Dos demandas de inconstitucionalidad se ingresaron en la Corte Constitucional (CC) en contra del Decreto Ejecutivo n.º 60, con el que el presidente Daniel Noboa fusionó seis ministerios y seis secretarías con otras carteras de Estado. Una de ellas es impulsada por una persona adulta mayor.
Las acciones públicas de inconstitucionalidad las presentaron los ciudadanos Jonathan Paúl Ocaña Pérez y Pepa Marilú Pérez Rojas, por separado, el 7 y 8 de agosto de 2025.
Ambas demandas impugnan exclusivamente la fusión de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) al Ministerio de Educación.
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Marilú Pérez Rojas presentó la demanda en representación de una persona de la tercera edad, interesada en ingresar al sistema de educación superior.
“Como persona adulta mayor que aspira a ingresar a la universidad, esta reorganización genera incertidumbre y posibles vulneraciones de derechos, por ejemplo: el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior, derecho a la educación a lo largo de la vida, seguridad jurídica y confianza legítima, derechos de participación y calidad en la educación”, reza la acción de inconstitucionalidad.
Asimismo, la accionante alega que la fusión por absorción de la Senescyt al Ministerio de Educación constituye un cambio estructural profundo en la gobernanza del sistema de educación superior.
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“Con la eliminación de la Senescyt como entidad autónoma, sus competencias pasan a una subsecretaría o viceministerio dentro del Ministerio de Educación, lo que podría diluir la especialización y atención prioritaria que amerita el sector de la educación superior”, apela Pérez Rojas.
En tanto que, en la siguiente demanda, Ocaña Pérez argumenta que la sola disposición de iniciar el proceso de fusión “produce efectos jurídicos anticipados, genera incertidumbre institucional y constituye una amenaza real, concreta y actual contra la estructura, autonomía y competencias del órgano rector de la política pública de educación superior”.
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Además, sostiene que la supresión, fusión o subordinación de la Senescyt a un ministerio generalista no solo vulneraría el diseño constitucional, sino que también pondría en grave riesgo la autonomía universitaria, la excelencia académica, la libertad científica y el desarrollo nacional".
En este sentido, los demandantes solicitaron medidas cautelares a la Corte Constitucional para que se suspendan los efectos del Decreto Ejecutivo n.º 60, mientras se resuelven de fondo las acciones de inconstitucionalidad.
En este marco, este viernes, 15 de agosto, el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto n.º 100, con el que se dispuso la fusión por absorción de la Senescyt, el Ministerio de Cultura y el Ministerio del Deporte al Ministerio de Educación. (I)
