A segundo debate pasó el trámite del proyecto de ley orgánica de contención, acompañamiento y reparación transformadora e integral a hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de mujeres víctimas de femicidio.

Como medidas de reparación se crea el fondo estatal de reparaciones, para el cual se propone otorgar una pensión mensual equivalente a un salario básico del trabajador en general para los hijos e hijas menores de 21 años de edad o en situación de discapacidad sin límite de edad, personas adultas mayores y demás dependientes que se encontraban a cargo de las víctimas de femicidio u otras muertes violentas de mujeres.

Se crea un fondo de contención y atención prioritaria que se financiará con recursos de cooperación internacional, aportes de personas naturales y jurídicas. Estos se destinarán para cubrir medidas de reparación en caso de declararse la insolvencia del condenado, apoyo económico a las familias que acogen a las niñas, niños y adolescentes de las víctimas de femicidio, apoyos funerarios, judiciales o temas adicionales que requieran las familias por su situación de vulnerabilidad.

La legisladora Sofía Sánchez (PK), integrante de la comisión de Garantías Constitucionales y ponente del informe para primer debate, destacó que el proyecto es una respuesta a los problemas que viven las familias de las mujeres víctimas de femicidio, considerando que el 2022 fue el año más violento, las estadísticas determinan que hubo 332 femicidios y dejaron a 285 hijas e hijos en la orfandad, sin acompañamiento del Estado.

Más de 300 femicidios hubo en Ecuador en el 2022, según organizaciones sociales; en 6 de cada 10 casos se usó arma de fuego

En la propuesta de ley se dispone al Estado aplicar todas las medidas necesarias para que los hijos, hijas, madres, padres y demás familiares de las víctimas de femicidio puedan acceder a la reparación integral a través de la aplicación transparente, ágil, eficaz, eficiente y oportuna de mecanismos, procedimiento, protocolos, planes, programas y políticas públicas que logren la restitución.

La asambleísta Dallyana Passailaigue (PSC), autora del proyecto de ley, reveló que en los últimos ocho años en el Ecuador 1.378 mujeres fueron víctimas de femicidio y hubo 1.526 hijas e hijos huérfanos.

Lo importante, dijo, es que los femicidios no se repitan y para eso hay una serie de acciones que emprender, donde el Estado debe garantizar que los familiares de las víctimas puedan transitar su duelo, recuperar sus vidas y tener paz en sus corazones.

La legisladora Gissela Garzón (UNES) resaltó el hecho de que en este proyecto de ley conjuga con su propuesta presentada de cambiar el delito de femicidio por el de feminicidio, para que el Estado asuma sus responsabilidades no solo cuando sucedan casos “bochornosos y escandalosos”, como el sucedido con María Belén Bernal, sino cuando, por ejemplo, hay procesos de reparación y no de repetición pendientes a nivel nacional.

Dijo que es necesario que en la ley se determine quiénes son los beneficiarios de una posible reparación económica y que esta no se entienda como la única reparación que requiera una víctima; porque cuando los familiares de las víctimas son menores de edad, son las abuelas quienes enfrentan la situación y se deben crear medidas de reparación accesibles.

Mecanismos de reparación

Como mecanismos de reparación se plantea lo siguiente:

• La obligación de que la Fiscalía General del Estado en el momento del levantamiento del cadáver investigará y categorizará como femicidio cualquier muerte violenta de mujeres y niñas, incluido el suicidio.
• Por sugerencia del Consejo de la Judicatura se delimitó el proyecto de ley al tipo penal femicidio, eliminando otras muertes violentas, con la certeza de que la Fiscalía y Policía Nacional en sus investigaciones apliquen enfoque de género.
• Se eleva a ley nacional el decreto que establece la entrega del bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad para garantizar que llegue a los beneficiarios.
• Se contemplan becas de educación básica y superior para hijos e hijas de las víctimas, atención a salud general y psicológica.
• Acceso prioritario a vivienda.
• Acciones afirmativas para inclusión laboral para hijas e hijos mayores de 18 años o para familiares de la víctima que se quedan a cargo de niñas, niños o adolescentes.
• Reparación simbólica, como un importante mecanismo para que la sociedad logre superar los femicidios sin olvidarlos, la ley establece que el 3 de agosto de cada año sea el día para recordar y conmemorar a las víctimas y obliga al Estado el levantamiento de un monumento en su memoria.
• Directrices de obligatorio cumplimiento que deberán aplicar juezas y jueces en las sentencias, que les permita superar la limitada y cruel confusión entre indemnización económica y reparación integral.

La legisladora Passailaigue aclaró que la ley no incrementa el Presupuesto General del Estado porque son servicios públicos existentes, pero que deben ser redirigidos prioritariamente a las familias víctimas de femicidios.

El proyecto de ley regresará a la Comisión de Garantías Constitucionales para recoger las observaciones y formular un informe para el segundo y definitivo debate. (I)