La Asamblea Nacional negó, la tarde de este 14 de junio del 2024, el pedido de la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho, para enjuiciar penalmente a la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, por el supuesto delito de concusión.

La negativa obtuvo 75 votos a favor que vinieron de las bancadas Revolución Ciudadana (RC), Partido Social Cristiano (PSC), en tanto que Construye y Pachakutik votaron divididos.

En contra se pronunciaron el movimiento de Gobierno Acción Democrática Nacional y sus aliados, y también hubo algunos votos de Construye.

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Los legisladores fueron convocados por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, para este viernes a las 12:35, en modalidad telemática, lo que complicó las negociaciones previas entre los asambleístas.

La moción de rechazo al pedido fue planteada por la asambleísta Gissela Molina (afín al PSC), quien se quejó de la escasa información expuesta por la jueza Camacho, lo cual no permitía “dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, más aún, cuando se evidencia que en la misma razón existen errores los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente”.

Además consideró que autorizar el enjuiciamiento penal de Abad sin contar con la documentación de respaldo que justifique la medida acarrearía una violación flagrante a la Constitución de la República, pues constituiría una vulneración al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, al no contar con la información suficiente que permita establecer un criterio formado respecto de la pertinencia o no de tal solicitud.

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La sesión

La sesión se instaló a las 12:53. Primero se realizó la lectura del procedimiento frente a la petición de la jueza Camacho, y se dejó constancia de que no se podían conocer las razones que la llevaron a solicitar el levantamiento de la inmunidad de Abad ya que era un tema reservado. Luego se abrió el debate.

Tras la participación de la legisladora oficialista Inés Alarcón, quien afirmó que cada legislador cuenta con la información del proceso judicial sobre el caso Nene en el cual la fiscal general del Estado, Diana Salazar, espera vincular a la vicepresidenta Abad, se presentó la primera moción.

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Tres mociones sobre la situación de Verónica Abad se han presentado en el debate del pleno

La legisladora Molina planteó que se niegue la autorización solicitada por la jueza nacional.

Hubo una segunda moción que fue propuesta por Ferdinan Álvarez (antes de RC), en la que se planteó no autorizar el pedido de la jueza.

La tercera moción la presentó el legislador de la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) Leonardo Berrezueta, para que se autorice el enjuiciamiento. El asambleísta del Azuay planteó la moción como “previa”, con lo cual se tuvo que votar primero, según lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La secretaría certificó que 41 legisladores votaron a favor, 74 en contra y 18 en abstención. Hubo cuatro ausentes.

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Los 41 votos a favor de autorizar el juicio a la vicepresidenta vinieron de los legisladores de Acción Democrática Nacional (ADN) y sus aliados, tres legisladores de Construye y uno de Pachakutik; los votos en contra fueron de RC, PSC, un grupo de independientes y de Construye. Las abstenciones vinieron de la bancada Construye, que en este tema votó dividido.

Conocidos esos resultados, el presidente del Parlamento ordenó que se lea la resolución con la moción planteada por Molina para negar la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de Abad

Lo actuado por el pleno este 14 de junio quedó sellado tras negar la moción de reconsideración de votación.

Los puntos centrales de la moción son los siguientes:

  • Dada la reserva declarada por la jueza Camacho, la Asamblea no ha podido conocer ni discutir, ningún documento del expediente del Juicio n.º 17721202400020 (26381290) motivo de la solicitud de autorización para el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta de la República del Ecuador, ni con ningún otro documento relacionado con el caso, por lo que no cuenta con la información suficiente que permita dilucidar la pertinencia de la solicitud enviada, más aún cuando se evidencia que en la misma razón existen errores los cuales solo pueden ser solventados con la revisión total del expediente.
  • Que esta legislatura, en aras de la transparencia, mal podría resolver autorizar el enjuiciamiento penal de Abad con la falta de información y argumentos producto de la poca y reservada información presentada a la presidencia de esta Asamblea Nacional por parte de la jueza Camacho.
  • Que autorizar el enjuiciamiento penal de la segunda mandataria sin contar con la documentación de respaldo que justifique tal medida acarrearía una violación flagrante a la Constitución de la República, pues constituiría una vulneración al derecho constitucional a la defensa y al debido proceso, al no contar con la información suficiente que permita establecer un criterio formado respecto de la pertinencia o no de tal solicitud. (I)