La legisladora Gissela Siomara Garzón Monteros, de la bancada de la Revolución Ciudadana, enfrentará una investigación previa por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida, tipificado en el artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). El proceso está a cargo de la Unidad de Fuero de Corte Nacional n.º 3 de la Fiscalía General del Estado.

La denuncia estaría relacionada con el pedido de Garzón para que se realice un seguimiento al trámite del juicio político contra la fiscal general, Diana Salazar, que está suspendido desde el 17 de mayo de 2024 tras acogerse un pronunciamiento de la Procuraduría General del Estado, y que se evalúe cada tres meses su estado de salud, pedido que fue admitido por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).

Ante la investigación previa que enfrentará Garzón, el líder su partido, el expresidente Rafael Correa, compartió el documento con el que se notificó a la asambleísta a la que reiteró su respaldo y dijo que se estaría abusando de la justicia penal para amedrentar.

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“Indagación previa que #LadyImpericias le acaba de iniciar a Gissela Garzón, asambleísta ponente en el juicio contra la fiscal. El uso y abuso de la justicia penal para amedrentar es impresionante y descarado. Todo nuestro apoyo a Gissela”, apuntó.

En tanto, el juicio político de Salazar se suspendió tras una consulta del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, a la Procuraduría, quien emitió un criterio para que el CAL y la Comisión de Fiscalización suspendan temporalmente la sustanciación de la causa en caso de que las autoridades investigadas cursen un embarazo de riesgo o presenten enfermedades catastróficas.

Salazar está embarazada y tiene una condición de alto riesgo, según certificados médicos que presentó en la Asamblea Nacional.

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El pasado 11 de julio, la fiscal general emitió un comunicado en el que rechazó que se ponga en duda la condición de alto riesgo en su embarazo y las intenciones de Garzón de que se revise su estado de salud para retomar el juicio político.

Emplazó a los “mentirosos e inescrupulosos” a que designen tres médicos para que constaten su situación. “¿Qué van a hacer cuando los mismos médicos que ustedes pongan den fe de que todo lo que han dicho ustedes es mentira?”, cuestionó.

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“Queda claro (por si alguna vez tuvieron la duda) de que esta gente busca desesperadamente separarme de mis funciones como fiscal general del Estado, porque no les interesa llegar a la verdad procesal de los hechos, -como decía- quieren seguir viviendo en la impunidad”, apuntó y aclaró que en ningún momento se está aferrando al cargo y que lo que tiene es la “esperanza de mejores días para el país”.

Salazar afirmó que iniciará las acciones legales pertinentes por las filtraciones que se han dado sobre su embarazo y su vida personal. “No voy a permitir que se sigan metiendo con lo más sagrado que hay en mi vida: mi familia”, aseguró.

No obstante, el 12 de julio se anunció que Salazar tomará las vacaciones anuales que le corresponden según la legislación vigente. Su reemplazo es el fiscal subrogante, Wilson Toainga.

En tanto, una vez notificada, Garzón debe señalar un domicilio judicial para futuras notificaciones y para ejercer su derecho a la defensa.

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Por su parte, Toainga delegó a Alexandra Zurita, y/o a un agente fiscal de la Unidad de Fuero de Corte Nacional, para la práctica de las diligencias y la suscripción de los oficios de este impulso fiscal. (I)