De reflejarse en el pleno de la Asamblea Nacional el apoyo que tuvo en la Comisión de Transparencia el informe de fiscalización a la firma del acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Estado ecuatoriano, el documento podría ser aprobado y declarar ilegítima la deuda contraída por el país y llevar a juicio político al ministro de Economía y Finanzas, Juan Carlos Vega.
Así lo advirtió el asambleísta Patricio Chávez, de la bancada de la Revolución Ciudadana y presidente de la Comisión de Transparencia, quien destaca que el informe tuvo ocho votos representados por legisladores de RC, PSC, Pachakutik y Construye. Se abstuvo la delegada de Avanza, Lucía Posso.
En el texto, además, se recomienda activar los mecanismos para demandar la inconstitucionalidad de dicho acuerdo, y sostiene que el crédito por $ 4.000 millones debió ser conocido y autorizado previamente por la Asamblea Nacional porque “compromete política económica del Estado establecida en el Plan Nacional de Desarrollo a condiciones de instituciones financieras internacionales”, y porque falta claridad sobre el fin que tendrían los primeros desembolsos ya que se conoce que fueron para honrar obligaciones de deuda generadas anteriormente con el mismo FMI; es decir, prestaron dinero para pagarles otros préstamos.
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En abril del 2024, el directorio ejecutivo del FMI aprobó un nuevo acuerdo de 48 meses en el marco del Servicio Ampliado del Fondo (SAF) para Ecuador, con un acceso equivalente a $ 4.000 millones. La decisión del directorio permitió a las autoridades un desembolso inmediato equivalente a $ 1.000 millones, que estaría a disposición del presupuesto público.
Al momento no existe fecha para que el informe pase a conocimiento del pleno del Parlamento.
Posiciones políticas
La bancada de la RC apoyará la aprobación del informe en el pleno, anotó Patricio Chávez, y reiteró que la Asamblea Nacional debió conocer y pronunciarse por este acuerdo del Estado ecuatoriano con el FMI, debido a que “el Fondo Monetario Internacional es una organización adjunta a las Naciones Unidas; es decir, es un organismo multilateral que cumple con todos los requisitos que al firmar cualquier tipo de acuerdos con el Estado ecuatoriano está en el marco de un tratado y respaldado por la normativa constitucional”.
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El legislador ponente del informe insistió en que el acuerdo incumple los artículos 418 y 419 de la Constitución, además la deuda que contrae el Estado ecuatoriano incumple el artículo 290 de la Constitución, sobre las condiciones que deben darse sobre el endeudamiento público; por lo cual la deuda se convierte en ilegítima porque antes de suscribir el acuerdo debió autorizar la Asamblea Nacional.
Mariana Yumbay, del movimiento Pachakutik, comentó que en el proceso de fiscalización sobre el acuerdo con el FMI se pidió información y se solicitaron comparecencias de varios ministros, entre ellos, Juan Carlos Vega Malo; sin embargo, no se recibieron respuestas precisas sobre las condiciones del préstamo.
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Por ejemplo, se habla de una reforma tributaria para noviembre próximo y se pidió que se indique cuáles son esas reformas, pero no hubo precisión y se dejaron en el limbo las interrogantes.
Yumbay dijo que el artículo 290 numeral 3 de la Constitución referente a la contratación de deuda pública señala que esos recursos financiarán exclusivamente programas de inversión para infraestructura, o que tengan capacidad financiera de pago, pero los asambleístas no recibieron información al respecto.
El coordinador de la bancada del Partido Social Cristiano, Vicente Taiano, dijo que la agrupación se reunirá este martes, 30 de julio, para tomar una posición como bloque, pero en líneas generales es evidente que sí cabía hacer un proceso de fiscalización y el no haber facilitado la información completa sobre el destino del préstamo del FMI abre la puerta para que exista un incumplimiento de funciones del ministro Vega.
Lo discutible es hasta qué punto la Asamblea tenía o no que autorizar la suscripción del acuerdo con el FMI, porque el Ejecutivo tiene autonomía para proceder en ese sentido; pero una cosa es poder proceder y otra cosa es lo conveniente del acuerdo.
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Taiano se reserva aún su opinión sobre algunos temas del informe como el hecho de declarar ilegítima la deuda con el FMI o pedir a la Corte Constitucional que se declare inconstitucional el acuerdo; pero insistió en que se tiene que fiscalizar para conocer los detalles y el alcance del préstamo, y es necesario tener claridad sobre las condiciones en función de las cuales se está endeudando.
Lucía Posso, asambleísta por Avanza, comentó que se abstuvo de aprobar el informe sobre la fiscalización al acuerdo firmado con el FMI porque “no quiere caer en el juego de los juicios políticos, porque el problema es que la Asamblea está inmersa en una bronca de revanchas, por lo tanto, tiene trasfondo político”.
Posso dijo que se está mezclando lo político con lo técnico, pues más allá de las pocas explicaciones que dio el ministro Vega sobre el destino del primer desembolso el Gobierno puede suscribir un acuerdo SAF para Ecuador sin que la Asamblea Nacional deba autorizarlo, ya que es una facultad del presidente de la República.
“Yo siento que no es el momento de tener una Asamblea que se pase en juicios políticos, pues hemos tenido escenarios vergonzosos; no se puede pedir un juicio político por fondos que todavía no están efectuados en un desembolso total; aquí hay evidentemente un trasfondo político”, anotó Posso. (I)
