Un máximo de tres horas tendrá el excontralor subrogante Pablo Celi para presentar sus alegatos de defensa ante el pleno de la Asamblea Nacional dentro del juicio político que se le plantea por incumplimiento de funciones. Este juicio político que podría acabar con la censura de Celi arrancará a las 08:30 de este lunes 16 de agosto.

El 11 de agosto pasado, por unanimidad, los 134 legisladores presentes en la sesión 721 del pleno del organismo resolvieron llamar a juicio político a Celi, de conformidad con lo establecido en el artículo 83, numeral 2, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFJ). La decisión llegó luego de analizar el informe de posiciones de cada integrante de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

Debate sobre juicio político a Pablo Celi terminó interpelando al presidente de la Comisión de Fiscalización

La jornada que concluyó con el llamado a juicio político de Celi duró doce horas y tuvo 31 intervenciones. En el debate también la mayoría de fuerzas políticas del Legislativo criticaron y pidieron sanciones para Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización. La razón: no presentar un informe al pleno recomendando el juicio y la censura del ahora excontralor.

Según el artículo 84 de la LOFJ, los asambleístas interpelantes llevarán adelante el procedimiento por el lapso de dos horas, con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio. Luego tendrá hasta tres horas Celi, quien deberá ser trasladado al Palacio Legislativo desde la Cárcel 4, donde cumple su medida de prisión preventiva dentro del caso penal Las Torres, para presentar sus alegatos frente a las acusaciones políticas realizadas, todo con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo.

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Luego, cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora. Terminada la intervención de Celi, él se retirará del pleno de la Asamblea y la presidenta del organismo declarará abierto el debate para que los legisladores por un máximo de diez minutos expongan sus razonamientos. De no presentarse al término del debate una moción de censura y destitución, se archivará la solicitud.

El excontralor subrogante Pablo Celi compareció de manera presencial ante la Comisión de Fiscalización para presentar las pruebas de descargo en el juicio político en su contra. API

En una carta enviada el 6 de agosto pasado a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, y a los legisladores que la componen, Celi no solo pide que se disponga el archivo de la solicitud de juicio político, sino también que se llame la atención a Villavicencio, como presidente de la Comisión de Fiscalización, y a los miembros de esta por las violaciones a la Constitución, a la Ley y a los instrumentos internacionales que, según él, se han verificado en la tramitación.

Además, contra Villavicencio y los demás miembros solicitó se les inicie un procedimiento administrativo disciplinario por incumplimiento de funciones, al haber incurrido en una falta grave. El haber solicitado de manera extemporánea una prórroga para la entrega del informe por parte de la Comisión de Fiscalización provocó que el expediente del caso vaya al pleno de la Asamblea sin conclusiones y recomendaciones únicas.

Ante la serie de críticas, Villavicencio no entiende cómo el “bautizo” de esta Asamblea, al ser este el primer juicio político que se tramita en la recién posesionada Asamblea, se dio interpelando al presidente de la Comisión de Fiscalización, quien, dice, aportó con el 80 % de las pruebas de este caso, y no al “corrupto” Pablo Celi.

Sin informe de Comisión, Pablo Celi será llevado a juicio en el pleno de la Asamblea Nacional

La renuncia al cargo de contralor subrogante fue presentada por Celi el 5 de julio pasado, en medio de un proceso penal por el delito de delincuencia organizada, cuya instrucción fiscal cerró esta semana que terminó. Celi fue notificado del juicio político en su contra la tarde del 12 de agosto pasado en la Cárcel 4, en el norte de Quito.

Para Celi, la solicitud de juicio político presentada el 22 de junio pasado por el asambleísta Juan Lloret, del bloque de la Revolución Ciudadana, fue indebidamente calificada en su totalidad por la Comisión de Fiscalización y que las acusaciones que se le hacen se refieren a actuaciones ajenas a sus funciones como contralor general subrogante.

“Es más que evidente que la verdadera pretensión que trae esta solicitud de juicio político no es realizar control político sino poner en tela de duda las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, y, específicamente, al nombramiento de autoridades efectuado en virtud del pronunciamiento ciudadano que se realizó en la consulta popular del 4 de febrero de 2018. También es evidente que, en particular, la finalidad de esta solicitud de juicio político tiene por objeto tachar las decisiones del órgano de control, poniendo en duda la generalidad de sus actuaciones...”, refirió Celi en su carta enviada al Legislativo.

Según la normativa actual de la Asamblea, la censura de Pablo Celi como contralor general subrogante depende de que exista una votación a favor de esa figura con una mayoría absoluta, es decir, 70 votos. De darse ese final en el ámbito político, Celi no podrá volver a ejercer cargos públicos por el lapso de dos años. (I)