto y William Isaías Dassum, reafirmo nuestro compromiso de continuar por la vía legal, tanto en el ámbito nacional como internacional. Acudiremos nuevamente a los organismos pertinentes para buscar el cumplimiento del dictamen de la ONU y la reparación que corresponde en justicia ”, dijo el abogado.La CC también resolvió enviar el expediente del caso a la Fiscalía General del Estado para que investigue un posible delito de prevaricato cometido por los jueces que transformaron la medida cautelar en acción de protección y emitieron sentencias favorables a los Isaías.Además, la Procuraduría General del Estado (PGE) indicó que “ los bienes incautados a los hermanos Isaías permanecerán en manos del Estado ecuatoriano ”; y detalló las acciones que desarrolló en el trámite de la acción extraordinaria de protección que interpuso en la CC. (I)

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