En tres escenarios y el mismo día, Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, víctima de femicidio por el esposo, el teniente de Policía Germán Cáceres, relató el caso de su hija, lloró y pidió justicia y verdad para descubrir qué pasó y dónde están los responsables del crimen.

En los tres relatos, Otavalo Paredes se quebró. Ella llegó al Palacio Legislativo antes de la primera comparecencia prevista en la Comisión de Garantías Constitucionales a las 10:00 y esperó su turno en la oficina de la legisladora y primera vicepresidenta del Parlamento, Marcela Holguín.

Un teléfono celular, una billetera y pantuflas de María Belén Bernal se encontraron en el edificio de la escuela policial conocido como castillo de Grayskull

Ante la Comisión de Garantías Constitucionales, presidida por Fernando Cabascango (Pachakutik- rebelde), Otavalo se tomó más tiempo y relató los hechos que empezaron, dijo, con el ingreso de su hija a la Escuela Superior de Policía Nacional a la 00:45 del 11 de septiembre y que en la madrugada del 21 de septiembre fue encontrada por la Policía en el cerro Casitagua, en ausencia de familiares y abogados de la víctima.

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En los tres espacios contó lo mismo, que ese día se registró el ingreso de su hija, pero que jamás su salida de la institución policial, no se sabe cuándo, cómo y quién sacó de la escuela policial a María Belén.

Que esa madrugada recibió la llamada de Germán Cáceres y preguntó si estaba con ella, por lo que se puso en alerta y que al siguiente día le exigió que pusiera la denuncia, y ante la Dinased dio su relato de que tuvo una discusión con María Belén y que luego dejó a su esposa en la avenida Simón Bolívar tomando un taxi y desde ahí desapareció. Dinased acompañó a Cáceres al lugar, pero no dieron con el sitio.

Otavalo denunció ante los legisladores que ella tuvo que entrar a la Escuela de la Policía bajo presión y se dirigió al edificio denominado “castillo de Grayskull”, donde se ubican las habitaciones de los oficiales de la Policía y que no existen cámaras. Tras una revisión encontró botellas vacías de cerveza y licor, que constituyen una evidencia para la Fiscalía. Reveló que Cáceres se negó a hacer una pericia sobre manchas de sangre encontradas en el colchón de la cama del oficial.

Que tras las pericias se detectó que había sangre en la habitación y en el auto de María Belén. Luego fue llamado a rendir versiones y detenido, pero lo dejaron libre porque la Fiscalía determinó que no había elementos suficientes para retenerlo, y que la Policía tampoco tenía argumentos para detenerlo, que ya no existen los arrestos y que no pueden hacer nada. Desde el día 14 de septiembre, Cáceres desapareció y fue la última persona que estuvo con María Belén y sabe qué pasó.

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La madre de la víctima de femicidio cuestionó que el Gobierno, tras el asesinato, anuncie que quiere derrumbar el “castillo de Grayskull”, cuando se debe investigar qué pasa en ese edificio, acaso las cadetes tienen que ir a hacer fiestas y a dormir. “Qué saco yo con eso, señores asambleístas, cuando a mi hija la asesinaron vilmente”, reclamó.

Que la búsqueda empezó exigiendo a la Policía Nacional y a la Dinased, pero que no recibió la ayuda necesaria, “Nadie me ayudó, derechos humanos, Defensoría del Pueblo, Ministerio de Educación en función de mi nieto, nadie”, subrayó. Que obtuvo ayuda en la prensa, de las organizaciones de mujeres y empezó la protesta.

Otavalo narró que el jueves 15 de septiembre empezó la búsqueda, pero que ésta fue bastante básica con 20 personas sin tener las herramientas técnicas necesarias, que luego llamó al 911 y pidió ayuda y no le dieron. Que el sábado 17 de septiembre se integraron equipos multidisciplinarios con la ayuda de los bomberos y miembros de la Policía Metropolitana de Quito, y se incrementó a 90 el número de personas que buscaban a su hija.

El día 20 de septiembre fue advertida de que en el cerro Casitagua podía haber algo, que se pondría todo el efectivo en el cerro, porque “parece haber indicios”; sin embargo, Elizabeth Otavalo contó ante el pleno que la Policía fue dos veces antes al lugar y no encontró nada. Que nunca fue informada de que la Policía iba a la 01:00 donde encontraron a su hija y que ella fue informada a las 14:30 del día 21 de septiembre. Encontró a su hija enterrada y que ella reconoció su pijama y vio la forma cruel en que fue enterrada, le destrozaron el rostro.

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Pidió que el Estado le devuelva la verdad y la justicia de su hija, por qué Germán Cáceres no aparece, preguntó Otavalo, y dijo que no necesita una revictimización de su nieto, sino respuestas.

Finalmente, Otavalo solicitó a la Asamblea Nacional que la ayude y que haga un proceso de fiscalización a la investigación sobre el caso de su hija, y que se exija a las entidades que cumplan lo que les corresponde.

Pedidos y disputas

La advertencia del presidente de la Asamblea Nacional, Virgilio Saquicela, de que no permitirá la politización del caso Bernal, quedó de lado cuando el pleno abrió el debate de una resolución planteada por la bancada correísta Unión por la Esperanza de que se integre una comisión ocasional pluripartidista, pero solo con mujeres, y que presente un informe en un plazo de 30 días.

Incluso la coordinadora de la bancada UNES, Pamela Aguirre, mocionó los nombres de sus integrantes: Ana Cecilia Herrera (UNES), Mireya Pazmiño (PK-rebelde), Marjorie Chávez (PSC), Yeseña Guamaní (ID) y Amada Ortiz (IND).

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Pero la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos y la Comisión de Justicia reclamó para sí la investigación del caso, incluso el presidente de la mesa de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), aclaró que su comisión fue la primera en pedir la comparecencia de varios funcionarios alrededor del tema, el día 18 de septiembre, por lo que el caso debería continuar en esa comisión.

Antes de la sesión plenaria, la Comisión de Justicia recibió a la madre de la víctima y aprobó dos resoluciones: la primera, presentada por Alejandro Jaramillo, para que se integre un equipo técnico de la mesa de Justicia que se encargará de dar seguimiento y acompañamiento en coordinación en el proceso investigativo que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado en el caso de María Belén Bernal.

La segunda la presentó la asambleísta Sofía Espín (UNES), para pedir al Gobierno nacional que provea una veeduría internacional para la investigación del caso Bernal.

En cambio, la Comisión de Garantías Constitucionales dejó en suspenso la comparecencia de Elizabeth Otavalo, pues faltó que ella conteste las inquietudes de los asambleístas sobre el caso.

Sin embargo, el pleno resolvió con 88 votos la integración de la comisión ocasional por la verdad, justicia y reparación del caso María Belén Bernal, de cinco integrantes mujeres, que investigue en un plazo de cuatro semanas; y queda prohibido a las demás comisiones llamar a comparecer a funcionarios sobre este tema.

Revictimización y politización

En este primer día de debates sobre el caso Bernal, también hubo voces de que la Asamblea Nacional pretende revictimizar a la madre de la víctima de femicidio al llamar en un solo día para que relate el caso de su hija en dos comisiones y ante el pleno, lo cual despierta su dolor.

Este tema, según el asambleísta Ricardo Vanegas, no puede ser manejado políticamente por ningún grupo, además, la Constitución de la República establece que las víctimas no pueden ser revictimizadas. “No se puede someter a un dolor extremo o a un nuevo dolor a quien ha sido víctima, creo que es imprudente, innecesario e inconstitucional que las comisiones y el pleno llamen a la madre de María Belén Bernal”, agregó.

Alertó que mañana el pleno debería recibir y llamar a otra víctima de femicidio, pues el Parlamento no puede dar un trato distinto.

El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, denunció que en la Asamblea hay quienes buscan politizar este caso e incluso colocan en videos a expresidentes diciendo que están presentes.

“No politicemos esto, porque estas cosas hay que hacerlas con decencia”, reclamó quien invitó a presentar todos los juicios políticos que quieran, pero que no pretendan utilizar la memoria de una persona para satisfacer sus intereses políticos. (I)