La primera semana del mes de agosto el pleno de la Asamblea Nacional podría conocer el informe de la Comisión de Fiscalización recomendando o no el juicio político a la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, acusada de supuesto incumplimiento de funciones por parte de la legisladora Jhajaira Urresta, de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC).

La Comisión de Fiscalización aprobó un cronograma para la actuación de la prueba documental, audiovisual y testimonial dentro del proceso de sustanciación del juicio que terminaría con la presentación del informe final el 1 de agosto próximo.

Canciller Gabriela Sommerfeld presentó más de 20 pruebas de descargo dentro del juicio político en su contra

Sommerfeld está acusada por los hechos registrados el 5 de abril, en la Embajada de México en Quito, cuando un grupo de uniformados del Bloque de Seguridad incursionó en la sede diplomática para detener al exvicepresidente de la República Jorge Glas, con lo cual -según la acusadora- el Estado ecuatoriano violó normas constitucionales y tratados internacionales. También está acusada de negar el salvoconducto a Jorge Glas y responsabilidades en el impase diplomático de Ecuador con Rusia.

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Aunque todavía no se inicia la etapa de comparecencias de los testigos de las dos protagonistas del juicio político, las bancadas Construye, Partido Social Cristiano y Acción Democrática Nacional anticiparon que no respaldarán la censura y destitución de Sommerfeld, lo cual complica la intención del correísmo de sacar del Gobierno a la canciller Gabriela Sommerfeld.

Cronograma

La Comisión de Fiscalización, presidida por la asambleísta Pamela Aguirre, aprobó el cronograma de actuación de la prueba documental y testimonial dentro del juicio político, que además incluye comparecencias para sustentar las afirmaciones de la proponente, Jhajaira Urresta, y los argumentos de defensa de la ministra.

Las actividades para la etapa de sustanciación comenzarán este viernes y se extenderán hasta 27 de julio próximo. La aplicación del cronograma se verá afectada por la actividad que tiene programada la Asamblea Nacional para la próxima semana en la ciudad de Guayaquil, por ello, algunas de las sesiones serán virtuales.

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El asambleísta Lenin Rogel, miembro de la Comisión de Fiscalización por el PSC, comentó que si bien algunas fuerzas políticas anticiparon que no respaldarán una eventual censura y destitución de la canciller, el proceso de sustanciación deberá continuar hasta elaborar y aprobar un informe no vinculante para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional.

Dijo que en este proceso se debe tener especial cuidado y se debe pensar en función de país y no con cabeza caliente en pro de los 17 millones de ecuatorianos.

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Gonzalo González, defensa de la canciller en el juicio político, reveló que dentro del plazo se presentaron 22 pruebas de descargo, las que tienen que evacuarse dentro del cronograma tentativo, y que la canciller Gabriela Sommerfeld estará presente cuando sea necesario.

Explicó que en este primer día de sesiones la canciller no pudo estar presente por atender un asunto de sus funciones en Washington-Estados Unidos.

González insistió en que la ministra Sommerfeld está dispuesta a respetar las facultades y atribuciones que tienen los asambleístas y de comparecer al proceso investigativo, y será respetuosa del procedimiento.

La interpelante Jhajaira Urresta (RC) dijo que presentó dentro del plazo las pruebas de cargo correspondientes, y preguntó a la acusada si la invasión a la Embajada de México en Quito dejó buenos resultados para el pueblo ecuatoriano, acaso que la migración masiva que llega a México ha tenido amparo de la Cancillería.

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Dijo que hay problemas para los migrantes ecuatorianos que están en México, pues para sacar una visa se acude a la Embajada de Colombia y no desde el Ecuador; entonces, sí hay problemas graves para el país, anotó.

Este juicio quiere revelar la verdad y pedir dos cosas: que todo servidor público esté capacitado en cualquier cartera del Estado y que cuando se tomen decisiones de política pública sea para el amparo del país y no por odio y venganzas hacia nadie. (I)