Ocho meses han transcurrido desde que la Asamblea Nacional conformó la mesa ocasional para investigar el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio, y siete semanas desde que se aprobó el informe en que se concluye que en el asesinato hubo responsabilidades del expresidente Guillermo Lasso, aunque hay un informe de minoría que habla de crimen político.
La mesa ocasional, presidida por Viviana Zambrano, presentó el informe al presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, el pasado 13 de junio de 2024, desde esa fecha transcurrieron 48 días y el informe reposa en el escritorio de presidencia y no pasa a conocimiento del pleno.
El próximo 9 de agosto se cumplirá el primer año del magnicidio del excandidato presidencial y la Asamblea Nacional aún no debate ni saca sus conclusiones sobre quiénes perpetraron o qué sucedió en el asesinato.
Publicidad
La responsabilidad de incluir el tema en el pleno recae sobre el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, señalan todos los legisladores consultados y lo emplazan a hacerlo antes del 9 de agosto. La mayoría de legisladores desconocen el contenido de los dos informes.
El informe de mayoría aprobado con seis votos de los asambleístas de ADN, RC, PSC y Pachakutik determinó que los hechos en torno al magnicidio hacen “presumir” que pudo haber “infracciones penales y administrativas” por parte del expresidente de la República Guillermo Lasso, así como del exministro del Interior Juan Zapata y de la cúpula de la Policía Nacional de ese tiempo.
Sostiene que Guillermo Lasso incumplió su deber de mantener el orden interno y la seguridad pública; aquello derivó en una crisis de inseguridad en la que se produjo el crimen de Villavicencio, el 9 de agosto de 2023. “De haber cumplido a cabalidad sus funciones, posiblemente se pudo haber evitado la ola delincuencial que sufría y sufre el país, producto de lo cual se produjeron brutales asesinatos, entre ellos el del señor Fernando Villavicencio Valencia”, dice el texto.
Publicidad
En cambio el informe de minoría suscrito por la presidenta de la mesa, Viviana Zambrano (Construye), determina que el asesinato de Villavicencio fue un “crimen político” por la incomodidad que generaban sus investigaciones que, según la Fiscalía, sumaron 17 (como periodista, legislador de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamentario Anticorrupción) relacionadas a varios sectores como el petrolero, el minero y hasta el narcotráfico.
Esta lista de enemigos y adversarios puso la vida de Villavicencio en altísimo riesgo. Así lo dice el informe de la Policía Nacional que le asignó un 93 % de riesgo previo a asignarle protección estatal, que resultaría inútil frente al ataque de ese fatal 9 de agosto de 2023. Villavicencio fue un blanco para la delincuencia política, no para la delincuencia común. Su asesinato debe investigarse y recordarse como un crimen político en el marco de la guerra que libra la sociedad ecuatoriana contra las mafias y las organizaciones criminales”, se incluye en el informe.
Publicidad
Posiciones
La presidenta de la comisión ocasional, Viviana Zambrano, pidió al presidente de la Asamblea que se incluyan los dos informes a conocimiento del pleno, pero aún no hay fecha.
Zambrano señaló que el informe de mayoría recoge el 80 % de la redacción del informe que ella presentó como minoría y dice que fue mutilado en algunas partes de los hechos que Villavicencio investigó primero como periodista y luego como presidente de la Comisión de Fiscalización y miembro del Frente Parlamento, y reiteró que se trata de un crimen político por la incomodidad que provocaba por su trabajo de investigación.
Ella cuestionó el informe de mayoría que sostiene que el asesinato de Villavicencio fue un delito común y se pregunta por qué hasta el momento no hay una reconstrucción de los hechos. Será el pleno quien decida sobre los dos informes, anotó.
El asambleísta Adrián Castro, de la bancada ADN, dijo que preocupa el hecho de que el informe no se trate en el pleno, y que una de las razones es que no se han transcrito las actas y con ello los sustentos.
Publicidad
Castro habló de que solo un informe se aprobó con seis votos y ese debe conocer el pleno donde se determinaron conclusiones extremadamente graves, porque se analizaron las acciones y omisiones de entidades públicas y funcionarios públicos en el asesinato, y en esa misión se detectaron cosas como, por ejemplo, el hecho de que el Acuerdo 055 del Ministerio de Gobierno, en esa época, se incumplió porque ya se decía que Villavicencio era una de las personas que tenían un nivel alto de riesgo y que debían tener de nueve a trece personas dentro de su seguridad. Y resulta que en todo ese periodo dieron apenas cuatro a máximo seis personas que estén a su lado. Entonces, la responsabilidad recae en el Ministerio de Gobierno, además de la inoperancia del SNAI, que tuvo que garantizar la vida de los gatilleros de Villavicencio.
La asambleísta Sofía Sánchez, afín al PSC, considera que los informes que se elaboraron en la comisión que investigó el asesinato no llegaron a tocar los temas más fundamentales de lo que podía hacer la Asamblea Nacional en cuanto a un control político. Los ministros tenían que responder respecto a dotar la seguridad.
Comentó que la Asamblea no puede decir, él fue el culpable o él le mandó a asesinar, sino investigar quiénes fueron los responsables de quitarle la seguridad, de no llegar a los puntos claves, de decir en este día designo mayor seguridad.
El asambleísta Jorge Peñafiel del movimiento Construye comentó que el tratamiento de este informe dependerá del presidente de la Asamblea, pero que espera que sea pronto porque ya se va a cumplir un año del crimen.
Para Peñafiel el informe de mayoría es una barbaridad, es un adefesio, es una mentira, es un fraude, porque básicamente se pretende establecer que el asesinato de Fernando Villavicencio es un asesinato del crimen común. Como si se lo hubieran encontrado por robarle la billetera o robarle el celular, cuando evidentemente fue un crimen planificado, un crimen político y además un magnicidio que marcará la historia de la democracia en el Ecuador.
La legisladora Luzmila Abad, de Pachakutik, defiende el informe de mayoría aprobado en la comisión y destacó que hubo muchos funcionarios que se acogieron al silencio, pero que se quedaron con alertas importantes como el trabajo desarrollado por el ECU911, desde donde se filtraba la ubicación de Fernando Villavicencio, y que llamó la atención que la Fiscalía del Estado no haya llamado a ningún servidor público que estaba dando la protección a los privados de libertad que fueron detenidos tras el asesinato. (I)
