La bancada legislativa de Revolución Ciudadana (RC) expresó su respaldo a la exasambleísta Esther Cuesta, luego de que la Asamblea Nacional se declare improcedente pronunciarse sobre inmunidad y enjuiciamiento a Cuesta en el proceso penal iniciado en su contra y devolviera el pedido a la Corte Nacional de Justicia (CNJ). Esta decisión permitiría que el proceso judicial continúe.
En un comunicado difundido este lunes, Revolución Ciudadana calificó la resolución del Legislativo como un intento de judicializar actos realizados por Cuesta “como presidenta encargada de la Asamblea Nacional, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales”.
Hoy la @AsambleaEcuador traicionó la justicia y la institucionalidad. Entregaron a @esthercuestasan, una digna y honorable exasambleísta, a la continuación de una persecución política disfrazada de proceso penal.
— Bancada Ciudadana (@BancadaRC5) May 27, 2025
Defender a Esther es defender la democracia.
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La resolución del Pleno contó con 78 votos a favor, la mayoría desde la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN). La legisladora Esperanza Rogel (ADN) presentó la moción y explicó que el pedido no compete ya a la Asamblea debido a que Cuesta ya no es asambleísta y desde el 13 de mayo no tiene ningún impedimento para ser enjuiciada, de tal forma que la justicia puede proceder.
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Según el comunicado de la RC, esta decisión “vulnera el fuero parlamentario” y representa una profundización de lo que consideran una “persecución política” que enfrentan desde años anteriores.
El bloque parlamentario afirmó que “la Constitución y la ley son claras: los actos en ejercicio de funciones legislativas están protegidos” y advirtió que el precedente establecido permitiría que “cualquier legislador pueda ser enjuiciado por sus decisiones si incomodan al poder”.
La Revolución Ciudadana señaló que el caso de Cuesta no se trata únicamente de una situación individual, sino de un hecho que, en su opinión, “constituye un atentado a la independencia del Parlamento y a la democracia”.
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Cuesta sería procesada penalmente por el presunto delito de asociación ilícita junto con Andrés Arauz, actual secretario del movimiento RC, y Raúl González Carrión, designado pero no nombrado superintendente de Bancos, dentro del caso denominado Liga2, que investiga una presunta estructura articulada para influir en la designación de autoridades estratégicas del Estado desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). (I)
