Con múltiples observaciones y advertencias sobre posibles inconstitucionalidades, la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de ley económica urgente denominado Ley de Integridad Pública. Esta iniciativa plantea reformas a once normativas vigentes, incluyendo la recién aprobada Ley de Solidaridad Nacional, Ley de Contratación Pública, Servicio Público, el Código Orgánico Integral Penal, el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código Monetario y Financiero, entre otras.
El proyecto urgente, que es el tercero remitido por el Ejecutivo antes de cumplir el primer mes de gestión, inicialmente se denominó proyecto de Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, pero la mesa de Desarrollo Económico, presidida por la oficialista Valentina Centeno, en la sesión del 12 de junio decidió cambiar de nombre.
El proyecto enviado a la Asamblea Nacional el 27 de mayo pasado introduce una reforma a la recién aprobada Ley urgente de Solidaridad Nacional y vigente desde el 10 de junio de 2025.
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Básicamente reforma el artículo 14 de la Ley, referente al indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno, donde se sustituye un inciso y se determina el indulto presidencial.
El texto que se sustituye es el siguiente: “En ningún caso podrán ser beneficiarios de esta medida quienes se encuentren procesados por delitos contra la eficiencia de la administración pública, a excepción del delito de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio. Tampoco podrán beneficiarse del indulto presidencial con efecto diferido en el marco del conflicto armado interno quienes se encuentren procesados por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro y homicidio por razones políticas o de consciencia”.
Se introducen cambios al Código Orgánico Monetario y Financiero que modifican la designación del gerente general del Banco Central. Con la reforma al artículo 50 del Código, se determina que esta autoridad será designada de manera directa por el presidente de la República y ya no por la Junta de Política Regulación Monetaria.
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Razones
La legisladora ponente del informe, Valentina Centeno (ADN), destacó que esta ley es necesaria para poder erradicar la violencia, prevenir y combatir la corrupción a todos los niveles del Estado y mejorar la eficiencia en la calidad del servicio que otorga el Estado.
Que es lamentable el incremento de la criminalidad en la juventud, que cada vez exista más influencia de los grupos del crimen organizado en las nuevas generaciones, en las generaciones más jóvenes. Que en el 2024 se detuvo a 2.777 menores de edad por delitos de todo tipo. Ya no solo son delitos de robo, de tenencia de armas o de tráfico de sustancias. Ahora hablamos de delitos graves, de extorsión, de secuestro, de terrorismo, de sicariato, de asesinato y de crimen organizado, anotó.
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Por ello, dijo que se ha incluido en el proyecto de Ley de Integridad Pública una disposición para que en los delitos graves, en los delitos de más de diez años los menores de edad sean sancionados de conformidad con el COIP, es decir, como adultos. Lo que se busca es evitar que la juventud sea utilizada como esa carne de cañón de los grupos de delincuencia organizada. Y al final del día protegerlos, impidiendo que sigan siendo reclutados por estas bandas que generan terror y que cada vez crecen más en nuestro país.
Centeno también destacó que se ha incluido en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) un nuevo delito, el prevaricato, ya no solo para jueces y árbitros, sino también para fiscales.
Básicamente, aquellos fiscales que traicionen su deber de juzgar de manera objetiva y de hacer dictámenes de conformidad con la ley serán sancionados y aquellos que tengan una sentencia ejecutoriada por prevaricato no van a poder volver a ejercer la profesión de abogacía nunca más en su vida. No solo los fiscales, sino también los abogados que cometan el delito de prevaricato.
En torno a la contratación pública, afirmó que el crimen organizado también ha permeado el sistema nacional de contratación pública y lo que se busca es erradicar que existan bandas que estén vinculadas a las contrataciones y a las adjudicaciones a todos los niveles, no solo estatales, sino también de gobiernos autónomos descentralizados.
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En el 2024 se adjudicaron $73 millones en contratación directa, $ 76 millones en lista corta y $ 25 millones en concursos públicos. En general, el año pasado la contratación pública movió 6,5 % del producto interno bruto.
La preocupación es que entre el 10 % y 30 % de los valores de los proyectos financiados con dinero público se pierda debido a la corrupción.
El Gobierno cree necesario innovar los mecanismos de contratación pública con apoyo de la tecnología para modernizar al Estado. Con ello conseguirían tres propósitos: simplificar la plataforma para que más oferentes puedan acceder a ella, facilitar el proceso de selección y, tercero, ahorro de un 15 % de los tiempos que se destinan a la contratación.
Inconstitucionalidades
La coordinadora de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), Viviana Veloz, advirtió que el proyecto en debate podría caer en inconstitucionalidades, porque adolece de unidad de materia.
Dijo que la eficiencia y la gestión del Estado también requieren estar acompañadas de una rigurosa técnica legislativa que evite la fragmentación y la desnaturalización de los proyectos de ley calificados como urgente en materia económica. En el futuro, quizá la Corte Constitucional puede declararlos inconstitucional porque carecen de unidad de la materia y de conexidad.
Reiteró que la bancada Revolución Ciudadana está de acuerdo en que se debe realizar la reforma, que quiere apoyar una reforma que radique todo acto de corrupción, pero dijo que aún carece de puntos elementales, de puntos claves para combatir la corrupción, pero sobre todo para que haya eficiencia, transparencia y superar vacíos que ahora enfrenta el sistema de contratación pública.
La legisladora Veloz reveló que enviaron observaciones al proyecto, pero que en el informe no se recogieron; y citó siete elementos: fortalecer y mejorar el portal de compras públicas; implementar las herramientas necesarias para evitar la manipulación del sistema de compras públicas en los procesos de catálogo electrónico y de su gasto inversos.
El tercer elemento se refiere a implementar todas estas herramientas tecnológicas, monitoreo, analítica para detectar actos de corrupción; fortalecer a la economía local, fortalecer a los artesanos, fortalecer a la economía popular y solidaria, a la pequeña y a la mediana empresa;
La asambleísta de Pachakutik Cecilia Baltazar pidió una legislación de acompañar a los jóvenes e invitar a que participen, no solo es condenarlos o expulsarlos de la economía popular.
También se debe impulsar el desarrollo de los ecuatorianos bajo el concepto de mejor valor. (I)
