Los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio y Pedro Velásco, pidieron a la fiscal general, Diana Salazar, que formule cargos contra “decenas de implicados” en el caso de corrupción petrolera denominado Petrochina.

La mañana de este miércoles, ambos acudieron a presentar en la Fiscalía General del Estado documentos que son parte del informe aprobado por el pleno de la comisión y que se titula “Petrochina: Deuda pública y comercialización de petróleo”.

Para Villavicencio, quien es el presidente de la comisión, ellos ya han cumplido con su labor y ahora está en manos de la fiscal Salazar la posibilidad urgente de que llame a formular cargos en lo que él califica podría considerarse “la mayor trama de corrupción petrolera de este país”. Según él, se están entregando centenares de documentos que han permanecido en reserva por más de una década (contratos, líneas de crédito, correos electrónicos que sirvieron de base para la firma de contratos millonarios).

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Comisión de Fiscalización aprueba informe de Petrochina que determina perjuicios por $ 4.771 millones al Estado

“Aquí están las evidencias de cómo Rafael Correa a través de decreto presidencial autorizó líneas de crédito con interés de chulco, de cómo Petrochina renegocia nuestros contratos con bancos europeos y la compañía Gunvor, perjudicando al país en $ 3,60 por cada barril de petróleo. Aquí están las evidencias de que durante más de una década el Ecuador fue perjudicado en casi $ 5.000 millones y que estos recursos económicos terminaron en manos de compañías intermediarias. Aquí está la evidencia de cómo Carlos Pólit desvaneció una glosa el año 2016 para favorecer y beneficiar a Petrochina y autoridades del gobierno de Correa”, explicó Villavicencio.

El 30 de marzo pasado, por mayoría, la Comisión Especializada de Fiscalización decidió remitir el informe a la Fiscalía para que esta instancia, en el marco de sus competencias investigue el cometimiento de delitos, teniendo en cuenta que desde el 2017 se encuentra abierta una investigación previa por denuncia presentada por Villavicencio.

“Se tomará en cuenta el nombre de las personas naturales y jurídicas, gubernamentales y privadas que constan en el capítulo 9 del presente informe, sin perjuicio de que la Fiscalía determine nuevos responsables en el transcurso de la investigación”, señala el documento que acompaña la información entregada por los legisladores.

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El asambleísta Pedro Velasco refirió que en el informe que se entrega a la Fiscalía constan una serie de nombres y apellidos de quienes participaron en la solicitud de esos créditos internacionales, por ejemplo, el expresidente Rafael Correa. También dijo que están los nombres de funcionarios y exfuncionarios de Petroecuador quienes manejaron el tema petrolero; están quienes desvanecieron responsabilidades civiles, administrativas y presunciones de responsabilidad penal en la Contraloría General.

También hay nombres de “sectores empresariales que a pretexto de gestionar el tema de créditos se entregaron recursos económicos al Ecuador y nos vendieron la idea de que podríamos ser sujetos de crédito a cambio de hipotecar el futuro de generaciones en el Ecuador”.

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Velasco insiste en que esto tiene que investigarse, pues dice que no debe olvidarse que los contratos siguen vigentes. “No podemos permitir que se siga beneficiando entre comillas al país a pretexto de entregar generosa y gratuitamente el petróleo que alimenta el presupuesto del Estado”.

El que los contratos aún sigan teniendo vigencia, señaló Villavicencio, fue una de las razones por las que en el informe se incorporó una observación para que el gobierno del presidente Guillermo Lasso renegocie y observe la ilicitud de estos contratos.

“Eso coincide con las decisiones que conocemos de las autoridades petroleras del gobierno del presidente Lasso que están solicitando renegociar estos contratos para impedir que el petróleo ecuatoriano sea entregado a China a precios inferiores que los del mercado. Estamos hablando de $ 2.000 millones de deuda que aún está pendiente con China y para garantizar el pago de la deuda se han comprometido 156 millones de barriles de petróleo que a un promedio de $ 70 por barril de petróleo. Estamos hablando de cerca de $ 9.000 millones en petróleo para pagar una deuda de $ 2.000, lo cual es profundamente injusto”, apuntó el legislador Villavicencio. (I)