Una denuncia por presunta usurpación de funciones se presentó en contra del secretario general de la Asamblea Nacional, Alejandro Muñoz Hidalgo, por expresar su rechazo a los resultados de una acción de protección impulsada por militantes del Gobierno nacional para reactivar tres juicios políticos que se archivaron.
El asambleísta adherido a la bancada del Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), Xavier Jurado Bedrán informó, este 23 de agosto de 2024, que presentó en la Fiscalía General del Estado una denuncia por los presuntos delitos de usurpación y simulación de funciones públicas y por falsificación y uso de documento falso contemplados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP).
El legislador —antes de la bancada del correísmo Revolución Ciudadana (RC) —acusó a Muñoz de haber hecho declaraciones públicas con una “postura institucional” de la Asamblea, lo que “carece de sentido y legitimidad”, dice un comunicado publicado en sus redes sociales.
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Sobre la segunda acusación, Jurado explicó que hay evidencia de una “clara falta de prolijidad en el ejercicio de sus funciones” debido a que varias leyes aprobadas por el pleno no han sido publicadas en el Registro Oficial (RO) y para corregirlo se han presentado varias “fe de erratas, lo cual es ilegal”.
Con ejemplos😂, la mula por naturaleza no puede parir!!!! Tampoco el Secretario de la @AsambleaEcuador puede ser vocero ni tomar decisiones de un órgano colegiado.
— Xavier Jurado (@Xavier_JuradoEc) August 23, 2024
Nadie está por encima de la ley. #OldPoliticSchool, @BancadaADN, @AsambleaEcuador pic.twitter.com/A85xyBlNnU
La denuncia por presunta usurpación de funciones se debería a que este 22 de agosto de 2024 Muñoz anunció en una declaración de prensa que la Función Legislativa no acataría una resolución judicial que dispone reactivar tres juicios políticos que se archivaron en la Comisión de Fiscalización, de mayoría del correísmo, debido a que varios legisladores que apoyaron los procesos retiraron sus firmas.
La asambleísta de ADN Inés Alarcón Bueno recurrió a una acción de protección para que se dejen sin efecto las resoluciones de la Comisión que, el 1 de julio pasado, archivó los juicios políticos de los exministros del gobierno de Guillermo Lasso Mendoza; Sebastián Corral, exsecretario de la Administración Pública; Pablo Arosemena, exministro de Economía y Finanzas; y Andrea Montalvo, que fue titular de la Senescyt.
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La acción había sido acogida por el juez Édgar Romero Salazar, de la Unidad de Garantías Penales de Quitumbe de Quito, por lo que la bancada y el Gobierno de Daniel Noboa Azín exigieron que la disposición se acate.
Aunque por el momento la Asamblea se encuentra en una etapa de vacancia hasta el 2 de septiembre.
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Al conocer la decisión del juez, Muñoz enfatizó que la Legislatura no acatará la sentencia, a la que tildó de espuria e ilegal, y aclaró que la postura era institucional. (I)
