El secretario de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz, afirmó este martes, 18 de marzo del 2025, que en el actual periodo legislativo —que se reactivó en noviembre del 2023 tras la muerte cruzada decretada por el expresidente Guillermo Lasso— se han aprobado 50 proyectos de leyes, de los cuales 12 tienen relación con el tema de seguridad.
Muñoz aclaró así la información publicada por EL UNIVERSO el pasado lunes, 17 de marzo, en la que se indica que en la Presidencia de la Asamblea hay 176 proyectos de leyes con informes para segundo debate, de los cuales 50 están relacionados con la seguridad. Dicha información fue proporcionada a este Diario por fuentes parlamentarias.
El funcionario indicó que durante la presidencia del socialcristiano Henry Kronfle se aprobaron 30 proyectos, y en la de Viviana Veloz, de las filas del correísmo, 20.
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De ellas, 12 se refieren a temáticas de seguridad, como la ley para enfrentar el conflicto armado interno, la ley de seguridad privada, la ley de gestión de riesgos y desastres, la ley de creación de la Universidad de la Policía, reformas al Código Orgánico de la Función Judicial para la creación de judicaturas para la violencia de género, la ley de armas y municiones, entre otras.
De momento, dijo Muñoz, hay 17 leyes que están pendientes de tratamiento por el pleno: 7 para primer debate y 10 en segundo debate. De ellas, solo una se refiere a la seguridad, y es la Ley de Servicio Militar, que consta en el orden del día de la sesión del pleno de este martes 18.
Agregó que en la Comisión de Seguridad de la Asamblea, cuya presidenta es la oficialista Inés Alarcón, reposan diez proyectos de leyes sobre la temática de seguridad que ya fueron aprobados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y de los que no se ha avocado conocimiento; por ejemplo, el proyecto para el Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, que se aceptó en el CAL en octubre pasado. Otros tres están con infome para primer debate y ninguno para segundo debate.
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Muñoz señaló que la Asamblea Nacional sí está trabajando por la seguridad, y que es la prioridad de su agenda, pero que el Ejecutivo ha vetado totalmente algunos proyectos o no ha dictado los reglamentos para aplicar otras ya existentes. (I)
